La crisis económico-financiera de 2008 sacudió los cimientos de la economía española y arrastró a cientos de miles de personas y empresas a la ruina. Familias enteras se quedaron en paro, y muchas veces sólo el apoyo de los mayores consiguió aliviar situaciones dramáticas. Lo mismo sucedió con los autónomos y las empresas, grandes y pequeñas, aunque fue sobre todo el tupido tejido de nuestras PYMEs el que quedó devastado, pues la mayoría de ellas carecían de recursos para reinventarse, en un escenario dantesco y sin acceso alguno a financiación bancaria.

La Ley Concursal, promulgada en 2003, quiso dotar a España de un régimen moderno y eficaz de tratamiento preventivo de la insolvencia. Sin embargo, su cuidada técnica legislativa sirvió de poco cuando se empezó a aplicar por unos Juzgados de lo Mercantil colapsados y faltos de medios. Más allá de los buenos deseos, sólo un 5% de los concursos de persona jurídica acababan en convenio (y de esos, apenas la mitad se cumplían), con lo que el mucho ruido acabó en unas escasísimas nueces: más del 97% de las empresas concursadas iban finalmente a liquidación.

La situación era incluso peor para las personas físicas. El concurso de acreedores no era solución para ellas, porque al término del procedimiento, habiéndose liquidado todos sus bienes, el particular veía cómo seguía debiendo todo el resto de deuda no satisfecha. Deuda que le acompañaría hasta la tumba, pues como dice el art. 1911 de nuestro Código Civil, "del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros". Ese precepto, base de nuestro derecho patrimonial, dejó a cientos de miles de personas y familias, damnificadas por la crisis, sin posibilidad legal de volver a emprender o reincorporarse a una vida económica normal.

La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, rompió ese esquema y abrió una vía para que los particulares sobreendeudados pudieran conseguir la exoneración total de sus deudas pasadas. Introducido como una especialísima especialidad del concurso ordinario, la Segunda Oportunidad permite a las personas físicas insolventes proponer a sus acreedores, con la intervención de un mediador, un acuerdo extrajudicial de pagos ajustado a sus específicas y reales posibilidades económicas, en el que legalmente se pueden negociar quitas ilimitadas y aplazamientos sin intereses de hasta diez años. De fracasar el intento de acuerdo, el deudor de buena fe puede solicitar al Juez competente la exoneración de todas sus deudas.

Con todas sus dificultades y limitaciones, la Segunda Oportunidad ha permitido a muchos miles de personas y familias empezar de cero. No es aún un procedimiento bien conocido, y el número de expedientes que se inician cada año en España es mucho menor que el de países de nuestro entorno. No obstante, poco a poco va calando en la sociedad y entre los juristas, con el impulso armonizador de la Unión Europea, que promulgó en junio pasado una Directiva que el Gobierno español está en trámite de trasponer al ordenamiento interno. Puede ser la ocasión, no sólo para promover y potenciar estos procedimientos, sino para resolver buena parte de las cuestiones que plantea la actual regulación, plagada de contradicciones y lagunas.

Ojalá sea así, porque todo indica que la pandemia del coronavirus dará paso a una crisis económica sin precedentes. Ya ha comenzado la avalancha de Expedientes de Regulación de Empleo, y en muchos casos directamente los despidos que, por más que quieran los demiurgos del Gobierno, no se pueden prohibir por decreto: de donde no hay, no se puede sacar. Poco más de diez años después de la anterior crisis, que sólo empezábamos a dar por superada, llega otra que previsiblemente será mucho más dura. Por eso todo indica que habrá, no un repunte, sino una nueva avalancha desbordada de concursos de acreedores de empresas y de particulares. Ojalá que, en esta ocasión, la Segunda Oportunidad pueda ser para muchas personas la vía que les permita salir a flote con la máxima rapidez posible.