La decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Utrera de archivar la causa incoada contra el exalcalde socialista José María Villalobos y el empresario Juan Manuel Tagua Serrano, por un posible delito de malversación en la operación del Ayuntamiento para comprar los multicines del centro comercial Los Molinos, está basada la modificación de la tipificación del delito de malversación promovida por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos en su última reforma del Código Penal.

Así figura en el auto emitido el 4 de octubre por el juzgado utrerano y recogido por Europa Press. Ahí se detalla que en la comparecencia celebrada dos días antes, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa "alegando esencialmente que tras la modificación operada en el artículo 432 del Código Penal", por la Ley Orgánica impulsada por el Gobierno para eliminar del Código Penal el delito de sedición y modificar el de malversación, "en la actualidad, y dado que dicha redacción es mas favorable para los denunciados, no concurren los elementos del tipo penal".

Según la Fiscalía, "existen diversas valoraciones de los cines en cuestión, incluso del propio técnico municipal, y por ello no puede considerarse que exista un grave perjuicio para las arcas públicas y que por tanto con arreglo a la redacción actual del tipo" del delito de malversación "la conducta investigada sea típica".

Según la denuncia elevada a la Justicia por Cs y el ahora alcalde Curro Jiménez (PP), en 2019 la empresa Hermanos Tagua Serrano compró por 450.000 euros los cines del centro comercial y lo formalizó en la notaría de quien al día siguiente tomó su acta como concejal socialista, José Montoro, fallecido en febrero de 2022 y hasta entonces edil de Cultura. Este edil también figuró como investigado.

Días más tarde, según los denunciantes, el Ayuntamiento compró los cines a la empresa por 680.000 euros, con lo que la sociedad obtuvo un beneficio de 230.000 euros sin que la operación fuese elevada al pleno municipal.

El juzgado de Utrera invoca la mencionada Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de reforma del Código Penal, y concluye que "en la actual redacción del Capítulo VII del Título XIX se ha suprimido el anterior supuesto de administración desleal o gestión inadecuada del patrimonio público, delito objeto de la presente causa".

"Aunque los hechos denunciados tuvieron lugar en agosto de 2019, en virtud del principio establecido en el artículo 9 de la Constitución y el artículo 2 del Código Penal, debe ser de aplicación la legislación más favorable al investigado", prosigue. "En consonancia con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, al no existir en las diligencias practicadas indicios de la comisión de alguno de los tipos actuales del capítulo VII (relativo a la malversación) del Título XIX del Código Penal, procede acordar el sobreseimiento con arreglo a lo solicitado por el Ministerio Fiscal", sentencia.

El PP se indigna

Tras conocer la noticia y los argumentos del juzgado, el PP de Utrera ha afirmado que “la reforma de Pedro Sánchez del Código Penal para beneficiar a los golpistas independentistas del procés auxilia al ex alcalde socialista de Utrera”.

El actual alcalde, el popular Curro Jiménez, ha señalado que “los cambios en la Ley realizados por Pedro Sánchez para beneficiar a los independentistas condenados por el procés, impiden también que José María Villalobos sea jugado por malversación”.

"La Fiscalía, la Audiencia Provincial, el Tribunal de Cuentas y la Policía Judicial han mantenido durante tres años que había indicios suficientes de delito para juzgar al señor Villalobos por el pago de 230.000 euros a un empresario. Es la reforma del delito de malversación la que deja prácticamente sin contenido dicha Ley. Se trata por tanto de una artimaña política que no sólo beneficia a los independentistas, que es el principal objetivo de Sánchez, sino con la que también se beneficia al exalcalde de Utrera", lamenta.

Jiménez ha destacado que “esto no quiere decir que no haya delito, sino que el delito de prevaricación, en su caso concreto, fue retirado al no poder cumplir el juzgado con los plazos, lo que llevó a la prescripción del delito”. “La lentitud de la Justicia no puede beneficiar a los presuntos defraudadores. Y en el caso de la malversación, el señor Villalobos se aprovecha de la nueva Ley 14/22 que elimina la sedición y modifica la malversación para dejarla prácticamente sin contenido”, añade.

De todas formas, recalca, "el cambio de la Ley no modifica lo que recoge el informe de la Guardia Civil", que entendió que Villalobos había "causado un perjuicio a las arcas municipales que asciende a la cantidad de 230.000 euros2.

"Desde el PP de Utrera estamos estudiando y valorando la posibilidad de recurrir a instancias superiores para que no se deje de perseguir lo que a nuestro entender, y según los informes existentes, es una malversación. Exigimos a Villalobos que se devuelva el dinero de todos los utreranos”, ha concluido.