El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) ha enviado un nuevo burofax al juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, al que ya advirtió de que el perito que ha elaborado el informe del teléfono de Miguel Carcaño carece de titulación, en el que alerta de que el experto está "difundiendo" el contenido de la pericia en la que detectó seis nuevos posicionamientos y recuperó varias imágenes y mensajes de texto.

En un burofax enviado al juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, el decano del colegio profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, "alerta nuevamente sobre el perito informático sin titulación oficial Manuel Huerta, el cual habría entregado informe pericial a este Juzgado relativo al llamado caso Marta del Castillo".

El colegio señala que el perito "está difundiendo el contenido del informe pericial entregado, así como pruebas obtenidas del examen del teléfono móvil objeto de pericia a través de diversos medios de comunicación".

En este sentido, considera "enormemente alarmante" la intervención del propio Manuel Huerta, en un programa de televisión  comentando en directo el contenido intervenido en el citado teléfono móvil, a saber, fotografías de carácter personal realizadas con el dispositivo y mensajes sms privados", recoge el burofax enviado al juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla.

Una de las capturas incorporadas en el burofax enviado al juzgado.

"Desconocemos si el alcance de la pericia era únicamente el geoposicionamiento del dispositivo pero, de ser así, se estaría ante una clara extralimitación del examen pericial, con afectación al derecho a la intimidad personal y familiar del titular del dispositivo y de terceros", añade la comunicación remitida al juzgado. 

Para el colegio de Ingenieros Técnicos en Informática, "resulta palmaria la violación del derecho al secreto a las comunicaciones y el derecho a la intimidad personal en el preciso momento en el que este perito ha difundido el material intervenido en su pericia a través de la televisión, comentando él mismo los contenidos intervenidos", añade.

En caso de haberse tratado de un profesional colegiado, "se le participa que se le habría aperturado de oficio proceso disciplinario por vulnerar el secreto profesional, el cual está tipificado en los estatutos de esta Corporación como falta muy grave y apareja sanciones que van desde multa equivalente a 100 cuotas colegiales mensuales hasta la expulsión de la Corporación ei nhabilitación para el ejercicio profesional (Art. 48.1.c)".

Esta "palmaria negligencia", prosigue la comunicación enviada al juzgado, "podría ser susceptible de haber lesionado derechos constitucionales de las personas implicadas, pudiendo aparejar incluso la ilicitud de la propia pericial y pruebas obtenidas, así como de cualquier actuación judicial y policial que pudiera derivarse de las mismas, lo que es extraordinariamente grave".

El colegio reitera que Manuel Huerta "no es perito informático, dado que carece de titulación oficial y no se encuentra adscrito a colegio profesional de ingeniería técnica informática alguno, ni en Andalucía ni en Madrid, tal y como exige el marco legal vigente. Tampoco observa los mínimos principios éticos o deontológicos de la profesión, muy especialmente del deber de secreto profesional". 

En el burofax, solicita al juzgado que adopte "las acciones que estime oportunas ante la posibilidad de que el perito informático Manuel Huerta De La Morena esté realizando un dictamen pericial para su juzgado careciendo de la titulación oficial legalmente requerida, sin pertenecer a colegio profesional de ingeniería técnica en informática alguno, tal y como exige el marco legal vigente, con el agravante de poder estar causando menoscabo de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal y familiar de los implicados, interviniendo material privado que nada tiene que ver con el objeto de la pericial (el geoposicionamiento del dispositivo), lo que podría provocar una posible nulidad de las actuaciones".

Por último, el colegio se pone a disposición del juzgado para "esclarecer los hechos sobre los que se les alerta, de extraordinaria gravedad, y que podrían ser constitutivos de diversos y graves delitos", concluye el burofax.