La Audiencia de Sevilla ha condenado a 13 personas a penas de entre 23 meses y dos años y medio de cárcel, por un delito contra la salud pública relacionado con un punto de venta de cocaína y hachís que funcionaba "las 24 horas del día" en la barriada hispalense de Los Pajaritos. No obstante, sus penas de prisión quedan suspendidas a condición de que no vuelvan a cometer delitos y, en algunos de los casos, a que inicien o continúen los correspondientes tratamientos frente a su adicción.

En una sentencia emitida el pasado 14 de diciembre, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla declara probado, de conformidad con los inculpados, que agentes de la Policía Nacional, tras una investigación de cuatro meses de duración, desmantelaron en el barrio de Los Pajaritos, la segunda barriada de España con menor renta neta media anual por persona; "un punto de venta de sustancias tóxicas (cocaína y hachís) gestionado por los acusados, que previamente concertados entre sí, con una concreta y coordinada distribución de funciones, se dedicaban a la venta, transporte y distribución de sustancias estupefacientes a terceros a cambio de una cantidad de dinero no determinada".

El punto de venta, según la sentencia, era gestionado por el acusado Jordi N.C. y la pareja de éste, la también acusada Laura del Carmen T.R., quien realizaba "funciones de reabastecimiento del punto de venta"; mientras "los encargados de guardar, abastecer y distribuir la droga en el punto de venta" eran los inculpados Miguel Ángel R.G. y su Mujer, Jésica T.B., trasladando la droga "directamente de un punto a otro en un vehículo Renault Megane".

Los encargados de la venta directa de las sustancias estupefacientes en el interior del inmueble y del control y seguridad del punto de venta, según la sentencia, eran los acusados Rubén G.V.; Francisco Javier N.C., Cristian N.C., Jaime L.R., Alejandro C.V., Marcelo G.O. (investigado aún no detenido), Francisco Javier G.R., Luis Carlos F.L. y Francisco José S.M., así como "múltiples personas toxicómanas que no han podido ser identificadas que avisaban de la presencia policial en las cercanías del punto de venta, que funcionaba "las 24 horas del día".

La sentencia declara además que a la fecha de los hechos, todos los encartados "eran consumidores de sustancias tóxicas", atribuyéndoles un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Dado el caso, y de conformidad entre la Fiscalía y los acusados, el tribunal condena a Jordi N.C. y a Miguel Ángel R.G. a dos años y medio de cárcel y sendas multas de 40.000 euros; a Laura del Carmen T.R. y Jésica T.B. a 23 meses de prisión y multas de 30.000 euros; y a Rubén G. V., Francisco N.C., Cristian N.C., Jaime L.R., Alejandro C.V., Francisco G.R., Francisco José G., Luis Carlos F.L.C. y Francisco Javier S.M. también a 23 meses de prisión y multa de 30.000 euros.

Sin embargo, el tribunal acuerda suspender todas estas penas de cárcel, a condición de que los condenados no vuelvan a cometer delitos en determinados periodos y, en algunos de los casos, que inicien o continúen los correspondientes tratamientos frente a su adicción.