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El registro en Ayesa se enmarca en el caso del 3% de Cataluña

  • La Guardia Civil ha registrado en la operación Colusorium empresas en Barcelona, Lleida y Bizkaia, y hay 15 personas investigadas por delitos contra la Administración Pública

  • Se han coordinado nueve registros en las sedes de ocho empresas y 13 despachos profesionales, en unas actuaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata

La Guardia Civil custodia la entrada de Ayesa La Guardia Civil custodia la entrada de Ayesa

La Guardia Civil custodia la entrada de Ayesa / Juan Carlos Vázquez

El registro de la sede de la empresa Ayesa Ingeniería, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, se enmarca en una investigación de la Audiencia Nacional del caso del 3 por ciento de Cataluña. La Guardia Civil ha desarrollado esta mañana la denominada operación Colusorium, en el marco de unas Diligencias Previas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de los de la Audiencia Nacional, que dirige el juez José de la Mata. Según ha informado el Instituto Armado, se han registrado un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lleida, Bizkaia y Sevilla relacionadas con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública.

La investigación, que parte de las operaciones relacionadas con la investigación del 3%, comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados. Fechados entre los años 2008 al 2011, de estos emails se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.

Mediante dicho pacto, las empresas privadas que lo integraban acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al mismo. Del mismo modo, las pesquisas de los investigadores han conseguido demostrar la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto, ha precisado la Guardia Civil en un comunicado.
 
En este marco, la Guardia Civil investiga el posible direccionamiento irregular de numerosos expedientes de contratación pública, constatándose la celebración de diversas citas con este objeto, entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador.
 
En las actuaciones llevadas a cabo, se ha procedido al requerimiento judicial de los 10 expedientes objeto de investigación, que obran en poder de la empresa pública de Infraestructuras de Cataluña como órgano licitador y adjudicador de los mismos, para su posterior estudio y análisis.
 
Por otra parte, se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.

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