No podemos entender la casi total paralización del sistema judicial bajo el lema de "no trabajar hasta la disposición de medios materiales".

Vemos el esfuerzo de muchos ciudadanos (con ERTEs cuya cuantía salarial es insuficiente para mantener a su familia), otros que todos conocemos y aplaudimos y acuden a trabajar con esos medios insuficientes y otros que se las ingenian para poder trabajar manteniendo distancias mínimas y seguridad.

Y luego miramos hacia esos que dirigen a los trabajadores de “Justicia”, funcionarios que sí gozan de sus sueldos íntegros y se incorporan (después de dos meses en su casa o un mes, en algún mínimo porcentaje de casos), a trabajar un día a la semana por las mañanas (a puerta cerrada) con un trabajo ya atrasado antes del estado de alarma y que además disfrutarán de sus vacaciones de verano.

No hacen turnos de mañana y tarde (a pesar de la propuesta), no acuden sus horas laborales, y solo celebran actuaciones que estiman esenciales. En ellas, no se contemplan audiencias previas (a las que acuden el juez y los abogados), ni tampoco las vistas cuyos señalamientos con espacio temporal suficiente evitaría la coincidencia de más de diez personas en la sala de espera.

Hay juicios que pueden celebrarse con un máximo diez personas (harto difícil que sean más) y así, a mero título de ejemplo, en los juicios en Derecho de Familia acude el funcionario, el juez , el fiscal (si hay menores) , los progenitores, procuradores (invitados de piedra que a veces se suplen) y sus abogados, es decir, un máximo de nueve personas en una sala judicial, que como abogadas bien conocemos en nuestra ciudad.

La relación de persona-espacio es mayor que en algunos lugares permitidos en la desescalada: en declaraciones judiciales de instrucción (no acuden más de cinco personas),  en fin, un ramillete de ejercicio judicial que bien podría celebrarse y no se hace.

Estos trabajadores de Justicia actualmente pasean por la calle, acuden a peluquerías, comercios, supermercados, hacen deporte y hasta visitan bares, es decir, todo aquello que permite la fase del municipio en el que se encuentren. Y las medidas de distanciamiento y presencia que afectan a esos lugares son suficiente para mantener la seguridad, pero, al parecer, no son suficientes en el ejercicio judicial.

Es obvio la notoria limitación de recursos y la existencia de otros servicios con prioridad que no dispondrán de “todos esos materiales” que requieren. Pero es que tampoco apreciamos que haya un mínimo de interés por organizarse con los medios disponibles, los tiempos y espacios para el trabajo del servicio de Justicia.

Y nos crea una gran desasosiego pensar que pueden trabajar y no lo hacen, y con ello paralizan la Justicia, los derechos de los ciudadanos, el trabajo de otros profesionales … antes de llegar a una penosa conclusión quisiéramos saber la explicación de la falta de impulso judicial.