Facturas falsas Riesgo de suspensión del juicio contra el denunciante de corrupción en UGT

  • Falta la testigo clave que afirma que UGT no tenía protocolo de seguridad informática

  • Carmen Castilla, secretaria general de UGT-A, está citada como testigo

Roberto Macías, ex trabajador de UGT que será juzgado Roberto Macías, ex trabajador de UGT que será juzgado

Roberto Macías, ex trabajador de UGT que será juzgado

El juicio contra Roberto Macías, un ex trabajador de UGT-Andalucía que denunció presuntas prácticas corruptas en el sindicato, está fijado para este jueves pero corre el riesgo de suspenderse porque no ha sido citada una testigo clave.

La documentación que, según la acusación, Macías robó de los ordenadores del sindicato es la misma en la que se basa el juzgado de instrucción 9 para mantener como investigados a 20 responsables de UGT, entre ellos su ex secretario general andaluz Manuel Pastrana, por presentar facturas falsas para justificar subvenciones.

Pese a ello, Macías se enfrenta a una petición del fiscal de tres años de cárcel por un delito de revelación de secretos. El sindicato solicita cuatro años de cárcel y en el juicio están citados como testigos la secretaria general andaluza, Carmen Castilla, el ex tesorero andaluz Federico Fresneda y el ex responsable de Administración Juan María Martínez Fernández.

“Vergonzoso” que esto ocurra “en una de las comunidades autónomas más corruptas”

Asociaciones y alertadores de corrupción  (whistleblowers) de España divulgaron este sábado un comunicado en el que afirman que, con la aprobación de la Directiva Europea en materia de protección a los alertadores de corrupción, “la acusación de UGT–A solamente persigue causar más dolor y daño a la persona que consideran que informó de un fraude millonario de 48,7 millones de euros”.

“Es inaceptable, lamentable y vergonzoso que en una de las comunidades autónomas más corruptas de Europa se mantenga abierta una causa penal contra un alertador de corrupción. Y lo que resulta más escandaloso, que pidan 4 años de prisión y el pago de 60.000 mil euros.

Roberto Macías trabajó en el departamento de compras de UGT-A, situado en la sede de la calle Antonio Salado de Sevilla, entre diciembre de 2008 y diciembre de 2012.

El escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso este periódico, indica que el 7 de noviembre de 2012,  el acusado se conectó a su ordenador cuando se hallaba en horario laboral y volcó en un dispositivo de almacenamiento un total de 22.500 archivos o ficheros extraídos de la carpeta “compras confidencial“.

Allí se encuentran “facturas emitidas por proveedores de UGT, así como otra documentación relativa a los denominados rapel y bote, información toda ella de la que se dispone en el juzgado de instrucción número 9", que investiga las facturas falsas de UGT.

El llamado rapel es una figura según la cual se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato.

Luego, ante la administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, “lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaba a la administración”, según el escrito de acusación de la Fiscalía contra Macías.

El fiscal solicitará en el juicio tres años de prisión y la propia UGT cuatro años.

El sindicato informó hace unos días al juzgado penal 15, donde tendrá lugar el juicio, que la testigo de la defensa Eva M. no trabaja actualmente en UGT, por lo que no se le puede notificar allí la citación para el juicio.

Esta trabajadora manifestó que hasta febrero de 2013 la custodia de las claves informáticas se hacía en un Post It y que se facilitaban a todos los compañeros sin cumplir un protocolo de seguridad.

Por eso no podía saber si alguien había accedido a su ordenador sin estar ella presente “porque el acceso no era restringido y la gente se quedaba fuera del horario de trabajo“.

Por otra parte, el abogado Francisco José Sánchez Ramón, presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia  (AMAyT) cuyo objeto es la denuncia de corrupción en todos los ámbitos, denunció el pasado 11 de noviembre el robo de documentación que guardaba temporalmente en el despacho de su compañero Rogelio Vargas, que es el abogado de Roberto Macías, en Adra (Almería).

El letrado se percató del robo al regresar de un viaje y, según los denunciantes, desaparecieron 13 archivadores de Amayt y otros documentos de preparación del juicio contra Macías.

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