Cinco miembros  de una misma familia han sido condenados a dos meses y medio de cárcel por intentar expoliar el yacimiento de Montemolín en Marchena. Aunque la Guardia Civil les sorprendió a dos kilómetros del yacimiento tartésico, el juez de lo Penal considera demostradas sus intenciones por las circunstancias “ciertamente inequívocas” en las que se encontraban.

Dice el juez que eran las 10 de la noche, había luna llena, los acusados estaban en el “único acceso al yacimiento” y en el maletero de su coche llevaban detectores de metales y azadas. Ninguno de ellos pudo dar una explicación razonable de su presencia en aquel lugar a aquella hora.

El yacimiento de Montemolín es uno los más expoliados de Andalucía en los años 80 y en la actualidad está declarado Bien de Interés Cultural dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, los acusados -tres hermanos y otros dos familiares- fueron sorprendidos sobre a las 21:50 horas del 19 de septiembre de 2016 a bordo de un vehículo llevando en el maletero detectores de metales y unas azadas “con las que pretendían horadar la zona protegida en busca de restos”, aunque fueron descubiertos por la Guardia Civil cuando aún no se habían bajado del vehículo y se hallaban a unos dos kilómetros del yacimiento.

Al principio dijeron a los agentes que se habían equivocado e incluso afirmaron que se dirigían a la playa, pero finalmente reconocieron que iban al yacimiento. Según la sentencia, “ninguno de los acusados supo dar razón o justificación alguna de su presencia en las inmediaciones del yacimiento en las condiciones indicadas” y los agentes explicaron “de forma precisa" las “circunstancias ciertamente inequívocas” en que fueron sorprendidos, entre ellas el hecho de que era “el único acceso libre al yacimiento”. 

Los cinco acusados son condenados por un delito intentado contra el patrimonio histórico a una condena de dos meses y 15 días de prisión que se sustituye por cinco meses de multa con cuota diaria de seis euros (900 euros), importe que el juez entiende “asequible a economías modestas o medias”.

La sentencia responde a una de las alegaciones de la defensa diciendo que “no se produjo indefensión alguna“ a los acusados por el hecho de que su interceptación se produjese en septiembre y no en julio, fecha que recogía el escrito de acusación del fiscal “por una confusión o error material”.