María José Segarra Crespo, ex fiscal jefe de Sevilla (2004-2018) y ex Fiscal General del Estado (2018-2020) fue nombrada el día 11 fiscal de Sala del Tribunal Supremo para Discapacidad y Mayores. En esta entrevista hace un balance de su trayectoria profesional y analiza los retos de su nuevo cargo en la materia que "más le gusta" de la carrera fiscal.

—Usted se especializó en temas de menores desde su inicio en los años 90 en Barcelona. ¿Vuelve a sus orígenes como Fiscal de Sala del Supremo para Discapacidad y Mayores?

-Desde que ingresé en la carrera fiscal siempre he trabajado en el terreno de la protección de personas vulnerables y es cierto que hay un cierto paralelismo entre las funciones del fiscal en protección de menores y el que atiende a los mayores y personas con discapacidad. Aunque evidentemente  las necesidades de unos y otros son distintas, porque no se trata de suplir o interpretar su interés sino de atender a las personas con discapacidad de acuerdo con sus necesidades específicas para que accedan en condiciones de igualdad a la capacidad de obrar de cualquier persona en un Estado democrático y social.

Yo nunca había trabajado directamente en el ámbito de la discapacidad, pero sé que me voy a sentir cómoda trabajando en un entorno multidisciplinar, en contacto con otros profesionales: médicos, psicólogos, trabajadores sociales y de alguna forma es el espacio que más me gusta de la carrera fiscal.

— ¿En qué consiste la revolución en marcha en materia de discapacidad?

-La revolución no es de ahora, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad data de 2006 y la Fiscalía General del Estado y los fiscales llevan implicados en ello desde hace mucho tiempo. Se trata de hacer un traje a medida de las personas para que puedan desarrollar sus derechos,  sus capacidades jurídicas y que estén en condiciones de igualdad real, con las ayudas o apoyos que precisen para lograrlo.

El 45% de las víctimas mortales de violencia de género tenían discapacidad

—¿Por ejemplo que puedan votar?

-Lo de hacer realidad su derecho al voto ha sido revolucionario y muy reciente, pero esta es una materia absolutamente transversal porque en la vida tenemos infinidad de aspectos en los que no nos damos cuenta de las necesidades de otras personas. Por ejemplo en la Educación, simplemente con una adaptación curricular los menores con discapacidad puede recibir una formación plenamente integrada.

En cuanto al derecho al trabajo, hay una serie de ajustes razonables exigibles para que una persona pueda desarrollar no un trabajo ficticio, sino un trabajo productivo, insertada plenamente en la sociedad, con unas funciones enriquecedoras para ella y para la sociedad.

Es, como digo, una materia muy transversal que va a reforzar la coordinación que tenemos entre todas las áreas de la Fiscalía, también por supuesto la penal.

El número de personas con discapacidad en los centros penitenciarios es muy elevado y en violencia de género el 45% de las mujeres asesinadas el año pasado tenían algún tipo de discapacidad, por eso las secciones de violencia de género en España tienen un dispositivo específico para atenderlas.

“No me arrepiento de ninguna decisión como Fiscal General del Estado”

—¿Cuál ha sido el caso que más le ha costado?

-Siempre me he llevado a casa los temas relativos a la protección de los menores. Incluso desde mi primera etapa en Barcelona guardo los recuerdos más gratificantes de los casos en los que salieron bien las cosas y pude pensar que algún menor tuvo una mejor oportunidad gracias a mi intervención.

—¿Y como Fiscal General del Estado?

-La experiencia fue apasionante, muy interesante y me ayudó mucho a profundizar en mi conocimiento de la carrera fiscal. Lo único que puedo decir es que me siento orgullosa de seguir perteneciendo a ella. Me gustaría pensar que he podido contribuir a darle una imagen de profesionalidad y credibilidad porque se lo merecen los 2.500 fiscales que trabajan diariamente en España.

—Se ha dicho de usted que fue la Fiscal General que llegó al cargo con menos escándalo y la que se fue con más elogios...

-Creo que los fiscales generales tienen una enorme exposición pública y sin pretenderlo son objeto de un juego en el que como sociedad estamos inmersos, en una cierta campaña de descrédito institucional generalizada que entiendo que no es específicamente contra la Fiscalía, pero que la acaba dañando, de la misma forma que nos acaba dañando como sociedad ese continuo desprestigio hacia todo.

A todos los fiscales generales, como a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial o a todos los juristas que acceden a determinados cargos, se tiende a colgarles una etiqueta ideológica y a analizar todo lo que hacen con respecto a ella sin tener en cuenta su quehacer profesional. En el caso de la Fiscalía, hay todo un equipo avalando con su trabajo las decisiones que diariamente se toman.

—¿Se ha arrepentido de algo que haya hecho?

-Como Fiscal General, en absoluto. Habrá necesariamente aciertos y errores en el balance que se haga, pero en cada momento estuve convencida de las decisiones que tomé.

“No ha habido esas historias de abandono en las residencias”

—¿En la primera oleada de COVID se aprendió respecto a las residencias de mayores?

-Aunque todavía no estoy llevando la materia, creo que la primera oleada nos pilló desprevenidos a todos. Desconocíamos este virus que entró en las residencias atacando a los más vulnerables: nuestros mayores.

Desde el primer momento la Fiscalía, pese a estar en cuarentena sus componentes, asumió como un servicio esencial la coordinación con administraciones y centros residenciales y la vigilancia de la atención que recibían los mayores. Quisimos transmitir rigor y vigilancia a la par que apoyo, para que todos los implicados nos esforzáramos en mejorar, idear los nuevos protocolos sanitarios para que recibieran el tratamiento necesario. 

De la información que he recibido en el entorno provincial en el que he estado trabajando, no ha habido esas historias de abandono. Había residencias que, por sus características, eran más vulnerables: las más grandes y de más movimiento de personas por un lado, y por otra parte las más pequeñas que no tenían recursos médicos que orientaran la intervención y ayudaran a tomar decisiones. Eso motivó una mortalidad excesiva en determinados centros.

—Algunas Fiscalías abrieron diligencias penales

-Me consta que se abrieron diligencias informativas para hacer un seguimiento de la situación en cada centro residencial y que algunas Fiscalías presentaron denuncia penal pero, a tenor de las informaciones que tenemos, han sido puntuales o muy escasas.

En la provincia de Sevilla no hemos detectado ningún caso que denunciar,  ni siquiera a título de imprudencia. Ha habido un celo absoluto, buscando EPIs donde no las había y luchando para evitar el contagio. Hemos visto que, dentro de una situación de carencias, se hizo todo lo que se pudo.

—¿Qué falta en esta fase en la que estamos metidos?

-Siempre faltarán cosas ante una epidemia desconcertante que no avisa de su paso, pero yo creo que ahora hay mucho más conocimiento de cómo abordar la situación y se ha dado un paso acercando la atención médica primaria a las residencias. Debemos guardar un equilibrio entre la hospitalización y la atención en los propios centros. Las personas mayores sufren mucho en un hospital, donde no conocen sus características. Creo que es un modelo interesante la atención médica directa en las residencias. En todo caso es evidente que hay que mantener la vigilancia porque estamos en una situación de muchísima tensión sanitaria, el riesgo de desbordamiento está ahí.

— ¿Hay que llegar a otros colectivos?

-Hay un problema de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y del lenguaje, ahora que estamos metidos en una medicina de tele-asistencia y con la mascarilla puesta. En esta situación tan compleja en la que estamos, hay riesgo de que no todos los colectivos tengan acceso con las mismas facilidades a los servicios.

“La Justicia no puede parar, se debe reinventar”

—¿Cómo ha reaccionado la Justicia ante el coronavirus?

-Desde la primavera estamos todos reinventándonos, buscando otras formas de trabajo. Por ejemplo, en la Fiscalía de Sevilla las conformidades eran presenciales el jueves por la mañana. Yo, desde entonces, todavía no he tenido ninguna entrevista presencial con abogados, lo hago todo por teléfono o por mail y está siendo muy eficaz,  estoy viendo mucha colaboración por parte del Colegio de Abogados y de los letrados para llegar a acuerdos y evitar juicios y presencialidad de acusados y testigos y peritos. Estamos haciendo juicios muy complicados por videoconferencia  e incluso si se presenten problemas técnicos, hemos utilizados nuestros dispositivos personales. Me consta que ha habido declaraciones hasta por WhatsApp.

La Justicia no ha sido una de las administraciones más avanzadas en digitalización pero dentro de esa reinvención que iniciamos en marzo no hay que pensar en paralización sino en continuidad del trabajo, adaptación e imaginación. Somos un servicio público y tenemos que intentar prestarlo igual que en una situación ordinaria.

—Se va usted con las botas puestas, con su última semana en Sevilla haciendo juicios

-Volví a Sevilla para ponerme las botas, soy fiscal, me gusta mi trabajo y estoy orgullosa de serlo y de haber vuelto a trabajar en esta Fiscalía. El fiscal jefe y mis compañeros me han dado una oportunidad magnífica de reciclarme en muchas áreas de atención directa a las que ya no estaba acostumbrada al haberme dedicado muchos años a la gestión y dirección de la Fiscalía.

Para mí ha sido muy satisfactorio volver a calificar, a hacer juicios y estoy encantada de haber seguido  así hasta el último día.