Sevilla

Los jueces de la Audiencia de Sevilla alertan del "colapso" por las 90 macrocausas pendientes

  • Un total de 20 de los 21 magistrados de la Audiencia presentan una denuncia por la situación ante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

  • Denuncian que hay una “presión institucional, de la sociedad y de los poderes públicos” para que se “quiten de encima” los asuntos como puedan

Los jueces denunciantes de la situación de la Audiencia de Sevilla. Los jueces denunciantes de la situación de la Audiencia de Sevilla.

Los jueces denunciantes de la situación de la Audiencia de Sevilla. / M.G.

Una situación insostenible y que comparan con la saturación de la sanidad pública. Los jueces de la Audiencia de Sevilla han alertado este jueves de que la celebración de las distintas macrocausas que, en una cifra superior a las 90 llegarán en los próximos años, provocarán un mayor "colapso" en el funcionamiento de las distintas secciones si no se arbitran medidas excepcionales que permitan compaginar la celebración de los juicios por estos macroprocesos y el funcionamiento normal de las distintas secciones.

Un total de 20 de los 21 jueces que hay destinados en las Secciones de lo Penal de la Audiencia de Sevilla (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) han firmado una denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que ponen de manifiesto la sobrecarga de trabajo que sufren los magistrados destinados en estos tribunales. La denuncia, según han explicado a los periodistas un grupo de jueces en representación de sus compañeros, se basa en las estadísticas para denunciar la saturación que padecen y así ponen de manifiesto que reciben una cifra de asuntos muy superiores a los establecidos por el CGPJ, que es de entre 264 y 316 asuntos por cada magistrado y año.

En cambio los jueces de Sevilla recibieron 372,4 asuntos en el año 2015; 380,6 en 2016; y 417 en 2017.

Los magistrados han criticado que a pesar de haber solicitado refuerzos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estos no han llegado en la proporción necesaria, por cuanto según sostienen el trabajo real lo están realizando actualmente sólo 17,5 magistrados (uno está exento del 50% de reparto por motivos de adaptación del puesto de trabajo); hay otros tres exentos para la celebración del juicio por el "procedimiento específico" de los ERE y otro para el dictado de la sentencia por el delito societario que se atribuye al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.

Los jueces aseguran que han comunicado la situación "en numerosas ocasiones" al TSJA que preside Lorenzo del Río, la última con motivo de un plenillo de todos los magistrados que tuvo lugar el 8 de junio de 2017, y también critican que el presidente del Alto Tribunal andaluz solicitara al CGPJ la reducción de tres a dos de las comisiones de servicio que el Ministerio de Justicia aprobó y presupuestó con motivo de la vuelta a la Audiencia de una magistrada que estaba ocupando el cargo de secretaria de la Administración de Justicia en la Junta de Andalucía.

Los magistrados, que advierten de que la Audiencia de Sevilla debería contar con 27 magistrados para desarrollar en funciones de normalidad el trabajo sin contar con los asuntos derivados de las macrocausas, ponen como ejemplo que una magistrada que ha sufrido un accidente doméstico y estará de baja alrededor de tres meses, sólo se ha enviado un sustituto por un tiempo de "diez días".

El magistrado de la Sección Séptima Juan Romeo ha asegurado que la Audiencia "no tiene la infraestructura suficiente para soportar la carga de trabajo" actual y para recibir las 90 macrocausas previstas que lastrarán de trabajo a estas secciones durante más de tres años.

Por su parte, el magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia José Manuel de Paúl de Velasco, ha precisado que el problema deriva tanto de la sobrecarga o del colapso, sino que sucede como con los médicos de la sanidad pública, por cuanto si se les sobrecargan "cometerán errores". "Los jueces tenemos una presión extraordinaria institucional y también de toda la sociedad y de los poderes públicos para que resolvamos los casos a como dé lugar; pensamos que se nos está pidiendo quítatelo de encima como puedas", ha dicho de Paúl, que ha lamentado que quien realmente "lo va a pagar es el justiciable", porque cualquier ciudadano "pude tener un asunto penal".

Este magistrado ha añadido sobre este extremo que, con independencia de que haya señores que se estén jugando su prestigio o lo que reflejarán los libros de historia sobre su persona, "lo que de verdad importa no son las macrocausas sino las causas ordinarias, porque para las macrocausas hay interés en que se celebren, en que se dé una buena imagen, les interesa a los poderes públicos y, mejor o peor, se van a celebrar medio bien". El problema, ha proseguido, son los asuntos de los ciudadanos de a pie, el de por ejemplo un vecino de Estepa que haya recurrido una orden de alejamiento y no sabe si puede ir o no a la localidad, o el un preso que pide un permiso. Continuando con el símil de la sanidad pública, denuncian que si los problemas hay que resolverlos "a toda prisa" y atendiendo a los ciudadanos en dos minutos, los perjudicados serán los justiciables porque en la Justicia se tratan asuntos que afectan "a la vida de la gente" y si "los jueces no pueden tener tiempo y colegiabilidad –que los asuntos se estudien entre los tres magistrados que conforman la Sala-, ese ciudadano saldrá perjudicado", ha sentenciado.

Por su parte, el magistrado Francisco Gutiérrez ha explicado que la denuncia presentada en el CGPJ por 20 de los 21 magistrados –el único que no la suscrito es el presidente de la Sección Primera, Pedro Izquierdo-, supone "el primer paso" de una serie de actuaciones que tienen previsto emprender.

De hecho, en la denuncia se solicita que por el servicio de Prevención del CGPJ se abra el correspondiente expediente para analizar la situación de la Audiencia de Sevilla y se emita el correspondiente informe en el que se "analice la situación de riesgo para la salud física y psicosocial de los integrantes de la secciones penales".

También piden que se dé traslado del acuerdo al presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud y a los representantes de la carrera judicial, así como al presidente del TSJA, Lorenzo del Río. Los magistrados avisan de que si no obtienen respuesta de "inicio de actuación satisfactoria alguna en plazo de cinco días", comunicarán la denuncia a las asociaciones judiciales "para que impulsen las medidas que consideren oportunas en defensa de nuestros derechos".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios