La ex presidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo ha obtenido la libertad bajo fianza y ha salido del hospital militar en el que permaneció bajo arresto durante ocho meses acusada de supuesto fraude electoral cometido en 2007. Pocas horas después de que un tribunal de Manila emitiera la orden judicial, previo depósito de una fianza de 19.683 euros, la ex jefa de Estado que hasta no hace mucho se valía de una silla de ruedas para desplazarse, cruzó por su propio pie la puerta de salida del Hospital de Veteranos.

Macapagal Arroyo reapareció llevando puesto el collarín en torno al cuello que desde hace muchos meses porta a causa de una rara dolencia en la columna vertebral. La ex mandataria se desplazó nada más salir del centro hasta su lujosa residencia situada a las afueras de la capital filipina tras eludir a lo largo del trayecto a varias decenas de personas, que molestas por su liberación, intentaron bloquear el vehículo en el que viajaba.

La orden de liberarla fue dictada por el juez Jesús Mupas del Tribunal de Pasay, en Manila, después de que los abogados de la ex presidenta se personaran con la documentación que defendía la inconsistencia de las pruebas inculpatorias. "La fiscalía no ha sido capaz de reunir las suficientes pruebas para demostrar que participó en una conspiración. Por lo tanto, a la acusada Gloria Macapagal Arroyo se le permite pagar una fianza de un millón de pesos para su libertad provisional", señaló Mupas en el auto judicial.

La liberación de Macapagal Arroyo, que gobernó Filipinas de 2001 a 2010, supone un revés para el actual presidente, Benigno Aquino, quien ha reiterado que su objetivo es perseguir las presuntas irregularidades cometidas por su antecesora y otras personas de su entorno. La victoria de Aquino en las elecciones presidenciales de 2010 propició la apertura de algunos de los supuestos casos de corrupción surgidos durante el mandato de Macapagal Arroyo, quien mientras gobernó sorteó todas las tempestades políticas que se desataron a raíz de estos.

El portavoz presidencial, Edwin Lacierda, señaló que el Ejecutivo aceptaba la decisión de la Justicia, aunque puntualizó que mantiene en vigor su campaña destinada a eliminar la corrupción, una práctica que lastra el desarrollo de Filipinas. "La lucha contra la corrupción continúa. Seguiremos persiguiendo a aquellos que han saqueado las arcas del Estado. Esto no va a desalentarnos", destacó.

Según el portavoz presidencial, un equipo de asesores jurídicos del Ejecutivo sopesan interponer un recurso contra la decisión del juez de libertar a la ex presidenta, de 65 años y quien sucedió al frente de la jefatura de Estado a Joseph Estrada, condenado a cadena perpetua por corrupción, aunque después fue amnistiado. La ex mandataria fue detenida el pasado noviembre tras ser acusada formalmente de manipular el resultado de los comicios legislativos de 2007, un delito para el que la legislación penal contempla la pena de cadena perpetua.

Según la fiscalía, Macapagal Arroyo ordenó alterar el resultado de la votación en la convulsa provincia de Maguindanao para favorecer a los candidatos de su partido, con la complicidad de Andal Ampatuan, un poderoso cacique que por entonces desempeñaba el cargo de gobernador. Ampatuan también está siendo juzgado por su presunta implicación en la matanza, en 2009, de 57 personas vinculadas a su principal rival político a nivel provincial. El portavoz del Tribunal Anticorrupción, Renato Bocar, señaló a la prensa que todavía pesa sobre Macapagal Arroyo otra acusación por la supuesta malversación de 365 millones de pesos (7,18 millones de euros ó 8,7 millones de dólares) de las arcas de la lotería estatal. Bocar precisó que la causa pendiente impide a la imputada abandonar el país.

También se tramita contra la ex mandataria otra acusación de corrupción y tráfico de influencias en relación a un contrato estatal para la instalación de una red nacional de internet de alta velocidad con la empresa china ZTE. Macapagal Arroyo anuló el contrato con ZTE en 2007, unos meses después de firmarlo, cuando se denunciaron presiones e irregularidades en la adjudicación de la obra, que según declaró el ingeniero que analizó el proyecto, había sido sobre valorada en al menos 200 millones de dólares.. Hasta el momento, ninguno de los delitos atribuidos a Macapagal Arroyo y a su esposo, el empresario José Miguel Arroyo, han sido probados en un tribunal de justicia.