La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto comenzar este lunes uno de los juicios más mediáticos y controvertidos de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía. En el banquillo, con una petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción que alcanza los catorce años de cárcel, se va a sentar Juan Francisco Trujillo. En su día fue el chófer de Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y hombre clave en el entramado ilegal de las cientos de ayudas que concedió la Administración durante una década. En el juicio de la pieza política fue testigo, pero ahora es acusado de beneficiarse también irregularmente de 900.000 euros de las arcas públicas. Se lo conoce como el “chófer de la coca” porque, como reconoció durante la investigación judicial, durante los tres años que condujo para su jefe se gastaba en droga un dinero destinado en teoría a ayudas públicas.

El caso viene tan de largo que esta pieza separada de los ERE fue una de las primeras en pasar del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a la Audiencia Provincial. La investigación, de hecho, concluyó a finales de 2017. La vista oral, por tanto, va a empezar más de seis años después. Ya hubo un primer intento en septiembre de 2022, pero se suspendió porque otro de los procesados cambió de abogado a última hora.

Aquel fue el último (por ahora) de los múltiples obstáculos que ha ido sorteando uno de los juicios más llamativos de los ERE. Por el camino se han quedado dos jueces que debían haber formado parte del tribunal pero que ya se han jubilado, otra que se marchó a otra provincia y un cuarto, el presidente de la Sección Primera, que se abstuvo de participar porque antes había sido un alto cargo de la Administración, en concreto secretario general de Justicia. Pedro Izquierdo, que es el magistrado en cuestión y que ya fue recusado en la pieza política, iba a ser el ponente de la sentencia. Ahora lo será Juan Jesús García Vélez.

La abstención de Izquierdo fue aceptada en febrero de 2018. Dos meses después, la designada como ponente fue María Auxiliadora Echávarri. En septiembre de ese mismo año, la Audiencia acordó aplazar el juicio porque uno de los acusados, precisamente Guerrero, ya estaba siendo enjuiciado por el conocido como procedimiento específico. Aquel macrojuicio duró hasta noviembre de 2019. En enero, Echávarri pidió la jubilación voluntaria. Después, su sustituta, Encarnación Gómez Caselles, se mudó a la Audiencia de Alicante. Y en agosto de 2021, otro componente del tribunal del caso, el ponente de la sentencia del caso político, también se jubiló. Era Juan Antonio Calle Peña.

Cuando el juicio se suspendió hace ya casi un año y medio, la Sección Primera dictó una providencia en la que describió ese “largo periodo de suspensión” de la causa y recordó las “muchas renuncias y cambios de los abogados de las partes”, así como “los cambios de los magistrados de esta sección por varias vicisitudes”.

En esta causa hay tres acusados además de Trujillo: Antonio Albarracín, directivo de la empresa que mediaba en la concesión de las ayudas, Vitalia; Isidoro Ruz, socio de una de las empresas del chófer; y la esposa de este último, a la que la Fiscalía considera beneficiaria “a título lucrativo” de las ayudas que recibió su marido. Guerrero, como es lógico, ya no figura en la causa porque falleció el 11 de octubre de 2020, con lo que su posible responsabilidad penal quedó extinta.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el chófer catorce años de cárcel y treinta de inhabilitación por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación. Para Albarracín reclama seis años de prisión y diez de inhabilitación. Para Ruz, tres años de prisión y diecisiete de inhabilitación. En cuanto a las penas pecuniarias, pide que Trujillo indemnice a la Junta con los 900.000 euros que recibió en su día; que él mismo y su socio respondan con 450.000 euros por otra ayuda; y que el chófer y Albarracín abonen los 125.028,01 euros de la póliza que suscribieron a nombre de la madre del chófer. Respecto a la esposa del principal acusado, Anticorrupción solicita que pague 24.000 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía relata que el ex director general de Trabajo y su chófer “idearon inicialmente la constitución de sociedades mercantiles para poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos que tenía a su disposición la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L”, conocida como el fondo de reptiles y que es el eje de toda la macrocausa. Según la acusación pública, esas sociedades (Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena) recibieron distintas cantidades “para financiar falsos proyectos de inversión”.

El juicio, según el cronograma facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se desarrollará en cinco sesiones: el 8, el 9, el 10, el 11 y el 18 de enero.