Poder Judicial

El juez sevillano Alfredo de Diego, destinado en comisión de servicio a la Audiencia Nacional

  • Resolverá asuntos como las peticiones de asilo político o las sanciones impuestas por los ministros 

El magistrado Luis Alfredo de Diego

El magistrado Luis Alfredo de Diego

El magistrado Luis Alfredo de Diego, titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 10 de Sevilla, toma posesión este miércoles del juzgado central número 4 de esta jurisdicción en la Audiencia Nacional, donde permanecerá, en principio, seis meses en comisión de servicio.

La toma de posesión tendrá lugar ante el juez decano de los juzgados centrales de instrucción, Santiago Pedraz.

Luis Alfredo de Diego sustituirá a la titular del juzgado, Yolanda Fuente, mientras ésta siga ejerciendo en la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, también en comisión de servicio.

Los juzgados centrales de lo Contencioso resuelven sobre los recursos frente a actos administrativos en materia de personal dictados por ministros y secretarios de Estado, la inadmisión de peticiones de asilo político, la declaración judicial de extinción de un partido político o los actos de los órganos centrales de la Administración del Estado que consistan en ceses de actividades o privación del ejercicio de derechos.

También son competencia de estos doce juzgados centrales los recursos contra las resoluciones dictadas por los ministros y secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.

El magistrado es en la actualidad profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide. Obtuvo el grado de Licenciado en la Facultad de Derecho de Valladolid con la calificación de sobresaliente (1982). En la misma facultad se doctoró cum laude por unanimidad del Tribunal (1995).

Ingresó en la carrera judicial en 1990, siendo el alumno número 1 de su promoción, por lo que le fue concedida la Cruz distinguida de Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Desde 1998 ha participado como consultor internacional en la formación de operadores judiciales en Bulgaria, Colombia y Honduras.

Es autor de monografías sobre caducidad en el Derecho Administrativo sancionador, hábeas corpus, notificaciones administrativas por edictos o el derecho a la tutela judicial efectiva.

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