Macrocausa de los ERE El colapso de la Audiencia lleva a fijar el segundo juicio de los ERE para septiembre de 2020

  • El tribunal mantiene en principio que los ex altos cargos excluidos de otras piezas deben acudir a la vista oral

  • La causa acumula ya un importante retraso desde que se dictó el auto de apertura de juicio oral, en noviembre de 2017.

El ex consejero Antonio Fernández, con su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. El ex consejero Antonio Fernández, con su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

El ex consejero Antonio Fernández, con su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. / Europa Press

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El segundo juicio de la macrocausa de los ERE ya tiene fecha de inicio, aunque no será pronto. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla fijará el inicio de la vista oral por las ayudas de 2,9 millones de euros concedidas a la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco) para el 9 de septiembre de 2020, y lo hará con los 12 procesados sentados en el banquillo, a pesar de que cinco ex altos cargos contra los que inicialmente se abrió juicio oral han sido excluidos sistemáticamente por otra Sala de la Audiencia en estas piezas para evitar el doble enjuiciamiento, después de que hayan sido juzgados por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la pieza política.

La magistrada de la Sección Tercera María Dolores Sánchez, ponente de este juicio, ha citado este miércoles a las acusaciones y a los abogados de las defensas, para exponer el calendario de sesiones del juicio, que se iniciará a principios de septiembre de 2020 y concluirá en marzo del año 2021. La vista oral, que está en principio señalada para dentro de más de año y medio, se desarrollaría en principio en sesiones de lunes a miércoles, y no habrá sesiones de tarde, sólo por las mañanas. Las primeras tres sesiones (9, 10 y 14 de septiembre de 2020) se dedicarían a las cuestiones previas que puedan presentarse y, a partir de ese momento, la vista oral se suspendería para resolverlas, retomándose a continuación las sesiones del juicio el 8 de octubre, con la declaración de los procesados.

La demora en el inicio de la vista oral se debe al colapso que tiene actualmente la Audiencia de Sevilla por las diversas macrocausas -se estiman en 90 las pendientes de llegar- y las causas de especial complejidad que se tramitan en las Secciones Penales, hecho que los propios magistrados ya vienen denunciando desde hace tiempo y que han elevado incluso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

El tribunal ha aclarado a las defensas de cinco ex altos cargos que están siendo excluidos del resto de las piezas -como son los el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, y el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar- que en principio tendrán que acudir al juicio y plantear como cuestión previa su posible exclusión de este juicio, en aplicación del criterio que está manteniendo la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la que resuelve todos los recursos de la instrucción de la macrocausa de los ERE.

La pieza de Acyco fue la tercera que se elevó para su enjuiciamiento, en noviembre de 2017, por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, una vez finalizada la instrucción. En esta causa, que consta de 12 tomos, el juez de refuerzo Álvaro Martín dictó en noviembre de 2016 el auto de apertura de juicio oral, una decisión que se produjo antes de que la Sección Séptima de la Audiencia fijase su criterio respecto a que los ex altos cargos imputados en la "pieza política" no podrían ser enjuiciados posteriormente en ninguna de las pieza. 

En la pieza de Acyco están procesados el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera -quien no fue enjuiciado en el "procedimiento específico" de los ERE, así como el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de conclusiones provisionales, reclamó una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el ex consejero Antonio Fernández por un delito de prevaricación continuado, mientras que por otro delito de prevaricación y falsedad documental solicita otros cuatro años y medio de prisión. En total, Fernández se enfrenta si la Sala no acuerda su exclusión a 12 años y seis meses de cárcel sólo por la ayuda a Acyco.

La misma pena se solicita para el ex viceconsejero Agustín Barberá, mientras que el ex director de Trabajo Javier Guerrero se enfrenta a una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado. La Fiscalía también reclamaba por el ERE de Acyco otros ocho años de cárcel para el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano; cuatro años y medio para el ex director Juan Márquez y seis años en el caso del también ex director Daniel Alberto Rivera; mientras que para la presidenta de la empresa Acyco, Encarnación Poto, reclama una condena de 14 años de prisión.

indemnización de 2,9 millones

En cuanto a las indemnizaciones, Anticorrupción solicitaba que los acusados indemnicen solidariamente a la Junta con 2.951.410,84 euros, el importe total de las ayudas concedidas.

La Junta de Andalucía, que sí ejerce la acusación particular en esta pieza de los ERE –en el procedimiento específico pidió el archivo y quedó fuera del juicio-, reclama por las ayudas a Acyco una condena de seis años y medio de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, otros cinco años y medio para el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero, y tres años en el caso de su sucesor Juan Márquez, mientras que ha exculpado a otros tres ex altos cargos: el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

En cuanto a los hechos que se recogen en el escrito de calificación de la Fiscalía sobre Acyco, el Ministerio Público relata que Aceitunas y Conservas contaba en el año 2003 con 161 trabajadores e inició en marzo de ese año un ERE ante la delegación de Empleo para la extinción de 35 puestos de trabajo por circunstancias productivas y de organización, optando por la fórmula de las prejubilaciones y creando los trabajadores una asociación denominada "3 de julio" para formar parte de la póliza que se suscribió posteriormente y en la que intervino la entidad Vitalia.

El entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, suscribieron el 26 de julio de 2003 un protocolo de colaboración que no estuvo precedido de la tramitación de expediente administrativo alguno ni de solicitud. La Fiscalía detalla que todos los encausados eran "conocedores de que había prescindido del procedimiento legalmente establecido, pues no se había presentado por la empresa Acyco ni por ninguna otra persona solicitud formal alguna para recibir la ayuda, no se había presentado por la empresa ninguna declaración de ser beneficiario de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin, no se realizó por la dirección general de Trabajo informe o memoria acreditativa de la finalidad pública o razones de interés social o económico, así como la existencia de normativa reguladora".

El Ministerio Público añade, finalmente, que "todos los encausados eran conocedores de que ni desde la dirección general de Trabajo ni desde la agencia IDEA se iba a hacer seguimiento alguno del cumplimiento del plan de inversiones y de futuro al que se hacía mención en el convenio firmado entre la empresa y la dirección general en el mes de octubre de 2003".

En el ERE de Acyco fueron incluidos dos intrusos, Andrés Carrasco Muñoz, "amigo de la infancia" de Guerrero, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido, quienes recibieron de la póliza suscrita para los trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente. Para el intruso Andrés Carrasco la Fiscalía ha solicitado una condena de seis años de prisión.

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