AEDIVE ha presentado en el salón de actos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su Anuario de Movilidad Eléctrica que echa un vistazo al 2022 en relación al mercado de los coches eléctricos, mientras que plantea los objetivos del sector de cara a 2023.

Así, uno de los datos más relevantes aportados ha sido el de las infraestructuras de recarga públicas, de las que hasta ahora no se tenían datos fiables ni oficiales. Según AEDIVE, 2022 cerró con 21.573 puntos de recarga públicos operativos en territorio español, de los que el 65 por ciento son de más de 22 kW de potencia y de estos, el 30 por ciento son rápidos y de alta potencia hasta 400 kW, lo que deja en entre dicho a quienes señalan que la mayoría de los puntos de carga de acceso público disponibles son de baja potencia.

El documento destaca que sólo en 2022 se instalaron 8.200 puntos de recarga nuevos, lo que ha supuesto un crecimiento de un 38 por ciento de las infraestructuras de recarga pública operativas en España. Además, se instalaron otras 7.400 públicas que, por el momento, no han sido puestas en marcha por problemas de concesión de licencias por las administraciones y de las compañías de distribución de energía. De haber pasado a ser operativas el incremento de puntos de carga hubiese alcanzado el 54 por ciento.  

La baja utilización de las infraestructuras de carga públicas hace muy difícil su amortización a corto y medio plazo.

Por otro lado, la media de uso en 2022 fue de 10.000 kWh por punto de carga, mientras que su ocupación fue de un 4,5 por ciento del tiempo. Esto equivale a una utilización por cada punto instalado de poco más de una hora cada día y, en cuanto a energía distribuida y si contemplamos una carga media de 50 kWh, apenas la recarga de unas 200 baterías cada año. Estos datos, por si mismos, desdicen a quienes afirman que el problema para el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos está en la falta de puntos de recarga, dada la baja utilización que el parque actual de este tipo de coches hace de las infraestructuras ya existentes.

En cuanto a ese parque, 2022 cerró con un total de 325.675 vehículos eléctricos matriculados de toda tipología, lo que implica que ya se han sobrepasado los objetivos de matriculaciones previstos por el Gobierno para 2023, de 250.000 unidades.

Estos son los números del parque de vehículos eléctricos y las infraestructuras de carga pública.

Un análisis de la matriculación de vehículos eléctricos y de instalación de puntos de recarga públicos durante el año pasado evidencia que el porcentaje de infraestructuras instaladas fue mayor -el 38 por ciento ya relatado- que las ventas de vehículos eléctricos -31 por ciento-.

Asimismo, las ventas de VO de eléctricos fue de 15.114 unidades, con una media de antigüedad de 2,8 años, siendo los que tenían un año los que mayor porcentaje de ventas tuvieron, con un 27 por ciento.

Un 8 por ciento de los vehículos con etiqueta cero circulantes forma parte de flotas de alquiler por horas.

Por otro lado, el 8 por ciento de los vehículos con etiqueta cero matriculados en España (coches y motos) hasta 2022 pertenecen a servicios de movilidad compartida, en especial en el motosharing.

Uno de los sectores más destacados en el informe ha sido el de los fabricantes nacionales de puntos de recarga, una industria que facturó en 2022 300 millones de euros y exportó el 87 por ciento de su producción.

Quienes compran un eléctrico tienen donde recargar

Un cuestionario llevado a cabo por AEDIVE en colaboración con sus socios reveló que el 86 por ciento de los encuestados tiene su punto de carga vinculado en el hogar o lugar de trabajo y el 92 por ciento no ha tenido nunca problemas con la batería del vehículo.

Asimismo, un 83 por ciento de los usuarios considera que los concesionarios no están preparados para la venta de vehículos eléctricos y que la mayor dificultad a la hora de comprarlos es el precio de venta por delante de la infraestructura de recarga.

Un 63 por ciento, además, considera que las ayudas del Moves son adecuadas para incentivar la compra de vehículos eléctricos, aunque “mejorables”, destacando la necesidad de que dicha ayuda se perciba de forma inmediata en la compra.

En relación al Moves, sólo un 58 por ciento de los usuarios no tuvo problemas con la tramitación de las ayudas aunque de éste porcentaje, un 37 por ciento no las gestionó directamente, sino a través de concesionarios o las empresas de renting. Por otro lado, a un 42 por ciento no les resultó sencilla la tramitación.

Andalucía es, por puntos de recarga (2.683), la tercera comunidad autónoma y, si se cumplen las previsiones de crecimiento entre 2023 y 2030 -26.700 puntos-, mantendrá ese puesto en siete años con casi 30.000 infraestructuras de acceso público

En cuanto a las infraestructuras de recarga, un 85 por ciento de usuarios señaló que hoy en día sí se puede viajar por España en vehículo eléctrico, si bien un 37 por ciento señala que hay comunidades autónomas por las que no resulta sencillo todavía.

Entre los mensajes transmitidos por el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia, destaca el de que hay una "realidad geopolítica que nos obliga a ser más autosuficientes respecto a la compra de combustibles fósiles a terceros países.

Asimismo, puso énfasis en la necesidad de promover reformas fiscales que den señales claras al usuario en la compra de los vehículos eléctricos, porque “estamos muy lejos del objetivo a 2030 de 5 millones de vehículos eléctricos y no podemos bajar la guardia si queremos que el sector de la automoción en España se mantenga fuerte y que alcancemos los objetivos de descarbonización en el transporte establecidos en el PENIEC”.

AEDIVE reivindica la necesidad de una homologación en las normas que regulan los servicios de movilidad compartida.

Del mismo modo, felicitó a la Secretaría de Estado de Energía por la labor realizada en torno al grupo de trabajo de infraestructuras de recarga para resolver los problemas derivados de la instalación y operación de este tipo de equipos, pero instó a tratar de acelerar la eliminación de barreras. En lo que atañe a los servicios de movilidad compartida, aludió a la necesidad de impulsar una homologación regulatoria a nivel de ayuntamientos y a la colaboración público-privada para que las decisiones que se tomen en la administración pública estén armonizadas con las capacidades de las empresas operadoras y no haya concursos públicos incoherentes o mal diseñados.