Contratos municipales

La juez archiva la última pieza de las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares

  • La Fiscalía había pedido el sobreseimiento de esta causa, en la que declaró como investigado el alcalde, José Luis Sanz (PP)

José Luis Sanz, alcalde de Tomares José Luis Sanz, alcalde de Tomares

José Luis Sanz, alcalde de Tomares

Comentarios 1
La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha archivado la última pieza de la investigación de los contratos del Ayuntamiento de Tomares, relacionada con la adjudicación entre los años 2007 y 2013 a un “complejo entramado empresarial” de la empresa Guerra XXI de determinados contratos de servicios del Ayuntamiento de Tomares, causa en la que declaró el pasado año como investigado el alcalde de la localidad, José Luis Sanz (PP).
 
En un auto, la magistrada recuerda que remitió exposición razonada de los hechos al Tribunal Supremo “a los efectos de la posible imputación” del alcalde de Tomares dada su condición de aforado, pero, “ante la pretendida imputación por delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos, valorando la no existencia en ninguna de las contrataciones de informe o dictamen en contra de los técnicos municipales ni de los habilitados nacionales que han prestado servicios en ese periodo y no apreciando participación directa en la ejecución de los contratos, se declara la falta de competencia de dicho órgano para asumir la instrucción”.
 
Tras ello, varios de los investigados solicitaron el archivo de la causa, emitiendo la Fiscalía un informe instando el sobreseimiento y archivo de dichas actuaciones, lo que ha sido acordado por la juez en un auto fechado el día 5 de marzo y notificado ahora a las partes personadas en el procedimiento, resolución contra la que cabe recurso.
 
La magistrada toma esta decisión “partiendo de lo informado por el Tribunal Supremo con respecto a tales contratos, en los que no se aprecian irregularidades con el alcance pretendido y con ello con entidad suficiente para integrar la figura del delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, sin que por el Ministerio Fiscal se aprecien indicios sobre la malversación de caudales públicos inicialmente imputada”.
 
“Aún no pudiendo estimarse que no se aprecien claras irregularidades administrativas en dichas contrataciones, no concurrirían los elementos jurisprudencialmente exigidos para su apreciación, extendiendo, tal como informa el Ministerio Fiscal, esta conclusión a todos quienes han sido investigados en las presentes actuaciones y en virtud del principio acusatorio”, concluye el auto.
En marzo de 2018, José Luis Sanz compareció en calidad de investigado ante la juez y defendió que cuenta con "informes jurídicos" que avalan que las adjudicaciones fueron formalizadas "conforme a la Ley", a pesar de que la Fiscalía consideraba en un principio que estas contrataciones fueron "objetivamente contrarias a derecho" y eludieron "groseramente todo procedimiento legal".

Etiquetas

,

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios