La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a once meses de cárcel a un hombre de 32 años que estafó algo más de 1.000 euros a una sevillana con el alquiler de un piso a través de un portal de Internet. La sentencia, firme, fue el resultado de un acuerdo entre su abogado y la fiscal, que inicialmente pedía tres años de prisión. Tras la conformidad, sin embargo, la acusación pública se negó a que se suspendiese la ejecución de la pena de cárcel. El acusado lo aceptó. Se trata de un delincuente reincidente, con hasta cuatro sentencias firmes en su contra en un lapso de menos de un año, pero a pesar de su trayectoria se declaró dispuesto a dar un giro a su vida cuando acabe de cumplir todas las penas que ha recibido y que le quedan por recibir.

La historia de Javier G.V. es más noticiosa por lo que ocurrió tras reconocer los hechos y aceptar la pena que por el caso en sí. En resumen, en junio de 2019 robó el DNI a un hombre y, haciéndose pasar por él, en octubre de 2020 consiguió que una mujer le alquilase una habitación que supuestamente tenía en un piso de Madrid capital y que ofertaba a través de una web inmobiliaria. Para formalizar el contrato pidió a la víctima 638,45 euros de fianza y 425 euros por el primer mes. Tras pagar, la señora no recibió las llaves del inmueble y por supuesto no fue capaz de contactar con el estafador. Al final descubrió que el piso ni siquiera existía.

En ese momento de su vida, el acusado había sido condenado cuatro veces por estafa: en octubre de 2019, la Audiencia le impuso un año de reclusión; en junio de 2019, el Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid le impuso seis meses, aunque suspendió su ejecución durante tres años; en el mismo junio de 2019, el Juzgado de lo Penal número 27 de Barcelona le impuso seis meses y los suspendió durante dos años; y en julio de 2020, el Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid le impuso otro medio año de prisión pero suspendió su ejecución durante tres años.

“En vista de su dilatada trayectoria delictiva y las nulas posibilidades de éxito de los beneficios de la suspensión, pedimos que se le deniegue”, reclamó ayer la fiscal tras informar a la Sección Primera de sus conclusiones definitivas. En ellas, además de rebajar la petición de cárcel, pidió una multa de 360 euros y que Javier G.V. indemnizase a la estafada con 563 euros. El encausado, sus padres más bien, ya habían consignado 500 euros antes del juicio. Eso le valió al hijo para ganarse la atenuante de reparación de daño. Y como presenta un historial de adicción a sustancias estupefacientes, también se le aplicó la de drogadicción.

Tras expresar su conformidad con ese acuerdo, oír el dictado de la sentencia y recibir un recordatorio del presidente del tribunal sobre el “esfuerzo” de sus padres para ingresar los 500 euros, Javier pidió permiso para hablar. “Quiero pedir perdón, a la Sala y a la víctima. Lo siento, por culpa de las drogas no sabía lo que hacía. Ahora llevo un año en prisión, sin consumir, estoy trabajando [en la cocina de la cárcel] y acudo a sesiones de justicia restaurativa. Me van a dar un permiso y cuando salga voy a ir al CAID [Centro de Atención Integral a Drogodependientes]. Quiero trabajar, no quiero recaer ni acabar en la calle. Tengo pareja y tanto ella como mis padres están sufriendo mucho”, les indicó el procesado, que acudió a Sevilla desde el centro penitenciario de Navalcarnero. “La conducción [el traslado en un furgón de la Policía Nacional] desde Madrid es una odisea. Ha sido la peor semana de mi vida”, añadió.

Las confesiones de Javier G.V., que en esta causa ha sido defendido por el abogado Jaime Aguado, dieron pie a un inhabitual y constructivo diálogo con el presidente de la Sección Primera. La premisa, unánime, fue que seguir en la cárcel era lo más conveniente para él. “Nos alegramos mucho de la progresión del tratamiento penitenciario”, le dijo el magistrado Pedro Izquierdo. “Su evolución está siendo positiva y no tendría sentido interrumpirla. Lo que le interesa es cumplir las penas lo antes posible y aprovechar ese nuevo impulso cuando salga, con la ayuda de sus padres y su pareja”, agregó.

La fiscal también se apuntó al intercambio de ideas. Tras preguntarle si los delitos por los que aún debe ser juzgado se cometieron “en la misma franja temporal”, lo instó a pedir la acumulación de condenas. “Le interesa llegar a acuerdos con los fiscales de esos juicios para que esas sentencias sean firmes cuanto antes”, le aconsejó. El acusado preguntó entonces si esta condena podía frustrar sus próximos permisos. “Si sigue con esa buena conducta, el centro seguirá dándoselos, siempre que haga un buen uso de ellos”, le contestó el presidente. Dicho lo cual, el juicio terminó y Javier G.V. se marchó dando las gracias a todos.

Un error material obligó a celebrar otra sesión

El juicio acabó el lunes, pero este martes ha vuelto a celebrarse una segunda sesión. El motivo es que la Fiscalía advirtió un error material en la calificación definitiva del delito. En principio, como quedó establecido el primer día, Javier G.V. fue condenado a un año y nueve meses de prisión, pero como se le impuso el grado mínimo para el delito de estafa, que está castigado con entre uno y seis años de cárcel, y además se le aplicaron  dos atenuantes (reparación y drogadicción), en realidad la pena que se debería haber establecido era la de once meses. Y así que quedado resuelto este martes.

Tras esta segunda conformidad, el presidente de la Sala ha vuelto a transmitirle algunos mensajes al condenado. Por ejemplo, le ha recordado que el delito que cometió "causó un trastorno a una persona que estaba intentando construir una vida". "Por favor, aproveche esta oportunidad. No puede resolver sus problemas causándoselos a otras personas", le ha rogado el juez Izquierdo.