Esta semana terminó después de casi un mes de sesiones el juicio por el caso Mercasevilla y lo hizo como empezó, al menos en lo que se refiere a las peticiones de condena para los 14 acusados. La Fiscalía de Sevilla mantuvo su petición de condena para el principal imputado, el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, que se enfrenta nada más y nada menos que a 24 años de cárcel y a otros 40 años de inhabilitación, mientras que para el resto de acusados las penas que oscilan entre los tres y cuatro años y medio de cárcel.

Se trata de una pena muy grave la que se le solicita por parte del Ministerio Público, que le atribuye un delito de prevaricación, otro de falsedad en documento mercantil y cuatro delitos de malversación de caudales públicos.

La pena solicitada para el antiguo directivo de la lonja es similar a la que la Fiscalía del Tribunal Supremo reclama por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos para el líder separatista Oriol Junqueras, el ex vicepresidente de la Generalitat que esta semana ha comenzado a ser enjuiciado en el Alto Tribunal junto a otros 11 acusados en el juicio del procés. Es más si se tiene en cuenta la petición de la Abogacía del Estado para Junqueras (12 años de cárcel), la petición de Mellet la duplica.

Y es que el conjunto de delitos y la suma de las penas que se reclaman para el ex director de la lonja suponen aritméticamente más que las que el Código Penal prevé para el delito de homicidio e incluso un asesinato. El asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, cumple, por ejemplo, una condena de 21 años y tres meses. Y qué decir de la condena de nueve años para los cinco miembros de la Manada por los “abusos sexuales” a una chica de 18 años en los Sanfermínes.

Está claro que uno y otro caso son hechos completamente distintos, pero nunca he entendido y creo que para la sociedad y la opinión pública resulta complicado digerir que un gestor de una empresa pública como Mercasevilla pueda ser condenado a una pena superior a la del asesinato. Desde el punto de vista punitivo le habría salido más rentable que lo hubiesen acusado de este delito. Las penas deben ser proporcionales al delito cometido.

Pero la Justicia la imparten los jueces, no los fiscales, y muchos añadirían que “afortunadamente”, porque en este tipo de delitos económicos o presuntamente relacionados con la corrupción pocas veces se ha visto a un representante de la Fiscalía que, una vez terminado el juicio y a la vista de las pruebas practicadas en el mismo, haya dado marcha atrás, modificando o retirando los cargos. Y luego vienen los batacazos como el que se produjo con la sentencia dictada en otra variante de este caso Mercasevilla, la relacionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos, donde los diez acusados, entre ellos el propio Fernando Mellet, fueron absueltos de todos los cargos, una sentencia que la Fiscalía no recurrió.

Pocas veces en estos delitos el fiscal modifica o retira los cargos contra los acusados

Para ser justos hay que recordar que en el caso de los ERE, que finalizó en diciembre pasado, los fiscales delegados de Anticorrupción retiraron la acusación contra uno de los 22 ex altos cargos imputados, pero esta decisión, insisto, no suele ser habitual. Sostenella y no enmendalla.

El caso sobre el que ahora deben dictar sentencia los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha llegado a juicio muy desinflado. Cuando la juez Mercedes Alaya comenzó a instruirla en 2009 junto a la investigación por la extorsión a unos empresarios hosteleros –aquí sí que se produjo la única condena a Mellet a pagar una multa de 600.000 euros por solicitar una mordida a cambio de la concesión de una escuela de hostelería–, se habló de una investigación por un “delito societario” relacionado con la gestión de la lonja. La propia Mercasevilla y el PP ejercieron la acusación particular, aunque los populares se retiraron del juicio un día antes de que arrancara la vista oral.

Pero tras siete años de instrucción, esta macrocausa quedó reducida a cuatro hechos puntuales y el delito societario no se vislumbra. Ahora se ha juzgado la realidad o no de un contrato con la empresa Hermes Consulting, el pago de unos palets por parte de Mercasevilla, una beca que la Fundación Mercasevilla abonó a la hija del presidente de la asociación de mayoristas de Pescado para que realizara un curso de diseño en Londres, y el cobro de nueve trabajadores prejubilados en el ERE de 2007 –que también se han sentado en el banquillo de los acusados– de un premio extraordinario de jubilación.

Pagos a Garzón, a una banda o a la Macarena no se cuestionan, alegan las defensas

A priori, el punto más controvertido de estos cuatro hechos puede ser el de la beca de 24.000 euros –sólo cobró 16.000 euros– concedida a la hija de los mayoristas de pescado, de la que el fiscal recordó en su informe de que no había convocatoria, ni requisitos ni acto formal de concesión.

El abogado Joaquín Moeckel, que defiende a la joven becada, estuvo acertado al recordar que la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla también pagó 6.000 euros al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una conferencia, y se preguntó “qué tiene que ver Garzón con la mejora de servicios y del mercado alimentario”.

Pero Garzón y la hija del presidente de los mayoristas no fue el único que colaboró y recibió un pago de Mercasevilla, como declaró el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, quien afirmó que todo se hizo “exactamente igual” que en otros pagos como los 1.500 euros de ayuda a la Hermandad de la Macarena, o los 2.900 a la asociación musical Virgen de los Reyes. Mellet se preguntó “por qué se pone en duda este pago, porque es la hija” del presidente de la asociación, la misma cuestión que se hizo el abogado Joaquín Moeckel. “Antonio Vela ha sido presidente de los mayoristas de pescado durante mucho tiempo y ha luchado mucho por las mejoras de los pescaderos”, pero “papá no se vende por una beca”, expresó el defensor.

Y así las defensas cuestionan por qué unos están sentados en el banquillo y otros no, si los pagos se hicieron con la misma discrecionalidad. La sentencia de la Audiencia será, sin duda, muy interesante.