El exalcalde de Cantillana José Eduardo Reina (PSOE) y un ex concejal denunciaron este viernes haber sufrido amenazas por abrir expediente a viviendas ilegales, pese a lo cual la Fiscalía mantuvo su acusación por la supuesta pasividad municipal para poner freno a la proliferación de construcciones en parajes protegidos.

El juzgado penal 3 enjuició a Reina (1995-2011) y a tres exconcejales de Urbanismo: Enrique Barrera Jiménez (1995-2007), Manuel Naranjo Barrera (2007-2008) y Antonio Maqueda Ruiz (2008-2011), los dos primeros del PSOE y el último de IU.

La Fiscalía mantuvo su petición de un año de inhabilitación por no haber denunciado a las autoridades la proliferación de un centenar de construcciones ilegales entre 2007 y 2008. Sin embargo, retiró los cargos contra Manuel Naranjo por este delito de omisión porque en sus solo siete meses en el cargo inició 22 expedientes sancionadores.

El fiscal mantuvo otra petición de siete años de inhabilitación para Reina y el entonces concejal Antonio Maqueda por presunta prevaricación al haber dado licencia a unos boxes pese al informe técnico desfavorable.

Los acusados argumentaron que la arquitecta técnica municipal no les informó de las irregularidades urbanísticas, que se enteraron a partir de 2009 por la Guardia Civil, que las construcciones ilegales eran una “situación heredada”, algunas con más 50 años, y negaron haber hecho “la vista gorda”.

Tanto Reina como Naranjo denunciaron haber recibido amenazas de constructores y albañiles. “Vas a durar menos que una pompa de jabón”, dijeron a Naranjo.

La Fiscalía retiró su acusación contra este ex concejal que en sus siete meses de mandato abrió 22 expedientes, que fueron “todos los que pude con los escasos medios que teníamos”, según declaró a la juez. Además, afirmó que él mismo, el alcalde, la arquitecta técnica municipal y dos becarias crearon un equipo para estudiar la situación y se reunieron con el SEPRONA de la Guardia Civil.

Reina explicó que no descubrieron la situación hasta 2011, cuando decidieron hacer un PGOU y la Diputación les asignó un arquitecto. “A partir de entonces aparecieron viviendas de más de 50 años”, relató.

Aunque la investigación de la Guardia Civil empezó en 2009, ya desde el año 2006 el alcalde mandó poner carteles en algunas de las zonas advirtiendo que allí estaba prohibido construir, aseguró.

Se trataba de viviendas en los lugares denominados Huerta Alta, Finca Recache, Camino de El Palmitero, Finca La Cirujana, Aldea de Pajares, Casurero del Chorrito y carretera Cantillana-Villaverde y Cantillana-El Pedroso, situadas en zonas  no urbanizables de especial protección por estar en la zona de la Vega del Guadalquivir y el complejo ribereño de El Viar.

El juicio comenzó con un intento fallido de las defensas de que se retirase el delito de prevaricación porque no figuraba en el auto de incoación de procedimiento abreviado y, por lo tanto, Reina y Maqueda no pudieron defenderse de él durante la fase de instrucción. Al haberse dado la licencia para los boxes el 29 de mayo de 2009, el supuesto delito estaría prescrito puesto que a día de hoy han transcurrido más de diez años, añadieron los defensores.

La juez rechazó las cuestiones previas y aceptó el argumento del fiscal de que el auto de procedimiento abreviado “se refiere a hechos, no a su calificación jurídica” y dijo a los encausados que ahora tenían la oportunidad de defenderse.