delito de frustración de la ejecución

La juez procesa a Bernat Soria por alzamiento de bienes para no pagar una deuda de 400.000 euros

Bernat Soria, a su llegada a los juzgados con su abogado, Antonio Fermín Díaz.

Bernat Soria, a su llegada a los juzgados con su abogado, Antonio Fermín Díaz. / josé ángel garcía

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha procesado al ex ministro de Sanidad Bernat Soria por un delito de frustración de la ejecución -alzamiento de bienes- por haberse desprendido supuestamente de su patrimonio para no pagar una deuda de 400.000 euros de su empresa Newbiotechnic -pionera de la biotecnología en Andalucía y que en su día estuvo en un concurso de acreedores-, y a cuyo pago fue condenado en una sentencia dictada el 31 de mayo de 2021. La magistrada María Núñez Bolaños ha dictado un auto en el que acuerda continuar las actuaciones contra el ex ministro y también contra sus dos hijas por haber realizado una "despatrimonialización fraudulenta" que ha hecho imposible el cobro de dicha deuda.

En el auto dictado el pasado 14 de septiembre, la instructora pone fin a la instrucción, al considerar que no es necesario la práctica de nuevas diligencias, dado que el resultado de las ya practicadas "resulta revelador de la naturaleza indiciariamente delictiva de los hechos investigados" en relación con el ex ministro socialista en la etapa como presidente de José Luis Rodríguez Zapatero.

La deuda de 400.000 euros había sido reclamada por la empresa Vegetal Green, propiedad de Sergio Samblás, contra Andalucell, Bernat Soria, Biocorp y José Antonio Mateos -ex director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía-, y el origen de la misma deriva de un préstamo concedido en su día por otra sociedad -denominada Bula Investment Company- a Newbiotechnic, empresa que fue declarada en concurso de acreedores en abril de 2017, siendo reconocida ya dicha deuda por la administración concursal.

De las diligencias practicadas, sobre todo el informe pericial, se desprende la "existencia de indicios racionales de criminalidad" para atribuir al ex ministro y a sus dos hijas la participación en el delito de frustración de la ejecución, prosigue la juez, que precisa que Bernat Soria realizó donaciones a sus hijas que, "careciendo de justificación económica o empresarial, propiciaron su declaración de insolvencia y han derivado en que se dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo, la ejecución de una sentencia" en relación con la deuda mencionada.

Para la magistrada, no hay duda de que "los únicos activos de los que disponía el querellado fueron transmitidos a sus hijas, sin ninguna justificación económica que no pudiera ser la de eludir el pago de sus deudas, lo que motivó una despatrimonialización fraudulenta que ha hecho inviable la ejecución de una deuda líquida, vencía y exigible, siendo obvio que los querellados conocían de su existencia y del procedimiento civil de reclamación".

Una "tradición" en su pueblo

En abril pasado, el ex ministro aseguró, durante su declaración como investigado, que es una "tradición en su pueblo" donar los bienes a los hijos cuando llega la edad de jubilación, un argumento con el que pretendió rechazar la acusación por los delitos de frustración de la ejecución y alzamiento de bienes. Soria rechazó que sea "insolvente" e insistió en que es "una tradición" de su pueblo, Carlet (Valencia), hacer la donación de los bienes a los hijos cuando se alcanza la edad de jubilación.
Soria añadió que cuando se realizó la donación, en el año 2019, era "solvente", y cuando la juez le preguntó por la deuda de 400.000 euros, indicó que dicha deuda "no existe", porque la compró su empresa, y agregó que la sentencia en la que se le condena al pago de esta cantidad está "recurrida en apelación" ante la Audiencia de Sevilla, por lo que no es firme.
Además, insistió en su solvencia, afirmando que tiene actualmente dos pleitos pendientes con la Junta de Andalucía, en los que ha reclamado su despido nulo y exige 43 millones por derechos sobre sus patentes.
En septiembre de 2021, el juzgado Social número 3 de Sevilla rechazó todas las demandas de Bernat Soria por su despido como responsable de la investigación con células madre en el CABIMER. La sentencia no considera demostrado que la Junta llevara a cabo contra él una campaña de “desprestigio internacional” y “muerte científica” por los que Soria reclamó 2,7 millones de euros de indemnización.

El fallo declaró el despido como procedente, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, y considera que Bernat Soria vulneró el compromiso de exclusividad con la Junta, lo que constituye un “incumplimiento grave y culpable de la buena fe contractual“.

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