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Johnson afirma ahora que solicitará una prórroga del ‘Brexit’ si no hay acuerdo

  • La oposición teme que el primer ministro británico guarde un as en la manga para evitar retrasar la fecha de salida de la UE.

  • Una fuente de Downing Street reitera que la marcha se hará el día previsto.

Captura de vídeo que muestra la intervención del primer ministro, Boris Johnson, en la Cámara de los Comunes.

Captura de vídeo que muestra la intervención del primer ministro, Boris Johnson, en la Cámara de los Comunes. / Efe

El Gobierno británico está dispuesto a cumplir la ley y solicitar una extensión de la fecha de salida de la UE si para el día 19 no logra un acuerdo con Bruselas, pero la oposición teme que guarde un as en la manga para evitar retrasar la fecha de partida.

Según los documentos remitidos este viernes por el Ejecutivo de Boris Johnson al Tribunal de Sesiones de Edimburgo, el Gobierno se compromete, en línea con la legislación, a pedir por carta a Bruselas una prórroga que evite una ruptura abrupta el 31 de octubre.

Éste fue el argumento en que el Gabinete de Johnson ha basado su defensa durante la vista para valorar las consecuencias legales que podría asumir el primer ministro conservador si forzara un divorcio por las bravas, lo que incluiría la imposición de una multa y hasta una posible pena de prisión.

El caso, sobre el que el juez Lord Pentland se pronunciará el próximo lunes, está motivado por la demanda presentada por la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación anti Brexit The Good Law Project, Jolyon Maugham. Los demandantes temen que, pese a haber asegurado que se respetará la ley, el Gobierno busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicita la prórroga, evitar que ésta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada del club comunitario.

Una fuente de Downing Street ha confirmado que el Gobierno cumplirá la norma aunque reiteró que el Brexit se producirá el día 31, como está previsto. Acerca de la legislación, ha dicho que "sólo impone un deber específico muy estricto con respecto a la carta del Parlamento solicitando una extensión" y su contenido, ha precisado, "puede ser interpretado de maneras diferentes". "Pero la ley no impide que el Gobierno haga otras cosas que no impliquen extensiones, incluidas otras comunicaciones, privadas y públicas", ha asegurado la fuente.

En declaraciones a los medios a la salida de la corte, Maugham ha afirmado que su "preocupación" y la de sus compañeros se basa en el hecho de que "no se puede confiar en este primer ministro". "Está haciendo declaraciones contradictorias y no confiamos en que hará lo que le ha dicho al tribunal. Por eso queremos que el tribunal dicte órdenes que le obliguen a hacerlo y, si no lo hace, que afronte consecuencias legales en el ámbito personal", señaló.

Ésta ha sido la línea argumental que ha seguido el letrado de los demandantes, que durante la vista ha hecho referencia a las declaraciones en las que Johnson recalcó que preferiría "estar muerto en una zanja" antes que solicitar una extensión.

La ley aprobada por el Parlamento en septiembre establece la necesidad de pedir una prórroga de las negociaciones si no hay consenso para el 19 de octubre, después de que se celebre el Consejo Europeo que serviría para dar el visto bueno a un eventual pacto.

Además, el Tribunal de Sesiones celebrará otra vista el martes para determinar si la Justicia podría activar el mecanismo legal nobile officium, que sólo existe en Escocia y contempla adoptar el papel del primer ministro para solicitar una extensión del Brexit si Johnson se negase a hacerlo. De darse esta situación sin precedentes, la carta sería firmada por el secretario del juzgado.

El premier ha remitido a la UE una propuesta de acuerdo con la esperanza de que pueda servir para negociar un tratado de salida. Su principal medida se centra en sustituir la polémica salvaguarda destinada a evitar una frontera física en la isla de Irlanda.

Si bien Bruselas todavía estudia el plan, Dublín ya ha expresado su oposición al indicar que no cumple los objetivos acordados para la salvaguarda.

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