La Manada

750 jueces presentan una queja ante la "presión social" contra el tribunal de La Manada

  • Estos magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos

  • Los firmantes creen que el movimiento en redes sociales contra la sentencia "denota una estructura planeada" que podría estar "alentada por activistas próximos a formaciones políticas",

Manifestación contra la puesta en libertad de La Manada Manifestación contra la puesta en libertad de La Manada

Manifestación contra la puesta en libertad de La Manada / Carlos Díaz /Efe

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Los 750 magistrados firmantes de la queja presentada ante el Consejo Consultivo de Jueces de Europa denuncian la "gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en España" y explican que "el caso consiste en que recaída recientemente una sentencia de un tribunal español (la Audiencia Provincial de Navarra) en un caso muy notorio conocido como La Manada se ha desatado una presión social contra dicho órgano jurisdiccional hasta llegar al linchamiento público".

Añaden que esto se produce "con la complicidad y aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales y sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a tan preocupantes amenazas contra la separación de poderes y el buen nombre de unos jueces injustamente atacados".

En el texto de su denuncia los jueces firmantes del mismo aseguran encontrarse "completamente desprotegidos ante las interferencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la función judicial".

La queja añade que las cuatro asociaciones de jueces y entidades cívicas como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial amparan y respaldan a los jueces pero destaca que la "gravedad y virulencia del ataque" a su independencia les obliga a dar un paso más y solicitar la efectiva protección internacional.

Por ello solicitan la cooperación del Consejo Consultivo de Jueces Europeos "para ayudar al Estado español a cumplir las normas del Consejo de Europa respecto de los jueces".

En concreto le piden que declare si la reacción del Gobierno y de los representantes del Poder Legislativo de España supone un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial y si la del CGPJ incumple uno de los informes del Consejo Consultivo de Jueces Europeos.

Asimismo, le piden a este órgano que emita una opinión dirigida al Comité de Ministros del Consejo de Europa que haga posible la solución de este problema específico y el cumplimiento en España de lo establecido por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos.

La queja, que lleva adjunta la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, explica al Consejo Consultivo de Jueces Europeos que el tribunal que dictó la resolución es "muy experimentado" y que creyó "la versión de la víctima", si bien uno de los magistrados formuló un voto particular defendiendo la absolución.

Ante esta situación, los más de 750 jueces firmantes lamentan que "la reacción fue inmediata" y a continuación pasan a recordar los comentarios de Twitter que publicaron los líderes del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, criticando el fallo. "Numerosos líderes políticos de ámbito estatal, autonómico y local se unieron a las críticas en similares términos", añaden.

También mencionan las diferentes iniciativas que se pusieron en marcha en internet en las que se pedía la inhabilitación de los tres jueces del tribunal así como las numerosas concentraciones que se celebraron en diferentes lugares de España para protestar por la condena por abuso sexual a los miembros de La Manada.

"Asimismo, se pegaron pasquines y se envió por el sistema de mensajería telefónica Whatsapp y otras redes sociales una comunicación con la fotografía y el nombre y primer apellido del magistrado discrepante al que se le tildaba de 'escoria humana' y se invitaba al receptor del mensaje a difundir su cara para que todo el mundo supiera quién era", subrayan los firmantes de la protesta.

La reacción del ex ministro Rafael Catalá, incluida en la queja

Es más, la queja también hace mención a las palabras que el ex ministro de Justicia Rafael Catalá, cuando afirmó que el CGPJ "debía revisar el voto particular" que el magistrado del voto particular, de quien dijo además que tenía un problema "singular" y que "todos lo sabían".

Para los más de 750 magistrados, la libertad de expresión que se invoca al emitir estas críticas es "incuestionable" y los jueces españoles están "acostumbrados". Sin embargo, consideran que "el derecho a criticar las resoluciones judiciales tiene unos límites", los cuales "se han trasgredido en el momento en el que se insulta a los magistrados integrantes del tribunal y se les ataca personalmente poniendo en duda su capacitación profesional".

Estructura articulada y planeada

Los firmantes creen que el movimiento en redes sociales contra la sentencia "denota una estructura planeada y articulada" que podría estar "alentada por activistas próximos a formaciones políticas", pero opinan que "lo más grave" son las declaraciones de Catalá "poniendo en cuestión la capacitación del juez discrepante y sembrando la duda sobre la eficacia de la vigilancia del CGPJ sobre la salud mental y preparación de los jueces y magistrados". Declaraciones que, según apuntan, fueron "alentadas" por la ex portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

A su juicio, "toda esta reacción en su conjunto tiene la fuerza e intensidad suficientes para influir y condicionar el ánimo de los jueces a la hora de decidir en lo sucesivo en asuntos semejantes y, en particular, en el TSJ Navarra en apelación y en el Supremo en casación cuando deban revisar la citada condena".

"La utilización política de una decisión judicial es siempre inadmisible pero, que los líderes políticos se presten a criticar una sentencia antes de haber tenido tiempo de leerla (son unos 300 folios) y que en general lo hagan, no con la pretensión de rebatir racionalmente su contenido, sino con la de imponer un relato popular de los hechos basado en el conocimiento fragmentario, mínimo y mediato (cuando no, tendencioso) de los elementos de convicción, rebasa la frivolidad y entra de lleno en la deslealtad institucional, por cuanto invita al ciudadano a cuestionar a todos los jueces y, relativizando el Estado de Derecho, reemplazar sus recursos por una pseudojusticia extrapocesal sin las garantías propias de un Estado democrático", denuncian.

Errores del CGPJ en la protección de independencia de los jueces

Por otro lado, la queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos también destaca los "graves errores que el CGPJ ha cometido en la protección de la independencia de los jueces", ya que consideran "insuficientes" las medidas tomadas. "No obstante, es difícil pretender que el CGPJ elegido por el parlamento defienda a los jueces frente a los ataques de algunos destacados parlamentarios y miembros del ejecutivo", apunta.

Ante esta situación, los más de 750 magistrados afirman sentirse "completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo en la función judicial", de modo que solicitan la cooperación del Consejo Consultivo de Jueces Europeos para "ayudar al Estado español a cumplir las normas del Consejo de Europa respecto de los jueces" y que "declare la existencia en España de un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial".

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