El juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla dejó este lunes visto para sentencia el juicio por el concurso de acreedores de una fundación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) que construyó 583 viviendas VPO en Sevilla Este. El fiscal pidió que el concurso sea declarado culpable y que sea inhabilitada la anterior cúpula empresarial andaluza integrada por el el ex presidente Santiago Herrero, el ex vicepresidente Juan Salas Tornero y el ex secretario general Antonio Carrillo.

La Fiscalía mantuvo su petición de tres años de inhabilitación como administradores para los tres ex dirigentes, aunque redujo a la mitad su responsabilidad civil teniendo en cuenta la situación de crisis en la construcción en que se produjo la suspensión de pagos de la promoción Isbylia impulsada por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE) vinculada a la CEA.

El fiscal pedía inicialmente que cada uno de los directivos de la CEA abonase cantidades de entre 1,8 y 2,8 millones de euros, según el tiempo en que permanecieron al frente de la FDSE. Como cómplice del concurso figura Antonio González Lara, ex director general de la constructora Dolmen.

En su informe, el fiscal sostuvo que el concurso de acreedores se presentó de forma tardía y la contabilidad presentaba “irregularidades relevantes”.

Es cierto que la causa penal fue archivada, explicó el fiscal, pero ello no impide declarar la culpabilidad en la jurisdicción mercantil. Es más, “no sé qué habría pasado si el informe del administrador concursal se hubiese aportado a la causa penal” que quedó sobreseida en 2015, afirmó el representante del Ministerio Público.

Desde 2012 existía una situación de insolvencia en la promoción pero el concurso no fue presentado hasta 2014 por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), por lo que el administrador concursal también pidió al juez la inhabilitación de los ex dirigentes de la CEA. Los acusados, afirmó, no controlaban lo que hacía Dolmen y “llevaron a cabo una serie de actos perjudiciales para la concursada”. “El desconocimiento no les privaba de tener que tomar medidas”, aseveró.

En el mismo sentido se pronunció el abogado de la Sareb: “hubo dolo o culpa grave en la gestión y una omisión del deber de control” a Dolmen.  Y el abogado de la aseguradora manifestó al juez que “el retraso en el concurso supuso un agravamiento claro de la situación”.