Diez años son muchos. Piensen lo que representa este periodo de tiempo en la vida de una persona. Recuerden cómo eran los cambios de década, de los 20 a los 30 años, a los 40, etc. Y ahora piensen lo que significan diez años en un procedimiento judicial. En el ámbito de la Justicia, una década es realmente una eternidad, y de ahí que se afirme, no sin falta de razón, que la lentitud de la Justicia es uno de los grandes males que afectan a este servicio público. La estructura de la Justicia es tan frágil que aspectos como un aluvión de demandas para reclamar las cláusulas suelo o la pandemia del coronavirus son capaces de lastrar a la Justicia durante años. O incluso durante décadas.

El próximo 19 de enero se cumplirá el décimo aniversario de la apertura de las célebres diligencias 174/2011, la causa matriz de los ERE que la juez Mercedes Alaya abrió a raíz de las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo de Mercasevilla y que acabó extendiéndose hasta convertirse en el peor de los epílogos posibles al final de los gobiernos socialistas que se perpetuaron durante décadas en Andalucía.

Las coincidencias han hecho que la cifra “19” haya marcado algunos de los hitos más importantes del caso de los ERE. Ese 19 de enero de 2011 se abrió la macrocausa y otro día 19, en este caso de marzo de 2013, la juez Alaya llevó a cabo la denominada operación Heracles, relacionada con el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de los ERE. Y el 19 de noviembre de 2019, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla hizo pública la sentencia del denominado “procedimiento específico” de los ERE, en el que curiosamente fueron condenados “19” ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Diez años después de que se iniciara la investigación de los ERE, la primera sentencia de la macrocausa todavía no es firme, puesto que todos los ex altos cargos condenados recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo y aún no se han resuelto estos recursos.

De hecho, fue en el mes de junio pasado cuando la Sala Segunda del Supremo emplazó a todas las defensas que han recurrido el fallo, alegando desde posibles “errores” en la apreciación de las pruebas por parte del tribunal que dictó la voluminosa sentencia –tiene 1.281 folios– hasta vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y la aplicación indebida de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que han sido condenados a penas de prisión e inhabilitación. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, decidió no recurrir el fallo, pero la Fiscalía del Supremo impugnará todos los recursos y pedirá la confirmación de las condenas.

El Alto Tribunal tiene que pronunciarse aún sobre la petición realizada por un grupo de abogados para que se celebre una vista pública para la exposición de los principales argumentos de los diferentes recursos, pero todo parece indicar que los magistrados resolverán los recursos sin convocar dicha vista.

En este sentido, en una reciente diligencia de ordenación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo –en la que se acepta entre otras cuestiones la personación en el recurso de los familiares del ex director de Trabajo Javier Guerrero, fallecido en octubre pasado–, ya se apunta a que el Alto Tribunal podría decidir sobre los recursos sin convocar dicha vista. En esa diligencia se apunta precisamente que “en previsión de que el presente recurso se resuelva sin celebración de vista”, se requiere a la defensa del ex consejero de Empleo José Antonio Viera para que responda a los demás recursos presentados.

La fecha de cuándo será firme la primera sentencia de los ERE todavía sigue siendo una incógnita. Los abogados de la defensa más optimistas consideran que el Alto Tribunal podría resolver los recursos como muy pronto antes del verano de 2021, pero lo normal es que el fallo no se conozca hasta el otoño o finales de 2021, aproximadamente unos dos años después de que se dictara la primera sentencia por la Audiencia hispalense.

Sólo dos juicios

La lentitud con la que se está desarrollando la macrocausa de los ERE, que por otra parte resulta comprensible al menos en lo que se refiere a las piezas principales, como la del juicio de los ex altos cargos –otras piezas de ayudas individuales requieren una instrucción menos compleja–, se está trasladando a la fase de enjuiciamiento, entre otros motivos por la situación de colapso en la que se encuentra la Audiencia de Sevilla. La Audiencia sólo tiene cuatro secciones Penales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima), pero esta última, la Sección Séptima no puede celebrar juicios de los ERE porque es la Sala que desde hace una década lleva resolviendo todos los recursos durante la fase de Instrucción.

Después de una década de instrucción, sólo se han celebrado dos juicios, el del procedimiento específico y el de las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que se ha enjuiciado un año después del juicio a los ex altos cargos y que ha quedado visto para sentencia el pasado 22 de diciembre, con lo que la sentencia tardará aún en conocerse y, además, puede ser recurrida igualmente ante el Tribunal Supremo.

Tras estos dos lustros, el panorama del caso de los ERE no es nada halagüeño, porque no debe olvidarse que actualmente el juez José Ignacio Vilaplana, que asumió la instrucción de las macrocausas tras la renuncia de la titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños, tiene abiertas más de un centenar de piezas por las ayudas de los ERE, que pueden traducirse en otro centenar de juicios. Y al ritmo de celebración de las vistas por parte de la colapsada Audiencia de Sevilla, el enjuiciamiento puede prolongarse durante muchos años.

La muerte de algunos acusados

Y esta lentitud de la Justicia en el caso de los ERE no es gratuita. Además de que algunos de los investigados pueden fallecer, como ha ocurrido con el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero –hay casi una veintena de investigados que han fallecido en estos años en un proceso en el que hay más de 500 personas investigadas–, la demora en la celebración de los juicios puede traducirse en la aplicación de una circunstancia atenuante para los acusados por las dilaciones indebidas del procedimiento, una figura contemplada en el Código Penal.Pero el retraso en el enjuiciamiento de las macrocausas no afecta únicamente a los ERE, sino que también está ocurriendo en otros procesos como el de las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA.

Los efectos del Covid

La saturación de la Audiencia ha obligado a fijar el segundo juicio de Invercaria para el 13 de septiembre de 2021, lo que supone que la vista oral arrancará dos años después de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla elevara a la Audiencia las actuaciones una vez concluida la investigación. En este caso, los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla dictaron en mayo pasado un auto en el que lamentaban que no podían fijar el inicio del juicio por la pandemia del coronavirus y la “negativa incidencia en los no pocos señalamientos ya suspendidos de este tribunal”.

Ese señalamiento no ha podido efectuarse hasta que se alzó el estado de alarma y se reordenó la agenda de los señalamientos preferentes, las causas con presos, dado que en el caso Invercaria, al igual que en los ERE, no se mantiene ninguna prisión provisional –en Invercaria nunca las ha habido– desde que arrancó la instrucción. En ese auto, la Sala anticipaba ya los “indudable efectos negativos” de la emergencia sanitaria del Covid-19 en una “ya maltrecha administración de Justicia, de manera que es más que posible que ni siquiera los titánicos esfuerzos de todos los operadores jurídicos logren el objetivo de dar una respuesta en tiempo razonable a las pretensiones de la sociedad y de los ciudadanos”.

Decía en esa resolución Carlos Lledó, presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia, que la situación se agrava en procesos como el Invercaria, en los que no concurre ninguna circunstancia que le otorguen un carácter preferente, por lo que el magistrado hacía un llamamiento a la colaboración de todas las partes, “que en nuestra vetusta ley procesal siguen teniendo a su alcance no pocos expedientes y vías para dilatar sine díe la celebración del juicio, en detrimento, lógicamente, de los acusados, pero también de toda la sociedad, que demanda una respuesta que, en el sentido que fuere, permita restablecer la paz social frente a eventuales o posibles ilícitos que generan no poco desasosiego”.

Este décimo aniversario de los ERE que se cumple en uno días no será lamentablemente la última efeméride de las macrocausas, porque todavía queda caso para rato.