macrocausa de los ERE

Un perito concluye que las sobrecomisiones de 66 millones “no tienen fiabilidad alguna”

  • El estudio, eminentemente estadístico, dice que la “comisión de referencia” utilizada por los peritos oficiales no puede extrapolarse a todas las empresas del sector de las aseguradoras

El magistrado José Ignacio Vilaplana llega los juzgados de Sevilla. El magistrado José Ignacio Vilaplana llega los juzgados de Sevilla.

El magistrado José Ignacio Vilaplana llega los juzgados de Sevilla. / juan carlos vázquez

El catedrático de Estadística Joaquín Muñoz García ha ratificado este martes en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un contrainforme pericial, elaborado para la defensa de varios de los investigados en el caso de los ERE fraudulentos, en el que concluye que “no tienen fiabilidad alguna” las comisiones de referencia utilizadas en el informe por los peritos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que han cifrado en 66,1 millones las sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta.

La ratificación del informe se ha realizado ante el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, en una comparecencia en la que sólo ha formulado preguntas al perito el abogado Juan Pedro Cosano, que representa al dueño de Uniter, José González Mata, que había propuesto este contrainforme.

El perito de la defensa ha analizado, entre otros documentos, el informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de febrero de 2013, así como el informe pericial sobre las “sobrecomisiones” y el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre Fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE en el período 2000-2010.

La primera conclusión técnica a la que llega el catedrático consiste en que en los documentos analizados “no se han encontrado contenidos que permitan proyectar de una manera adecuada desde un punto de vista científico-técnico las comisiones de referencia que calculan para el mercado de los seguros colectivos”, es decir, las comisiones de referencia “no tienen fiabilidad alguna, según los documentos analizados”.

El informe de la Dirección General de Seguros destacaba que en la mayor parte de las pólizas la comisión percibida por los mediadores en el periodo investigado (2000-2011) ha sido "significativamente superior" a la media del mercado, que se situaba en el 2%, mientras que en las ayudas investigadas se alcanzó en algunos casos incluso el 12%. 

Pero el perito de las defensas considera que ese valor del 2% como comisión de referencia “no tiene el respaldo científico exigible a una cifra que trata de representar el comportamiento de las empresas del sector”.

Y de la misma forma concluye que la metodología utilizada en el informe de las sobrecomisiones para tener una comisión de referencia “no tiene el fundamento científico-técnico que se requiere para extrapolarla a todas las empresas del sector”.

A lo largo del informe, el catedrático Joaquín Muñoz García detecta una serie de deficiencias, como por ejemplo que “no se ha encontrado una población objeto bien definida, sin ambigüedad, lo cual es un requisito básico para que la media tenga validez científica”.

Dice el profesor que si los elementos de la “población objeto” a la que se quiere referir la comisión de referencia no son conocidos ni precisados de una forma clara y ni es conocido su número de elementos, “es imposible disponer de cualquier valoración que tenga los fundamentos técnicos y científicos que se le exige para caracterizar a la población objeto del estudio que se realiza”, y que los resultados puedan extrapolarse al resto de las población.

El error histórico de las elecciones americanas de 1936

Para explicar mejor esta conclusión el catedrático recurre a un ejemplo clásico en la ciencia estadística: las elecciones de Estados Unidos en 1936, donde se pone de manifiesto que la información obtenida de elementos de la población con unas características especiales no sirven para “extrapolar” los resultados a la población estadounidense. Recuerda el catedrático que “The Literary Digest” era una revista semanal americana de interés general que cuando llegaban las elecciones presidenciales tenía como costumbre predecir el resultado. Así, en 1936, la revista solicitó su opinión a 10 millones de hogares americanos de un listado de entre los que disponían teléfono o/y coche.

La recopilación de datos que hicieron les llevó a afirmar que ganaría las elecciones el candidato republicano, Landon, pero esto no ocurrió, pues venció Roosevelt. El revés en el proceso de inducción realizado por la revista se produjo porque “de una gran parte de la población quería concluir lo que haría la nación”, pero dio lugar a ese error histórico que se debió a la “sesgadez que generaban los elementos a lo que se le había pedido opinión, personas de hogares con teléfono y/o coche, y estos no representaban a la población estadounidense del momento”, recuerda Joaquín Muñoz.

Trasladando el ejemplo histórico al informe pericial de las sobrecomisiones de los ERE, el experto concluye que “no puede extrapolarse la comisión de referencia” que establecen los informes oficiales “como comisión de referencia del sector”.

El contrainforme de las defensas también concluye que las comisiones de referencia se fundamentan en empresas elegidas por “criterios subjetivos, lo que supone la aplicación del método de elección de elementos específicos, método que el propio Tribunal de Cuentas, en su manual, afirma que sus resultados no pueden ser extrapolados al resto de la población”.

Y añade que “en ningún momento se dice el número de elementos que componen la población objetivo, lo cual impide conocer el grado de fiabilidad de la media”.

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