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Análisis

Manuel Chaves

Ex presidente de la Junta de Andalucía

Andalucía, igualdad y centralidad

Fue Andalucía quien asumió la responsabilidad de orientar el proceso autonómico hacia la igualdad

Andalucía, igualdad y centralidad Andalucía, igualdad y centralidad

Andalucía, igualdad y centralidad

En un tiempo de incertidumbres y de escenarios inciertos, este 28-F me ofrece la oportunidad de reiterar lo que he dicho en otros momentos: la confianza en un sistema autonómico como uno de los aciertos históricos de la España actual. La modernización de nuestro país, su desarrollo económico y de las infraestructuras, el Estado del bienestar y la cohesión territorial no se entienden sin el proceso de descentralización política que tuvo lugar a partir de la Constitución Española de 1978. Pocos pueblos, en estados democráticos, han alcanzado el nivel de autogobierno reconocido a las autonomías en España.

Andalucía asumió la responsabilidad de orientar el proceso autonómico hacia la igualdad de todos los territorios. Fue su gran contribución histórica. Ello fue posible por la visión política de sus dirigentes pero también porque la autonomía andaluza tuvo su "legitimidad" de origen en la movilización social impulsada por el cambio democrático en España. Gracias a la autonomía, Andalucía rompió la linea divisoria entre el norte y el sur, se modernizó y alcanzó niveles de bienestar que le habían sido negados hasta entonces. Lo que no exime de reconocer carencias y graves déficits aun sin resolver.

A lo largo del proceso autonómico, Andalucía se situó en una posición de "centralidad" política en el conjunto del estado español. La moderación, la población, su posición estratégica y el esfuerzo por la igualdad territorial, facilitaron una interlocución eficaz y reconocida ante el Gobierno del Estado y las demás autonomías. Han pasado 40 años desde el inicio de la autonomía andaluza, perspectiva suficiente para dejar a los historiadores la interpretación de lo que represento la andadura autonómica. Lo escribo porque estamos asistiendo actualmente a un intento de "revisionismo" de la autonomía; simplemente, para reescribir el papel y la falta de compromiso autonómico de la derecha andaluza en el inicio de la autonomía

¿Cuál es el futuro del Estado autonómico? La crisis financiera de los años 2007 y 2008, junto a otros factores, distorsiono el escenario político y la credibilidad ciudadana en las instituciones democráticas y autonómicas. Además, a lo largo de estos años se han producido en el sistema autonómico confusión y conflictos en el ejercicio de las competencias, deslealtades reciprocas y preocupación ciudadana por la desigualdad en la prestación de los servicios públicos. Las encuestas señalan que muchos jóvenes están menos interesados que sus mayores en la política, lo que se refleja también en la valoración de las instituciones autonómicas. Existen, por otra parte, fuerzas políticas presentes en el Parlamento nacional y en los autonómicos que están abiertamente en contra del estado autonómico.

Hay muchas razones, entre ellas la cuestión catalana, para abrir la reflexión sobre el futuro del Estado autonómico. Aunque la palabra "pacto" está muy manida, quizás sea necesario plantear un "pacto de renovación autonómica" que, entre otros aspectos, afronte los mecanismos necesarios para garantizar la confianza entre las administraciones; delimite con precisión el reparto competencial y articule definitivamente un sistema de financiación que asegure a todos los españoles, vivan donde viva, la igualdad a través de la prestación de los servicios públicos fundamentales. Es decir, partiendo del actual nivel de autogobierno, hacerlo más eficiente y cercano a los ciudadanos.

No pretendo caer en el voluntarismo. Soy consciente de que, hoy por hoy, no se dan las condiciones para este pacto. Las dificultades radican en los intentos de desestabilización del Gobierno, la necesidad de que Andalucía recupere la centralidad política perdida, la existencia de gobiernos autonómicos, como el andaluz, que dependen de partidos políticos contrarios a las autonomías y, junto a ello, la necesidad también de encauzar el problema catalán en el marco constitucional. Pero estas circunstancias, en todo caso, deben servir también para motivar la necesaria reflexión.

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