Los herederos del Sultán de Joló desisten de nombrar un nuevo árbitro para resolver su demanda contra Malasia

Novedades en el caso del pleito de los herederos del Sultán de Joló contra Malasia.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado el auto definitivo, con fecha 12 de abril y notificado esta semana a las partes, en el que acepta el desistimiento de los demandantes filipinos del procedimiento judicial que habían iniciado para nombrar un árbitro ante el que reclamar al Estado de Malasia 32.000 millones de dólares (28.000 millones de euros).

Asimismo, el TSJM ha ratificado en este auto por mayoría la nulidad radical del nombramiento de Gonzalo Stampa como árbitro del asunto y ha reiterado que todas las actuaciones que Stampa ha realizado arrogándose la condición de árbitro carecen de toda validez, incluyendo, entre otros, el pretendido laudo final dictado el 28 de febrero, han informado fuentes del caso.

Así, el auto señala que en el seno del procedimiento judicial de nombramiento de árbitro tuvo lugar “la declaración de nulidad radical de la inicial designación del árbitro Don Gonzalo Stampa Casas, dejando en consecuencia sin efecto y virtualidad dicho nombramiento y la función arbitral para la que inicialmente había sido designado, lo que implica la pérdida de validez de las actuaciones que en dicha función haya desarrollado”.

El procedimiento judicial de nombramiento de árbitro iniciado en 2018 se había reiniciado como consecuencia del ilegal emplazamiento a Malasia, que impidió que el Estado asiático participara en el procedimiento y que el TSJM pudiera contar con una versión completa de los hechos, lo que creó una situación de indefensión de Malasia. Como consecuencia, Malasia presentó un incidente de nulidad de actuaciones solicitando que se la emplazase debidamente para poder comparecer en el procedimiento de nombramiento de árbitro y en garantía de su inmunidad soberana.

Tras la estimación por el TSJM de este incidente, se produjo la nulidad del nombramiento de Gonzalo Stampa como árbitro y de todas sus actuaciones, así como el posterior reinicio del procedimiento de nombramiento de árbitro, en el que Malasia ya pudo exponer sus argumentos. El reinicio del procedimiento para el nombramiento de un nuevo árbitro fue instado por los propios demandantes filipinos; posteriormente, solicitaron un cambio de sede ilegal del arbitraje anulado a París.

Tan pronto Malasia fue correctamente notificada por vía diplomática de esa solicitud de nombramiento de árbitro, de acuerdo con la legislación española vigente, compareció en el procedimiento y manifestó la inexistencia de conexión alguna con España del acuerdo suscrito en 1878 y, por lo tanto, la falta de competencia de los tribunales españoles para resolver la petición de nombramiento de árbitro; la existencia de inmunidad de jurisdicción de Malasia, que impide que sea juzgada por los tribunales españoles; y que el acuerdo esgrimido no es un acuerdo comercial porque afecta a la soberanía territorial de Malasia, así como que este no contiene ninguna cláusula arbitral. Malasia también invocó su inmunidad de jurisdicción y que la controversia no podía ser resuelta en un arbitraje, dado que el acuerdo del siglo XIX al que se acogían los ciudadanos filipinos implicaba una cesión de soberanía.

Apenas dos días hábiles después de que Malasia expusiera al TSJM sus argumentos, los ciudadanos filipinos presentaron un escrito por el que desistían del procedimiento de nombramiento de árbitro. De este modo, los demandantes filipinos renunciaron a que se nombrase un árbitro en un procedimiento judicial en que ambas partes pudieran estar presentes y participar en igualdad de condiciones, y para evitar así que el TSJM pudiera resolver a la vista de las alegaciones de Malasia.

El auto de desistimiento cuenta con el voto particular del magistrado Jesús María Santos Vijande, quien se muestra de acuerdo con la aceptación de la solicitud de desistimiento de los demandantes filipinos, y reitera lo expresado en su día sobre su disconformidad con la nulidad del nombramiento del árbitro.

Arbitraje fraudulento

El Estado de Malasia recuerda que el arbitraje seguido por los ciudadanos filipinos ante el abogado Gonzalo Stampa carecen de toda validez, al haber sido anulado el nombramiento del árbitro y haberse tramitado en contra de las órdenes del TSJM, y, por tanto, al margen de la legalidad vigente. Tras la anulación del abogado Gonzalo Stampa como árbitro del procedimiento judicial en que Malasia no pudo participar, los demandantes filipinos decidieron trasladar a París la sede de su arbitraje unilateral y fantasma, pese a que El TSJM y la representación letrada de Malasia comunicaron hasta en tres ocasiones a Gonzalo Stampa que su nombramiento y el proceso habían sido anulados.

El fraudulento traslado de la sede a París se hizo sobre la base del reconocimiento del laudo preliminar de jurisdicción en Francia, laudo que dejó de producir efectos tras la anulación del nombramiento de Stampa. Los tribunales franceses, que en un primer momento habían reconocido el laudo preliminar de jurisdicción, decidieron paralizar los efectos de ese reconocimiento en septiembre de 2021, tan pronto tuvieron conocimiento de la anulación del nombramiento del árbitro por el tribunal que lo había nombrado, y prohibieron a los demandantes hacer uso del mismo.

Malasia comunicó al árbitro la suspensión también en Francia del reconocimiento del laudo preliminar de jurisdicción; laudo que, en todo caso, carece de efectos. A pesar de ello, Stampa decidió continuar con la tramitación del arbitraje fantasma y dictó unilateralmente un supuesto laudo final que viola la inmunidad soberana de Malasia y condenaría al país a pagar más de 13.000 millones de euros.

El Estado de Malasia se ha opuesto firme y reiteradamente a este supuesto laudo que ignora las resoluciones de los tribunales españoles y franceses. Debido a la gravedad de estos hechos, Malasia formuló una denuncia ante la Fiscalía española contra Stampa por delito de desobediencia.

El Gobierno de Malasia mantiene su postura de no reconocer ninguna de las actuaciones realizadas por el árbitro en el supuesto procedimiento de arbitraje, así como de no reconocer tampoco sus ilegales decisiones y laudos. El Gobierno de Malasia seguirá tomando todas las medidas necesarias, incluidos todos los procedimientos legales pertinentes, para garantizar que los intereses, la inmunidad soberana y la soberanía de Malasia se protegen y se preservan en todo momento.