La Fiscalía ha presentado un informe en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, en el concurso de acreedores de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), en el que reclama tres años de inhabilitación para "administrar bienes ajenos" a la antigua cúpula de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), así como que se les condene al pago de indemnizaciones.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a este periódico que en el informe presentado en el juzgado se solicita que el concruso de la FDSE sea declarado "culpable", y se considere afectados, como "patronos con decisiones relevantes y actuaciones", al ex presidente de la patronal, Santiago Herrero; al ex vicepresidente, Juan Salas Tornero, y al secretario general, Antonio Carrillo, cuya salida de la CEA ya ha sido aprobada en un Comité Ejecutivo aunque se mantendrá en el cargo hasta la asamblea que tendrá lugar el próximo 22 de marzo. El informe de la Fiscalía también reclama que se considere "cómplices" de ese concurso culpable a la empresa Dolmen Consulting Inmobiliario y a su responsable, Antonio González Lara.

El Ministerio Público pide al juez de lo Mercantil la inhabilitación de los afectados para "administrar bienes ajenos" por tres años de los patronos de la Fundación Santiago Herrero, Juan Salas y Antonio Carrillo, y la "pérdida de los afectados o cómplices de cualquier derecho como acreedores concursales o de la masa".

De la misma forma, la Fiscalía solicita la "condena" de los anteriores a "responder de la cuantía en que se incrementó el déficit, partiendo de las variables expresadas por la Administración Concursal". La Fiscalía explica en su dictamen que no es necesario que el juzgado acuerde la celebración de una vista. Como prueba documental, se remite a las que consta en la pieza y en las demás secciones del concurso, especialmente los textos provisionales y definitivos elaborados en su día por la Administración Concursal.

De hecho, la Administración Concursal de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa había propuesto la inhabilitación de la antigua cúpula de la patronal y que se impusiera el pago de una indemnización para la masa del concurso.

La FDSE se creó en el año 2007 para hacer una promoción de viviendas de promoción oficial de 583 viviendas en una parcela de Sevilla Este. La obra se encargó al grupo Dolmen, que quebró y dejó la obra inacabada y a más de 500 personas sin piso, a pesar de haber entregado una media de 20.000 euros de señal.

El caso fue denunciado en primer lugar en la vía penal y así el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla imputó en diciembre de 2013 a los miembros de la cúpula de la CEA, si bien la instructora decidió varios años después archivar la causa, en concreto en el año 2015, al considerar que los hechos no eran delictivos.

La juez consideró entonces que "difícilmente" puede apreciarse relevancia penal en las conductas ojbeto de denuncia, cuando las obras de la promoción denominada Isbylia "están concluidas en algún caso -la primera promoción de 128 viviendas llegaron a obtener la calificación definitiva- y bastante avanzadas, a un porcentaje del 90%, en otros casos".

La instructora explicó asimismo que parte de de las deudas generadas por los trabajos de las obras habían sido abonadas, por lo que "no ha habido un impago absoluto, temerario y completo de los trabajos realizados". La juez añadió que la Fiscalía había acreditado en un informe la existencia de una subvención de la Consejería de Vivienda de la Junta por importe de 1.749.000 euros "cuyo efectivo abono hubiera cubierto los importes insatisfechos a los denunciantes, de no haberse declarado la caducidad" de los dos expedientes.