El juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ha citado el próximo 8 de febrero a todas las partes personadas en la causa por la muerte en diciembre de 2013 de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra que inhalaron fosfina de unos tapones de plaguicidas, con la finalidad de buscar una “posible conformidad” que evite la celebración del juicio, cuya vista oral aún no tiene una fecha fijada.

El magistrado Juan Pablo Álvarez Vargas acuerda en una providencia, a la que tuvo acceso este periódico, citar el 8 de febrero al Ministerio Fiscal, a los letrados de la acusación particular y de la defensa de los tres procesados, así como a los responsables civiles y a las demás partes personadas para “una posible conformidad”, señala dicha resolución.

La decisión del juzgado se produce después de que la acusación particular que ejercen la familia de las víctimas solicitara al juzgado que señalara “a la mayor brevedad posible” el inicio del juicio, dado que han transcurrido ya más de cinco años desde que se produjeron los hechos.

En el escrito presentado en el juzgado, el letrado de la acusación recordaba que la muerte de la familia de Alcalá, dada la “gravedad” de los hechos han generado “una alarma y expectativa tanto en la localidad como fuera de ella”, por lo que pedía al juzgado que fijara el inicio del juicio a la mayor brevedad posible.

Como quiera que los juzgados de lo Penal acumulan un importante retraso en su agenda de señalamiento de vistas orales –que puede suponer un nuevo retraso de varios meses e incluso algún un año–, el juez encargado de enjuiciar este caso ha citado a todas las partes por si fuera posible llegar a una “conformidad” que evite la celebración del juicio. Se trata de una opción que ya se está desarrollando en otras comunidades autónomas para intentar acelerar los procesos, dado que si es posible el acuerdo, el proceso no se demoraría más, según comentaron fuentes del caso.

Y si no se alcanza dicho pacto, el juez, de acuerdo con la agenda de señalamientos, procedería entonces a fijar el calendario para la celebración de este juicio.

La Fiscalía reclama unas indemnizaciones por importe total de 820.000 euros

La Fiscalía reclama inicialmente una condena de cuatro años de cárcel para las tres personas que han sido acusadas por la muerte en diciembre de 2013 de tres miembros de una familia de Alcalá . El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público imputa a los tres acusados, dos trabajadores de la empresa Alansu y el responsables de la chatarrería Reciclados Nivel –a los que se vendió de manera irregular una partida de tapones–, un delito contra el Medio Ambiente en concurso ideal con tres delitos de homicidio imprudente, por los que reclama esa condena de prisión, así como el pago de indemnizaciones que suman los 820.000 euros, de los cuales la mayor cuantía –720.000 euros– se solicitan para una hija del matrimonio compuesto por Enrique Caño y Concepción Bautista que también resultó intoxicada pero no falleció, y los restantes 100.000 euros para otros cinco hijos que Enrique Caño tenía de otras relaciones anteriores.

La Fiscalía considera que los tres acusados, M. R. S. M., empleada de Alansu, M. T. R., mozo de almacén de la misma empresa, y P. A. G. C., administrador de Reciclados Nivel, eran conscientes de que los envases de aluminio contaminados eran “residuos peligrosos que debían gestionarse por una empresa autorizada para ello”, y también del “grave riesgo para la salud de las personas que implicaba extraerlos del procedimiento de gestión establecido legalmente”.

Reciclados Nivel, prosigue la acusación pública, carecía de autorización para la gestión de estos residuos, pero en mayo de 2013 llegó a un acuerdo con la encargada de Alansu para la retirada de 880 kilos de botes de aluminio, y a principios de diciembre de 2013 –el fiscal apunta que sería el día 3 o el 4– fue retirada otra partida de 198 kilos de aluminio contaminados, a los que posteriormente les fueron retiradas las etiquetas como los tapones de seguridad de plástico, que fueron vendidos el 13 de diciembre a una empresa de Alcalá autorizada para la gestión de residuos no peligrosos y cuyos responsables “desconocían el origen real de dichos envases”.

En la sede de Reciclados Nivel quedaron dentro de dos sacos tanto parte de las etiquetas como los tapones de seguridad de plástico, los cuales fueron entregados varios días antes del 13 de diciembre a Enrique Caño “considerando que carecía de valor” y dado que esta persona era un cliente habitual que acudía a vender chatarra y otros efectos, y que aceptó los tapones “desconociendo su peligrosidad”.

Enrique Caño llevó los tapones a su domicilio, ubicado en la calle Pesadora de Alcalá, donde los depositó dentro de los sacos en una bañera de uno de los cuartos de baño de la vivienda en la que almacenaba todo tipo de efectos que iba a vender posteriormente, puesto que esa bañera no era utilizada por su esposa, Concepción Bautista, ni por sus dos hijas menores de edad.

Las tres víctimas inhalaron fosfina al producirse una portente reacción química

El relato de la Fiscalía precisa que en la tarde del 12 de diciembre, una de las niñas, la que posteriormente sobrevivió a la tragedia familia, dejó en un barreño agua y lejía en la bañera con la finalidad de “decolorar una zapatilla, junto a los sacos que contenían los tapones de los envases Eurofume y Gastoxim B que había depositado allí su padre”.

Como consecuencia de la “humedad ambiental” generada en el cuarto de baño “y/o a causa de alguna manipulación realizada por miembros de la familia sobre dichos tapones en la tarde del 13 de diciembre de 2013 –por ejemplo, su lavado–, se desencadenó una potente reacción química en los restos de fosfuro de aluminio existentes tanto en los tapones como en los sacos, liberando fosfuro de hidrógeno (fosfina)” que inhalaron estas personas durante varias horas y provocó la muerte del matrimonio y de una de las hijas.