Tan sólo un día después de conocerse la citación del delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, en la macrocausa de la mafia del taxi, Facua ha pedido la dimisión en un comunicado en el que la asociación de consumidores lamenta la "pasividad de Cabrera y sus predecesores de los anteriores gobiernos ante las irregularidades cometidas en el aeropuerto de Sevilla por parte de taxistas que han venido defraudando sistemáticamente a los usuarios y dificultando el buen funcionamiento de la línea de autobús que recorre el trayecto entre la ciudad y el aeropuerto".

Facua recuerda que, según ha desvelado este periódico, la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha citado a declarar a Cabrera "visto el resultado de las diligencias practicadas" en condición de investigado para el próximo 18 de febrero a las 11 de la mañana.

Por su parte, Juan Carlos Cabrera ha explicado a este periódico que ignora qué cargos se le imputan, pues la citación no expresa el motivo concreto. "Acudiré a la llamada de la Justicia, como no puede ser de otra manera, haré todas las declaraciones que hagan falta y ofreceré todas las explicaciones que se me pidan", comentó ayer el delegado.

En la misma providencia, la juez instructora acuerda asimismo librar oficio a la brigada policial actuante a fin de que emita "informe a la mayor brevedad sobre la cámara de grabación que consta instalada en la entrada de la zona de llegadas del aeropuerto de Sevilla y de la pantalla que refleja dichas grabaciones en la sede de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi (AHST), haciendo constar el campo de grabación de la misma, horario de funcionamiento y control o en su caso custodia de las imágenes captadas, a los efectos de adoptar las medidas oportunas en atención de lo previsto en la ley de protección de datos".

Según fuentes del caso, la cámara sobre la que pide ahora información la magistrada fue instalada por la propia entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y las imágenes se ofrecen en una pantalla de la zona denominada del Palenque, con la finalidad de que los taxistas puedan ver la afluencia de público y no colapsen el túnel de salida, dado que a veces entre la llegada de un vuelo y la salida de los pasajeros se producen retrasos mientras acuden a la zona de recogida del equipaje.

En la macrocausa del taxi, la juez Reyes Flores investiga tanto el supuesto monopolio de Solidaridad del Taxi para el control del servicio del taxi en el aeropuerto, como la quema de nueve vehículos de Cabify en el aeropuerto y el boicot a un mitin de la ex presidenta de la Junta Susana Díaz en San Juan de Aznalfarache. En relación con esta investigación, hay más de una treintena de taxistas investigados, a los que ahora se suma el delegado de Movilidad del Ayuntamiento.

Recientemente, la juez atribuyó a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi delitos de asociación ilícita, coacciones y daños, en una de las piezas en las que se investiga el monopolio de la parada del aeropuerto de Sevilla, así como las coacciones y daños causados a otras empresas del sector del transporte, como los Vehículos de Transporte Concertado (VTC), los autobuses públicos de la empresa municipal Tussam y al propio aeropuerto de Sevilla. Para la juez, la asociación forma parte supuestamente de una “organización delictiva” para mantener el control del servicio en el aeródromo sevillano, lo que a su juicio ha ocasionado un “grave perjuicio” tanto al sector del transporte como a la “ciudad en general”.

La juez imputó a Solidaridad del Taxi en los términos de “constituir una organización delictiva que sirva de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto de vehículos con conductor como incluso los servicios municipales”.

Así, Reyes Flores ha argumentado que la asociación “ha fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposiciones de sanciones, tanto económicas de privación de participar en ese servicio monopolizado temporalmente, con unas normas, catálogos de conductas, ni publicados ni aprobados en forma alguna”.

También considera que la asociación, como persona jurídica, ha dirigido conductas para la constitución de tales fines “contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede, relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales, implicando todas estas conductas un grave perjuicio al sector del transporte y a la ciudad en general”.