Casi un año después de que se dictara la sentencia de la denominada “pieza política” de los ERE, en la que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Audiencia de Sevilla arranca el segundo de los más de 100 juicios que aún tienen que celebrarse por las distintas ayudas individuales concedidas por la Junta durante una década. En el juicio, que fue fijado en abril de 2019 por el colapso que acumula la Audiencia hispalense, se analizarán las subvenciones que, por importe de 2,9 millones de euros, fueron concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

La vista oral se inicia con polémica puesto que en el banquillo de los acusados se sentarán 12 procesados, entre ellos cinco ex altos cargos de la Administración andaluza que fueron excluidos del resto de las piezas tras haber sido enjuiciados en el “procedimiento específico” de los ERE. Se trata del ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero, Agustín Barberá; los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez; y el ex director de la agencia IDEAMiguel Ángel Serrano Aguilar.

Hay un sexto ex alto cargo, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera que será juzgado en esta causa porque no se le aplica el principio non bis in ídem, dado que la Audiencia lo exculpó del juicio del “procedimiento específico”, lo que no impide que sea enjuiciado en algunas de las restantes piezas de las ayudas individuales.

Las defensas de los cinco ex altos cargos plantearon que debían ser apartados de este juicio, pero la Sección Tercera de la Audiencia decidió que este asunto se planteara como cuestión previa al inicio de la vista oral, puesto que los autos de exclusión en aplicación del principio non bis in ídem –otro tribunal, la Sección Séptima consideró que los altos cargos juzgados en la pieza política no podían volver a ser enjuiciados en el resto de las piezas– llegaron con posterioridad a que se dictara la apertura de juicio oral. Algunas defensas presentaron un recurso de súplica que no ha sido resuelto por el tribunal.

Lo normal es que, tras las cuestiones previas, el tribunal acabe excluyendo a estos ex altos cargos del proceso, con lo que el juicio continuaría sólo contra siete de los 12 procesados, entre los que sólo habría uno de los responsables que intervinieron en la concesión de la ayuda, el mencionado ex director de Trabajo Daniel Rivera.

48 sesiones de juicio hasta febrero de 2021

La Audiencia ha fijado precisamente los días 9,10 y 14 de septiembre para la exposición de las cuestiones previas, mientras que el inicio de las declaraciones de los acusados se ha fijado para el próximo 8 de octubre. En total, se ha señalado un calendario que contempla 48 sesiones de este juicio, que tendrán lugar entre los meses de septiembre y febrero de 2021, a una media de tres sesiones a la semana, y está previsto que la vista oral finalice el 16 de febrero, aunque podrían suprimirse o señalarse días adicionales en función del desarrollo del juicio. Las declaraciones de los peritos se han fijado para enero y los informes finales entre los días 2 y 16 de febrero, si bien si al final son excluidos los cinco ex altos cargos el juicio podría acabar mucho antes de estas fechas previstas.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de conclusiones provisionales, reclamó una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el ex consejero Antonio Fernández por un delito de prevaricación continuado y otro de malversación también continuado, mientras que por otro delito de prevaricación y falsedad documental solicita otros cuatro años y medio de prisión. En total, Fernández se enfrenta si la Sala no acuerda su exclusión a 12 años y seis meses de cárcel sólo por la ayuda a Acyco.

Antonio Fernández fue condenado en noviembre de 2019 por la Sección Primera de la Audiencia a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el juicio de Acyco, la Fiscalía solicita la misma pena de 12 años de cárcel para el ex viceconsejero Agustín Barberá, mientras que el ex director de Trabajo Javier Guerrero se enfrenta a una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación. La Fiscalía también reclamaba por el ERE de Acyco otros ocho años de cárcel para el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano; cuatro años y medio para el ex director Juan Márquez y seis años en el caso del también ex director Daniel Alberto Rivera; mientras que para la presidenta de la empresa Acyco, Encarnación Poto, reclama una condena de 14 años de prisión.

Indemnización de 2,9 millones

En cuanto a las indemnizaciones, Anticorrupción solicitaba que los acusados indemnicen solidariamente a la Junta con 2.951.410,84 euros, el importe total de las ayudas concedidas.

La Junta de Andalucía, que sí ejerce la acusación particular en esta pieza de los ERE –en el procedimiento específico pidió el archivo y quedó fuera del juicio–, pide por las ayudas a Acyco una condena de seis años y medio de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, otros cinco años y medio para el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero, y tres años en el caso de su sucesor Juan Márquez, mientras que exculpa a otros tres ex altos cargos: el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

En cuanto a los hechos que se recogen en el escrito de calificación de la Fiscalía sobre Acyco, el Ministerio Público relata que Aceitunas y Conservas contaba en el año 2003 con 161 trabajadores e inició en marzo de ese año un ERE ante la delegación de Empleo para la extinción de 35 puestos de trabajo por circunstancias productivas y de organización, optando por la fórmula de las prejubilaciones y creando los trabajadores una asociación denominada “3 de julio” para formar parte de la póliza que se suscribió posteriormente y en la que intervino la entidad Vitalia.

Según la Fiscalía, Acyco pactó con estos 35 empleados un plan de prejubilación que “superaba económicamente la indemnización legal establecida para la mera extinción de los contratos” y la presidenta de la empresa, Encarnación Poto, fue incluida entre los prejubilados y “a pesar de percibir las cantidades derivadas del seguro colectivo de rentas, por importe no inferior a 276.505,92 euros, siguió ejerciendo las mismas funciones, formando parte del consejo de administración y percibiendo dietas desde 2004 a 2011 por un importe no inferior a 318.455 euros”.

No hubo expediente ni solicitud

El entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, suscribieron el 26 de julio de 2003 un protocolo de colaboración que no estuvo precedido de la tramitación de expediente administrativo alguno ni de solicitud. La Fiscalía detalla que todos los encausados eran “conocedores de que había prescindido del procedimiento legalmente establecido, pues no se había presentado por la empresa Acyco ni por ninguna otra persona solicitud formal alguna para recibir la ayuda, no se había presentado por la empresa ninguna declaración de ser beneficiario de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin, no se realizó por la dirección general de Trabajo informe o memoria acreditativa de la finalidad pública o razones de interés social o económico, así como la existencia de normativa reguladora”.

El Ministerio Público añade, finalmente, que “todos los encausados eran conocedores de que ni desde la dirección general de Trabajo ni desde la agencia IDEA se iba a hacer seguimiento alguno del cumplimiento del plan de inversiones y de futuro al que se hacía mención en el convenio firmado entre la empresa y la dirección general en el mes de octubre de 2003”.

La Fiscalía sostiene además que los acusados pactaron la petición de otra ayuda dirigida al mantenimiento de los 144 puestos de trabajadores por importe de 109.620 euros, pero que en realidad se destinó al pago de la minuta del bufete de abogados que había asesorado a Acyco durante el ERE.

En el ERE aparecieron dos “intrusos”

En el ERE de Acyco fueron incluidos dos intrusos, Andrés Carrasco Muñoz, que según el Ministerio Público era “amigo de la infancia” de Javier Guerrero, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido y también “amigo” del ex alto cargo. Estos dos intrusos, cuya inclusión en el EREera conocida por la presidenta de Acyco y el abogado de la empresa –según sostiene la Fiscalía–, recibieron de la póliza suscrita para los 36 trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente.

Anticorrupción relata asimismo que el ex consejero de Empleo fue informado del convenio y de la póliza y “consintió la inclusión de los dos intrusos”.

Para el intruso Andrés Carrasco la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de prisión, mientras que para el directivo de Vitalia Antonio Albarracín y el representante de la empresa en Andalucía, Jesús Bordallo, las penas solicitadas son de ocho y seis años de cárcel, respectivamente.