El inspector de Policía José Antonio Vidal fue en 1984 el primer jefe de la Policía Judicial de Sevilla y le tocó investigar los primeros casos de corrupción en España, como los que implicaron al hermano de Alfonso Guerra y al director general de Carreteras de la Junta, Manuel Ollero. Traía a sus espaldas una dilatada carrera como investigador de homicidios, robos y estupefacientes, pero todavía le sorprenden las presiones que sufrió y que le llevaron a estudiar la carrera de Derecho por temor a quedarse sin trabajo. Entre 1996 y 2002 fue asesor de seguridad del delegado del gobierno José Torres Hurtado. 

— ¿Cómo empezaron a investigar el caso Juan Guerra en 1989?

Llegó una denuncia al fiscal jefe, Alfredo Flores, me llamó y me preguntó cómo podríamos empezar. Yo le dije: pidiendo el Libro de Visitas de su despacho en la Delegación del Gobierno. Lo que nos dieron tenía parte de las hojas quemadas. Unas 500 personas habían visitado su despacho como asistente del vicepresidente Alfonso Guerra y les tomamos declaración a todas. El motivo de la visita era diverso: desde uno que quería un quiosco a otro que pedía ayuda porque su mujer estaba en lista de espera de un hospital. 

— ¿Recibieron muchas presiones?

Las presiones fueron bestiales. A mi me llamó el Jefe Superior, me dijo que se habían portado muy mal conmigo y que me ofrecía un puesto como jefe en Rota. Yo pensé: “A ver si me da por investigar si tenemos submarinos nucleares norteamericanos en Rota y la liamos”. 

A otro inspector lo quisieron enviar a Formentera. También me abrieron expediente por tres faltas muy graves porque el jefe me pedía información sobre lo que habían declarado los policías que custodiaban la Delegación del Gobierno. Yo le respondía que no se lo podía decir porque la Policía Judicial dependía directamente de jueces y fiscales.

"Estoy pisando minas"

— ¿Cómo fueron esos expedientes?

Manuel Clavero Arévalo tenía en los toros la barrera que está detrás del Delegado Gubernativo. Yo ya le iba avisando: “don Manuel, cualquier día me va a tener que asistir”. Me preguntaba por qué y yo le contestaba: “porque estoy pisando minas”. Efectivamente, un 3 de julio fui con él a Jefatura y me asesoró ante los dos comisarios principales que vinieron de Madrid a instruir el expediente.

— ¿Se asustó de aquellas presiones?

En aquella época fue cuando decidí estudiar Derecho para buscarme un medio de subsistencia porque si me hubieran expulsado no tenía nada. Hice la carrera en cinco años. Yo comprendo las presiones porque Alfonso Guerra, que era una de las dos personas más relevantes de España, dimitió a consecuencia de todo esto.

— ¿Adónde fue el dinero de Juan Guerra?

Se investigaron montones de cuentas corrientes, había mucho dinero. A Juan sólo le encontraron algunas fincas e inversiones, estuvimos buscando pero no se pudo demostrar una financiación ilegal del partido. Después del caso Juan Guerra se tipificó el delito de tráfico de influencias.

— ¿Fue más fácil investigar el caso Ollero?

En el caso Ollero yo fui el primer policía que incautó  infraganti un maletín con dinero en efectivo. Detuvimos a Jorge Ollero cuando viajaba por carretera de Madrid a Sevilla con 22 millones de pesetas (132.222 euros). Se hablaba mucho de las comisiones a los partidos pero nadie había cogido un maletín. La juez Pilar Llorente nos dio autorización y durante seis meses tuvimos teléfonos intervenidos. Lo hacíamos desde un antiguo WC habilitado. Ahí fundamentalmente se hablaba de tráfico de influencias para conseguir obras públicas de la Junta de Andalucía.

—¿También sufrieron presiones?

Al presidente de Ocisa, Jesús Roa, lo interrogamos en nuestras dependencias para que no se enterara nadie. Llegó el empresario y le dije a mi compañero: “son las 12, a la 1 tendremos el primer toque”. Y efectivamente, a la 1 llegó un compañero preguntando: ¿qué vais a hacer con este señor, lo vais a pasar a disposición judicial, como lo vais a llevar?. El hombre venía  muerto de miedo y traía en un maletín 80 millones de pesetas para una provisión de fondos.

Las presión más fuerte llego cuando investigamos quienes serían los personajes que citaban por teléfono. Árbol  era Rafael del Pino, de Ferrovial; Whisky o DYK  era Dragados y Construcciones, Ópera era Aida Álvarez, coordinadora de Finanzas del PSOE. En los documentos intervenidos ponía: Ópera 3%.

—Exactamente las mismas cifras de las que se habla ahora

Es igual, el sistema es el mismo. No todos los políticos son corruptos pero hay políticos que se corrompen porque un partido cuesta mucho dinero: el mantenimiento, la estructura, los liberados, los asesores, los congresos, los coches, los viajes....

— También les pincharon sus propios teléfonos

Si, tuvimos los teléfonos de la Unidad Adscrita intervenidos con un pinchazo ilegal y llegamos a detectar desde dónde lo hacían: en un archivo de la tercera planta de los juzgados. Otro pinchazo se hizo a la centralita donde recibía las llamadas el fiscal jefe y  la base estaba en su garaje. Lo descubrió por casualidad un compañero de la Policía Judicial que había oído por teléfono “El pincho no engancha“.

En vez de ir a la Jefatura, porque yo no me fiaba ni de mi sombra, fui al juez, lo denuncié, vino Telefónica y demostró que el teléfono estaba intervenido. Entonces fui a Jefatura a comunicarlo y me reprocharon que tenía que haber ido primero allí. Creo que el pinchazo venía de los servicios de información militares porque querían información sobre unos cuarteles que entonces se estaban vendiendo.

Recuerdo que Alfredo Flores estaba veraneando en Málaga y me decía: “llámame, pero desde una cabina”. 

— También investigó el incendio en el Pabellón de los Descubrimientos de la Expo 92.

A un soldador se le cayó una chispa y prendió, eso fue un accidente. Lo que no es accidente, y pudimos demostrarlo, es que todos los materiales eran altamente combustibles y tenían que ser ignífugos. Alguien se llevó el dinero de esos materiales.

“A veces los errores judiciales son errores policiales”

—¿De qué casos se siente satisfecho?

Por ejemplo, del esclarecimiento del asesinato de Julia Portillo, una anciana indigente de Alcalá de Guadaíra para robarle sólo 600 pesetas (3 euros). Siete meses después, en noviembre de 1984,  detuvimos a los tres acusados del asesinato con ensañamiento y les condenaron a 30 años de prisión. 

A veces los errores judiciales son errores policiales. Si estos hombres llegan a ser inocentes y les condenan, yo no hubiera podido vivir con esa carga.

Otro crimen que tuvo mucha trascendencia fue la muerte en 1988 de Rosa de Lima Sanz como consecuencia de las torturas de una secta en Mazagón. Esta chica fue traída por su marido en estado muy grave al Hospital Macarena y la enterraron como si hubiera sido muerte natural. Un pariente de la fallecida, que era abogado, vino al juzgado a denunciar las prácticas de la secta. Al final les cayeron 25 años, era tremendo lo que hacían: obligaban a sus  seguidores beber orina de perro y les daban “vitaminas bendecidas” que eran cocaína.

— En la mortandad de 20.000 aves en Doñana la sentencia fue absolutoria

La investigación fue muy bonita porque ellos decían que era botulismo y nosotros creíamos que se debía a envenenamiento por los productos que usaban los arroceros contra el cangrejo rojo. Hicimos una inspección en todos los almacenes de la zona y, como dije en el juicio, el metil paratión se vendía como las pipas a las puertas de los colegios. El dueño de una finca era el abogado privado del rey, que iba a recibir una visita de Bruselas para unas subvenciones, sus  técnicos descubrieron que había metil paratión y se callaron.