Cursos de Formación

El juez ordena investigar empresas creadas “ad hoc” y que no justificaban subvenciones

  • Altos cargos de la Junta podrían haber "propiciado una falta de control" para favorecer a determinadas personas

  • La Guardia Civil hará un "informe de inteligencia policial" sobre las empresas que recibían ayudas sin justificar las anteriores y los casos en que ha prescrito el derecho a reclamar 

El magistrado José Ignacio Vilaplana llega a los juzgados de Sevilla El magistrado José Ignacio Vilaplana llega a los juzgados de Sevilla

El magistrado José Ignacio Vilaplana llega a los juzgados de Sevilla / Juan Carlos Vázquez

El juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha ordenado una profunda investigación sobre las subvenciones de la Junta de Andalucía a cursos de formación entre 2009 y 2012, centrándose en las empresas creadas “ad hoc” y las que recibieron ayudas pese a no haber justificado las anteriores.

La nueva batería de investigaciones será realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, auxiliada por la Intervención General de la Junta y la Intervención del Estado, y responde a la reapertura del caso ordenada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, después de que la juez titular del juzgado, María Núñez Bolaños, la archivase a petición de la Fiscalía.

El juzgado investiga a una veintena de altos cargos de la Junta por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental, que estarían vinculados con la “presunta ilicitud del sistema y la gestión general de la subvenciones públicas destinadas a formación profesional para el empleo llevada cabo por los responsables del Servicio Andaluz de Empleo”.

El auto, al que tuvo acceso este periódico, indica que los altos cargos pudieron "tolerar" una situación destinada a propiciar una "falta de control de la subvenciones” destinada, directa o indirectamente “a favorecer a determinadas personas y entidades beneficiarias con el consiguiente menoscabo del interés y de los correspondientes fondos públicos”. Se trataría de un "plan predeterminado" para "camuflar ante la Intervención de la Junta" el incumplimiento de los requisitos de concesión de las ayudas.  

Con ello se habría generado “una situación de hecho caracterizada por un descontrol generalizado de tales subvenciones, conocida y tolerada por las autoridades y funcionarios públicos investigados".

El juez ordena a la UCO  que, con ayuda de los peritos de la Intervención de la Junta y de la Intervención General del Estado, examine los expedientes aportados por la Consejería de Empleo a fin de "cotejarlos con los examinados ya en el procedimiento y comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados“.

Las cuestiones concretas que deberá aclarar la Guardia Civil es si entidades seleccionadas para dar cursos, sin que conste baremación, "incluían algunas de constitución ad hoc o meramente instrumentales", si las entidades inscritas en el Registro de Centros de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía existían y tenían efectiva actividad o se constituyeron ad hoc para proceder a su inmediata inscripción, y si existen empresas a las que se han concedido subvenciones estando pendientes de justificar anteriores.

A la Junta de Andalucía le solicita que informe si las entidades beneficiarias de subvenciones entre 2009 y 2012 estaban ya inscritas en el Registro de Centros de Formación Profesional para el Empleo, con indicación de la fecha en que se llevó a cabo dicha inscripción.

También pide que la Junta informe sobre las subvenciones sobre las que pudiera haber prescrito el derecho de la Administración a su recuperación, en cuantos casos se ha conseguido un efectivo reintegro o han tropezado con la insolvencia del beneficiario, disolución de la entidad concesionaria o dificultades de cobro similares. También pide que el Gobierno andaluz unta informe sobre las personas o entidades beneficiarias de subvenciones para la formación profesional entre 2009 y 2012 a las que se le hayan sido concedidas subvenciones estando pendientes de justificar otras anteriores.

Además reclama a la Intervención General de la Junta de Andalucía que informe sobre los expedientes de subvenciones entre 2009 y 2012, diferenciados por provincias, que tengan cantidades o fondos pendientes de justificar por parte del beneficiario y en cuales ha prescrito el derecho de la administración para reclamar las cantidades no justificadas.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios