Juicio con Jurado

Asesinato de Rochelambert: enigmas y acusaciones mutuas en el juicio

  • La defensa negará ante el jurado popular la voluntad de matar 

  • Pretendían recuperar 5.000 euros que les habían estafado con el timo de los billetes tintados

Detención de uno de los acusados del crimen de Rochelambert Detención de uno de los acusados del crimen de Rochelambert

Detención de uno de los acusados del crimen de Rochelambert

Los enigmas e hipótesis de todo tipo rodean el juicio por el asesinato de un gestor de la barriada de Rochelambert, que comienza en 21 de septiembre ante un jurado popular con tres acusados para quienes la Fiscalía pide 36 años de cárcel a cada uno.

Según la Fiscalía, Joaquín Baldomero Gómez Borrallo, de 63 años, debía una cantidad de dinero no determinada al principal acusado, Félix José A.P., por lo que en julio de 2016 fue secuestrado, torturado y asesinado

Sostiene la acusación que los tres implicados amordazaron a la víctima colocándole en la boca su propio monedero, un trapo y sellándolo con cinta de embalar. Le ataron a una silla y durante toda la noche del 5 al 6 de julio de 2016 le agredieron y le golpearon con la parte roma de un hacha hasta que se produjo su muerte “por la violencia de los golpes y la asfixia causada por la mordaza”.

Los tres acusados colocaron el cadáver en el maletero de su propio coche y lo quemaron en un descampado para eliminar huellas.

Ofelia Liñán, abogada del principal acusado, afirma a este periódico que todas las hipótesis están abiertas sobre el momento exacto de la muerte y sus causas. “Es posible que falleciera enseguida, con lo cual no existiría el delito de detención ilegal”, mantiene la letrada.

También niega el delito de robo porque el fallecido, junto con unos ciudadanos nigerianos, había estafado a Félix 5.000 euros con el llamado timo de los billetes tintados y su defendido "solo pretendía recuperar su dinero". 

Ofelia Liñán destaca que para que exista el delito de asesinato debe haber alevosía y existe la posibilidad de que el fallecimiento del gestor fuese un accidente, teniendo en cuenta el calor del mes de julio y el mal estado físico en que se encontraba. 

En ese sentido, también se podrían calificar los hechos como una detención ilegal con resultado de muerte. Ante el jurado popular defenderá que la intención de su cliente no era matar al gestor sino recuperar su dinero.

Otras contradicciones se refieren al hecho de que la Fiscalía sostiene que los acusados golpearon a la víctima con la parte roma de un hacha pero  la autopsia no recoge ningún golpe en la cabeza sino una muerte por asfixia mecánica en una hora sin determinar situada entre 55 y 65 horas antes de la aparición del cuerpo calcinado.

Los tres acusados se culpan mutuamente

El principal obstáculo en el juicio va a ser que los tres acusados se culpan mutuamente. De manera especial Manuel B.V., que según el fiscal participó activamente ayudando a Félix pero que luego colaboró con la Policía desvelando detalles del suceso e incluso entregó el hacha utilizada en las agresiones. Por este motivo la Policía llegó a pedir al juez su libertad provisional, si bien el magistrado la denegó y en la actualidad los tres acusados se encuentran en prisión a la espera del comienzo del juicio.

Contra Manuel B.V. existen pruebas importantes: había ADN del fallecido en sus calzoncillos, su propio ADN aparece en el hacha y fue captado por las cámaras de seguridad las dos veces en que los acusados intentaron sacar dinero del fallecido en un cajero automático.

Félix A.P. también aparece en las cámaras del cajero, en las de la autopista cuando se dirigían a quemar el cadáver y la Policía encontró ADN del fallecido en su cuarto de baño pero no en su ropa ni objetos personales.

Mientras que la defensa de Félix negará el delito de robo porque “solo quería recuperar el dinero que les habían estafado”, Manuel B.V. está imputado de otro delito de robo porque se quedó con los dos móviles del fallecido.

Ofelia Liñán recuerda que la propia Policía recoge que el gestor había intervenido en la estafa de los billetes tintados. Desde varios meses antes había caído en una depresión derivada de la deuda que mantenía con los acusados y el 30 de junio pidió prestados 4.000 euros a un amigo. También presentó una denuncia por el robo de un maletín con dinero.

El jurado popular enjuiciará a Félix A.P., Manuel B.V. y Manuel A.P., a los que la Fiscalía de Sevilla  imputa por igual presuntos delitos de asesinato, por el que pide 25 años de cárcel; detención ilegal, con cinco años de cárcel; robo violento por el que pide cuatro años y un delito de daños por la quema del coche, con una condena de dos años de prisión. 

Manuel A.P. colaboró en la vigilancia del luego fallecido cuando sus compinches salieron a sacar dinero del cajero, lo que resultó infructuoso por falta de fondos. En su declaración asegura que incluso intentó liberarlo

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