Tres empleados del Ayuntamiento de Almadén de la Plata se enfrentan a 9 meses de cárcel, multa de 2.700 euros y el pago de otros 8.729 euros por un incendio forestal de 6 hectáreas en el parque natural de la Sierra Norte de Sevilla. El fuego se desencadenó porque, en una jornada de alerta naranja por altas temperaturas, los trabajadores soldaban la puerta de un almacén municipal sin haber tomado las medidas de prevención necesarias.

Ocurrió hacia las 13:45 horas del 29 de junio de 2015 cuando los acusados Santiago L.R. y  Manuel D.C., contratados por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata,  acudieron a un almacén municipal en el paraje Los Covachos, en el parque natural de la Sierra Norte de Sevilla, para arreglar las bisagras de la puerta. Seguían las “precisas órdenes e instrucciones" del también acusado Manuel S.A., encargado de mantenimiento de las instalaciones municipales. 

Cuando los trabajadores se encontraban soldando con un grupo electrógeno, unas gotas de metal fundido cayeron al suelo y se originó un incendio que no fue extinguido por completo hasta las 21:30 horas del mismo día y que afectó a 6 hectáreas de pasto, matorral y arbolado (encinas y olivos), según el escrito de acusación de la Fiscalía al que tuvo acceso este periódico.

Añade que los trabajadores “no habían adoptado medidas preventivas y de seguridad propias de dicha actividad y de la fecha del año”, “carecían por completo de material y equipos de extinción de incendios y obviaron la circunstancia de que, debido a las altas temperaturas, se encontraba decretada situación de alerta naranja en la zona”.

"No habían recibido ninguna formación ni equipos”

El abogado defensor, Rafael Villegas, ha pedido que antes del juicio el Ayuntamiento informe de los cursos que había impartido en materia de prevención de incendios a sus trabajadores y de los equipos de que disponían para la prevención y extinción de incendios. 

Igualmente, pide que informe de quién fue la persona que dio orden a estos  trabajadores para que realizara el trabajo de soldadura.

Según el abogado, la dotación de medios de prevención y extinción “era responsabilidad del Ayuntamiento, no de los trabajadores”. Y si no disponía de esos equipos, “en ningún caso debió enviarlos a hacer una reparación de riesgo”.

Por eso afirma a este periódico que es “inexplicable que sea subsidiaria y no directa” la responsabilidad civil que pide la Fiscalía para el Ayuntamiento, consistente en el pago a la Junta de Andalucía de los 8.729 euros que costó apagar el incendio.

El juicio se va a celebrar en los próximos meses en un juzgado penal, donde la Fiscalía pedirá para cada uno de los tres trabajadores nueve meses de prisión por un delito de incendio, multa de nueve meses con cuota diaria de 10 euros (2.700 euros) y el pago de los gastos de extinción.