Juan Francisco Trujillo, en su día chófer y hombre de confianza del entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, ha sido el protagonista absoluto de la primera sesión del juicio de la macrocausa de los ERE relativo a la ayuda de 900.000 euros que consiguió hace veinte años de la Administración, celebrada este lunes en la Audiencia de Sevilla. Tras intentar renunciar a su abogado, con la vista oral ya comenzada, y ver cómo el tribunal denegaba su petición, el acusado ha decidido contestar sólo a ese mismo letrado del que había renegado minutos antes, aunque casi no ha hecho falta que lo haga. Básicamente ha ratificado "totalmente" lo que declaró ante la Policía y ante la jueza que investigó el caso, Mercedes Alaya. O en otras palabras, ha ratificado que destinó parte de ese dinero a irse de copas y a comprar cocaína. "Sigo diciendo que soy culpable", ha espetado sin dar siquiera tiempo al fiscal para que formulase las preguntas que el encausado no iba a contestar.

Trujillo, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama catorce años de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad, ha dado por buenas todas sus comparecencias previas: en abril de 2011, ante la Policía, sobre una póliza que suscribió a nombre de su madre; en diciembre de ese mismo año, sobre su estrecha relación con Guerrero y el dinero que la Dirección General concedió a dos sociedades creadas por él, una para montar una granja avícola que nunca funcionó y otra destinada al sector hotelero; y en marzo de 2012, sobre todo lo anterior pero ya durante la instrucción de Alaya.

Ese último día, Trujillo reveló a la jueza que con el dinero de los fondos públicos llegó a comprar hasta 25.000 euros al mes en cocaína y que tanto su jefe como él la consumían "a cualquier hora". En el mismo sentido contó que fue el alto cargo quien le presentó a una persona que sabía donde podía conseguir la droga. El entonces director general de Trabajo le comentó que esa sustancia "lo mantenía despierto".

No sólo de drogas vivían Guerrero y su amigo. Este, además, le dio entre 60.000 y 80.000 euros en metálico y regalos como cuadros, relojes, un piano, ropa valorada en unos 2.000 euros y móviles que valían unos 1.000 euros. Se los entregaba directamente en la casa que Guerrero tenía en su pueblo natal, El Pedroso.

La intervención del principal acusado en este juicio que tanto se ha hecho de rogar (la instrucción acabó en 2017) ha concluido con la única pregunta de su abogado, que lo ha cuestionado por los 24.000 euros que prestó a su mujer, también procesada por esta causa como supuesta beneficiaria "a título lucrativo" de esos fondos públicos. Trujillo la ha exonerado de cualquier responsabilidad en el uso irregular de ese dinero. "Me los devolvió, hipotecó la casa y me mandó más dinero del que le había prestado", ha dicho.

Su esposa ha ratificado ese relato y ha especificado que la hipoteca la pidió por un importe de 50.000 euros y que le prestó más dinero para saldar otras deudas. "Me dijo que lo ingresara en una cuenta de la empresa", ha concretado. También ha contado que Trujillo le reintegró después unos 12.000 euros y que aún hoy en día le debe dinero.

Panorámica de la sala donde se celebra el juicio: en el primer banco, solo, Juan Francisco Trujillo; detrás, Antonio Albarracín (Vitalia); y en el tercero, Isidoro Ruz y la mujer del chófer.

"Me estoy jugando muchos años de cárcel"

Antes de todo eso, una vez concluido el trámite de las cuestiones previas, Trujillo había intentado forzar la suspensión del juicio al levantarse por sorpresa y exigir, también de forma inesperada, su derecho a ser defendido por otro abogado de oficio. "No me siento bien atendido ni en las valoraciones que he hecho ni en las negociaciones con la Fiscalía. No tengo confianza en mi defensa, me estoy jugando muchos años de cárcel", ha argumentado.

Esta solicitud obligó al tribunal de la Sección Primera a decretar un receso para estudiar la petición, a la que se opusieron tanto Anticorrupción como las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP. A la vuelta del descanso, la presidenta de la Sala ha sido clara: "El juicio se va a celebrar. Usted está perfectamente asistido por su letrado", le ha señalado Pilar Llorente.

La magistrada le ha explicado a Trujillo que había realizado su alegación "una vez iniciado el juicio", después de que su abogado ya hubiese planteado las cuestiones previas que creyó oportunas. También le ha recordado que, cuando se le preguntó si quería designar un nuevo abogado, respondió que no, que quería uno de oficio. El que lo representa en el juicio, de hecho, también es de oficio y le fue atribuido por el Colegio de Abogados de Sevilla después de que se le negase el beneficio de la justicia gratuita. Y en aquel momento "no renunció" a él, según le ha recalcado.

"Yo he renunciado cuando mi abogado me ha dicho que lo hiciera", se ha limitado a replicar el encausado. Y a continuación, como había avisado la magistrada, ha empezado la ronda de declaraciones.

El exsocio de Trujillo no tuvo nada que ver con la subvención

Cuando Trujillo ha acabado su escueta declaración, el turno ha sido para Isidoro Ruz, que fue su socio en las dos empresas que recibieron las ayudas de la Junta. El acusado, para quien Anticorrupción reclama tres años de prisión, ha explicado que era amigo del trabajador de la Administración "desde pequeño" y que crearon una sociedad para montar una granja avícola y otra para gestionar hoteles. La idea de la primera surgió porque él tiene familia en Granada con un negocio de ese tipo "e iba bien". "No me disgustó la idea", ha indicado. "De empresa ficticia, nada", ha asegurado cuando su abogado le ha preguntado si era una simple excusa para conseguir fondos públicos. Lo que sí ha aclarado es que fue Trujillo quien "adelantó el dinero", en concreto 450.000 euros.

En todo caso, esa granja nunca llegó a funcionar. "El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina nos comunicó que se habían encontrado restos arqueológicos en la finca de al lado y que no se podía montar nada", ha alegado.

La segunda sociedad, la que tenía fines hoteleros, también "era real", según ha recalcado. En este caso, Trujillo "llevaba el papeleo" y él ejercía de gerente. "Él tramitó las subvenciones, yo jamás, de eso no entiendo, estoy pegado", ha señalado. El problema con este proyecto es que el conductor del director general de Trabajo sólo "iba los fines de semana" al hotel y "en vez de trabajar se ponía con su familia en la terraza". "Tuve que contratar un gestor para que llevase la contabilidad", ha lamentado.

La ayuda que recibió esta empresa, para más inri, constó a su nombre y no al de la sociedad. "Él me dijo que podía destinar el dinero a cualquier otra de mis empresas, aunque yo quería devolverlo a la Administración", ha detallado Ruz, que ha insistido en que el hotel funcionó, que llegó a tener "entre 20 y 25 trabajadores" y que invirtió "íntegro" todo el dinero que recibió de la Junta.

Años después, sin embargo, se encontró con que los rectores públicos le reclamaban esa cuantía. "Yo ya estaba arruinado", ha rememorado antes de declararse "inocente" y negar que se hubiese concertado con Trujillo y con Guerrero para malversar esos fondos públicos. "A Guerrero lo conozco por los medios, jamás hablé con él y ni he pagado ninguna contraprestación ni nadie me la ha pedido", ha aseverado. Y en eso mismo ha insistido cuando se le ha recordado que en 2006 llegó a contratar a Trujillo para que trabajase en algún departamento del hotel. "Fue un día o dos y ya no acudió más. Ni se presentaba ni me cogía el teléfono. Le pagué sólo los días que trabajó, pero no fue una contraprestación por conseguir la subvención", ha reiterado.

El juicio quedará resuelto en tres sesiones

El juicio se ha desarrollado con tanta celeridad que en vez de durar las cinco sesiones que estaban previstas, cuatro esta semana y una quinta el 11 de enero, acabará con casi toda seguridad este mismo jueves. De hecho, este lunes se habían programado sólo las cuestiones previas, pero como han quedado resueltas en unos minutos, una de las defensas ha pedido que se adelantasen los interrogatorios a los acusados, que en principio iban a ser el martes, y eso es lo que ha ocurrido. En resumen, antes del mediodía ya había concluido la sesión.

La siguiente, en la que comparecerán testigos y peritos, será el miércoles a partir de las once de la mañana sin la presencia de Trujillo, que vive en Jaén, ni de Antonio Albarracín, el mediador de Vitalia, que reside en Madrid. Y el jueves, por fin, las partes expondrán sus conclusiones definitivas y sus informes, los investigados ejercerán su derecho a la última palabra (o no) y la Sección Primera podrá declarar el juicio visto para sentencia.