Los empresarios mexicanos Luis Fernando y Julio Mauricio Amodio decidieron la semana pasada desistir de participar en la oferta vinculante para comprar la filial operativa del grupo Abengoa, Abenewco 1, que iban a presentar junto a EPI Holding/Ultramar Energy y la sindicatura Abengoashares, principal accionista de la multinacional sevillana fundada en 1941 y que cuenta con más de un 21% de los derechos de voto del capital social. Aunque su retirada es “temporal”, según explicaron en un comunicado que mandaron a los medios de comunicación de su país, lo cierto es que al no participar han hecho inviable la oferta tal y como estaba planteada desde el 8 de abril, al menos de momento y a la espera de ver si los dos socios restantes son capaces de formular la propuesta vinculante sin Caabsa, la matriz del grupo de los Amodio, o con otro socio. La oferta no vinculante consistía en facilitar 200 millones a Abenewco 1, entre préstamos, bonos y capital, además de otros 50 millones en avales.

Para explicar su retirada, los empresarios mexicanos argumentan los riesgos hallados en Abenewco 1 tras hacer una due diligence para conocer el estado de la parte operativa del grupo Abengoa. Entre esos riesgos están la dificultad para deparar las filiales operativas de la matriz, que está en concurso voluntario, pues hay que contar con el beneplácito del administrador concursal, EY Abogados, y el juez Mercantil Miguel Ángel Navarro, además de asegurarse de que se puede mantener la empresa en funcionamiento, lo que exige la aprobación de las cuentas en junta general.

Otro de los riesgos que ven es que hay que hacer frente a unos gastos de cerca de 30 millones de euros de obligaciones generadas por anteriores consejos de administración de Abengoa. Unos 27 millones que cobrarían distintas firmas consultoras o despachos de abogados, por trabajos encargados por los dos últimos consejos de administración sujetos a que la reestructuración se lleve a éxito. Y otros tres millones en blindajes. 

Blindajes

En concreto, si la primera oferta no vinculante, y la única que por ahora queda, no es la que se acepta, Terramar Capital tiene firmada una compensación de 400.000 euros. No es el único blindaje. Según los datos que los Amodio obtuvieron en la due diligence, afirmaron fuentes conocedoras de los mismos, el presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo, y el secretario no consejero, Mario Pestaña Sartorius, incluyeron en sus contratos cláusulas de cambio de control, con lo que si cualquiera de los dos ofertantes, u otro que llegue después, compra el grupo, las indemnizaciones a pagar sumarían otros dos millones y medio de euros. Las fuentes consultadas no concretaron la cuantía que cada uno de ellos recibiría.

Este proceder ha causado malestar en el seno de la oferta que unía a inversores mexicanos y accionistas, porque no comparten que se hayan aplicado este tipo de blindajes en una empresa que necesita imperiosamente su refinanciación, que tiene 14.000 empleos en peligro de desaparecer, 3.000 de ellos en España, y que es propiedad de unos partícipes que, si no lograr hacerse con un porcentaje significativo de la filial operativa, perderán toda su inversión. Consideran que no es de recibo tratar de sacar un beneficio millonario personal, sobre todo teniendo en cuenta que nada más ser elegido, el consejo traicionó a los accionistas que les eligió.  

Los inversores tras Terramar

Salvo sorpresa de última hora –el tiempo corre en contra del líder de Abengoashares, Clemente Fernández González, que intenta suplir a sus socios para formalizar la segunda oferta–, Abengoa tendrá que decidir qué hace con su filial operativa para evitar el concurso de todo el grupo sólo con la oferta de Terramar Capital sobre la mesa, siempre que sea cierto que esa oferta es vinculante, ya que a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo que se le ha comunicado en una información privilegiada es una “oferta final”, que apenas se detalla, y que se limita a repetir el montante global de la refinanciación, 200 millones de euros, que ya se conocía de la oferta no vinculante hecha en marzo. Contradictoriamente, la “oferta final” apenas concreta nada frente a la no vinculante que al menos sí detallaba la cuantía que era préstamo, 150 millones, y la que era capital, 50 millones a cambio del 70% de Abenewco 1.

Son tan pocos los datos que hay sobre esta oferta y tantas las dudas que genera Terramar, dada su trayectoria en EEUU, que dentro de Abengoa se veía esa oferta en las últimas semanas como un instrumento para provocar una subasta con los Amodio y sus entonces socios para que mejorasen las condiciones de la refinanciación. Pero justo después de que se cayesen los dueños de Caabsa de la oferta, el discurso de los consejeros de Abenewco 1 varió por completo. Si antes les decían a los directivos que les convenía que las dos ofertas compitieran entre sí, desde el pasado miércoles, variaron el argumentario y hasta la banda sonora. Ahora sueñan con California y Terramar es la solución que garantiza el empleo, la localización en Sevilla y la unidad del grupo, que no se despiezaría. Así se lo han dicho López-Bravo, Álvaro Polo y Fernando Vázquez de Lapuerta –consejeros de Abenewco 1– y el secretario Pestaña tanto a los principales directivos del grupo el miércoles a última hora de la tarde como al comité de empresa el jueves por la mañana.

La trayectoría de Terramar no es precisamente ésa. Sino que su proceder habitual consiste en ofrecer financiación con condiciones leoninas y si no se le aceptan, los californianos compran la deuda para forzar la quiebra y el despiece, que da más rendimiento económico que reflotar la compañía en dificultades. Terramar, además, representa normalmente a otros inversores. En el caso de Abengoa nunca se han concretado en las comunicaciones al mercado hechas ante la CNMV.

Pero a los directivos sí les han dicho que tras Terramar está un financiador denominado Sherman. Los directivos no han logrado esclarecer exactamente qué grupo financiero es. Máxime cuando al buscar referencias aparecen distintas corporaciones financieras de nombre Sherman. Y cada una de ellas tiene distintas especialidades. Eso sí, sólo una de ellas, Sherman Financial Group, tiene una trayectoria común con Terramar Capital en varios procesos de bancarrota en Estados Unidos.  

Denuncias por acoso a los deudores

De confirmarse que Sherman Financial Group es quien está detrás de Terramar Capital, los antecedentes son preocupantes. Se trata de un grupo dedicado al recobro de deudas que tiene un reguero de denuncias en su país de origen. LVNV Funding, Resurgent Capital, y Alegis Group son tres sociedades que tienen por matriz a Sherman Financial Group y la misma actividad. Compran deuda, fundamentalmente de tarjetas de crédito pero también de créditos al consumo a entidades financieras, financieras de empresas de telefonía o financieras de préstamos a estudiantes con descuentos brutales (céntimos por cada dólar) y reclaman a los deudores (llamadas telefónicas, cartas) o demandan a los deudores para cobrarlas. En EEUU les han acusado de prácticas abusivas al incorporar los intereses de la deuda al principal en las reclamaciones judiciales realizadas.

Sherman Financial Group acumula decenas de miles de reclamaciones de consumidores por prácticas abusivas, multitud de demandas y acuerdos extrajudiciales millonarios para evitar condenas. A octubre de 2018, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) había recibido más de 3.600 quejas relacionadas con las prácticas de cobro de deudas de Resurgent Capital Services. Como ejemplos de las quejas comunes contra Resurgent Capital, consumidores relatan:  “La empresa [Resurgent] me llama al menos 10 veces al día, a veces en sucesión repetida, una tras otra. Le he aconsejado a través de representantes que deje de llamar en este momento debido al método de acoso y que manejaría la deuda a través de correspondencia en papel o un método legal ".

The New York Times se hizo eco de las prácticas del grupo, que no le dejan en buen lugar. Y no es el único reproche público. El fiscal general de Nueva York calificó a este tipo de empresas y concretamente a Sherman Financial Group como “cobradores de deuda y prestamistas que se aprovechan indebidamente de los neoyorquinos en tiempos difíciles”.

“Los cobradores de deudas deben seguir las mismas reglas que el resto de nosotros cuando presentamos demandas; en este caso, demandar por deudas que no eran ejecutables en primer lugar”, declaró el fiscal general Schneiderman. “Cuando este tipo de prácticas ocurren a una escala tan grande, los neoyorquinos trabajadores sienten el dolor, por una suma enorme de 16 millones de dólares solicitada a en casi 3,000 personas. En este caso y en otros, mi oficina continuará buscando a los cobradores de deudas y prestamistas que se aprovechan indebidamente de los neoyorquinos en tiempos difíciles", agregó el fiscal.