Las defensas de varios de los 12 acusados en el juicio por las ayudas de los ERE concedidas por la Junta a la empresa Acyco han pedido este miércoles a la Audiencia de Sevilla que suspenda este procedimiento hasta que haya una "sentencia firme" en el denominado "procedimiento específico", por el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros cinco ex altos cargos que ahora se han vuelto a sentar en el banquillo en esta vista oral. Hasta tres defensas han pedido la suspensión del juicio, aunque todavía quedan varios abogados por intervenir mañana en el turno de cuestiones previas.

El abogado Ignacio Ayala, que defiende a un letrado imputado en la causa de Acyco, ha realizado esta exposición como cuestión previa en el juicio, alegando que el "diseño procesal" de la macrocausa de los ERE ha provocado distintas situaciones jurídicas, como la de los ex altos cargos enjuiciados en el "procedimiento específico" y que, por decisión de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, fueron exculpados del resto de las piezas individuales en las que se investigan otras ayudas de los ERE tras haber sido enjuiciados en aquel proceso.

El letrado ha añadido que se trata de una situación "jurídicamente peculiar" y ha precisado que hasta que no haya una sentencia firme en la "pieza política" de los ERE -el Tribunal Supremo tiene todavía que resolver los recursos presentados por los 19 ex altos cargos condenados contra la sentencia-, el tribunal no podrá valorar al existencia o no de cosa juzgada, porque la sentencia del "procedimiento específico" ya ha producido efectos en los acusados "intraneus", los que concedieron las ayudas, y se ha cuestionado qué ocurre con los "extraneus". Así, ha citado jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para recordar que la "intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes" se proyecta sobre todas las cuestiones porque ya ha conformado una realidad jurídica y constituye un "medio de prueba".

Ayala ha concluido que "existe una exigencia de incorporar la sentencia firme por una cuestión de seguridad jurídica, que es el denominador común del resto de las garantías. ¿Cuándo no es firme qué garantía de seguridad jurídica se puede ofrecer?", se ha preguntado el abogado, que ha señalado que el tribunal "no está en condiciones de garantizar" esa seguridad jurídica y si ésta no se puede garantizar, tampoco se podrá "garantizar el derecho de defensa".

Por su parte, el abogado Jorge Aguilera, que defiende a uno de los trabajadores de la consultora Vitalia, que gestionaba las pólizas, ha insistido en la "necesidad" de suspender este juicio hasta que no sea firme la sentencia de la pieza política.

Esta defensa ha destacado que si no se accede a la suspensión de la visita oral se vulnerará el derecho a un proceso con todas las garantías para su cliente, que está siendo juzgado como "partícipe" del delito, no como autor, y ha recordado que la "responsabilidad de los altos cargos no se ha establecido de manera definitiva", por lo que ha reclamado aplazar el juicio hasta que la sentencia de la "pieza política" alcance firmeza.

"¿A qué partido político pertenece?"

El abogado Javier Gimeno Puche, que representa a la presidenta de Acyco, Encarnación Poto Monge, ha alegado las dilaciones indebidas de esta causa, que comenzó a investigarse en 2011 y se está juzgando en 2020, nueve años después, y también ha dicho que se ha vulnerado el artículo 16 de la Constitución Española porque cuando su clienta fue a declarar lo primero que le preguntó la Guardia Civil es por "su ideología política, a qué partido pertenece", por lo que considera que esa declaración es nula.

Rafael Ramírez García del Junco, que defiende al ex director de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en la macrocausa de los ERE, ha solicitado que se le excluya de este juicio en aplicación del principio "non bis in ídem" que fue apreciado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la que resuelve todos los recursos del caso de los ERE. "Mi cliente ha sido enjuiciado en el procedimiento específico y ahora se pretende enjuiciarlo por una ayuda concreta cuando ha sido condenado por el delito continuado a más de 7 años de prisión", ha destacado el defensor, que ha hecho hincapié en "identidad de los hechos" enjuiciados en la pieza política con la pieza de Acyco.

El letrado de Guerrero ha relatado igualmente que hasta la fecha el ex director de Trabajo ha sido excluido de 103 piezas de ayudas individuales de los ERE y se están tramitando otras 27 solicitudes de exclusión que "deben seguir la misma suerte", ha dicho.

Por su parte, la defensa del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que ejerce el letrado Pedro Apalategui, ha planteado igualmente la exclusión, al afirmar que "a quien ya fue juzgado en el todo, no puede ser juzgado en las partes", recordando además que en este caso sería de aplicación la doctrina Botín porque la Junta de Andalucía no acusó a este ex alto cargo y sólo lo hace la acusación popular del PP.

La defensa que se ha extendido más en la solicitud de la exclusión es la del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que fue condenado en noviembre de 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a 7 años, 11 meses y un día de prisión por el "procedimiento específico". Su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo, ha recordado que un auto del 2 de enero de 2018 excluyó al ex consejero de su enjuiciamiento en esta pieza, en aplicación del principio non bis in ídem, por lo que "de ninguna manera cabe que una persona sea juzgada más de una vez por los mismos hechos".

El tribunal "carece de jurisdicción" sobre Fernández

A su juicio, la Sección Tercera de la Audiencia "carece de jurisdicción sobre la persona de Antonio Fernández", porque la Sección Séptima "no decidió caprichosamente la exclusión de los ex altos cargos", y sobre la sentencia de la pieza política ha explicado que, si bien no es firme, "en cuanto al objeto del proceso puede considerarse como tal".

De ahí que ha concluido que, al no contar con la firmeza de la sentencia de los ERE, lo que procede es "la suspensión de este juicio".

El letrado ha hecho un llamamiento a la Fiscalía para que apoye la exclusión, al asegurar que el Ministerio Público no debe actuar sólo bajo el principio de legalidad, sino que en su estatuto orgánico figura el deber de "velar por la independencia de los tribunales".

Y ha recordado que los tribunales tienen la función de juzgar y "ejecutar lo juzgado", por lo que ha precisado que si la Sección Tercera "deja sin efecto el previo pronunciamiento" sobre la exclusión, se puede auspiciar un "abierto conflicto" con la Sección Séptima de consecuencias "imprevisibles". 

Por último, ha dicho que "produce cierto sonrojo tener que pronuncia ante un tribunal cuestiones que son el abecé del derecho" pero tras la resolución de apartamiento de los ex altos cargos "cualquier acto procesal quedó sin efecto".