Puede resultar excesivamente contundente iniciar estas líneas con la afirmación de que nuestras sociedades poseen una sobrecarga de problemas y tensiones, que se liberan cuando acontecimientos dramáticos imprevistos hacen aflorar fracturas políticas; pero, sin embargo, resulta evidente en el caso de la polémica en torno al papel desarrollado por las policías tras los atentados en Cataluña. Explicar la des/coordinación entre los aparatos de seguridad es mucho más fácil de lo que parece desde el ámbito de los expertos, aunque es mucho más difícil de transmitir al ciudadano medio. Hay tantas variables que se cruzan y entrecruzan que al final, cuando se analizan en su conjunto, observamos cómo queda difuminado el objetivo último de la Administración pública, como es el de servir a la ciudadanía.

La cooperación policial tiene por finalidad elevar la eficacia de la acción de las fuerzas de seguridad, pero sólo funciona si todos los factores están en línea, en primer lugar, la colaboración entre distintas policías y que, en España, al menos entre las estatales y las autonómicas, suele ser mejor de lo que parece al ciudadano, tanto a nivel técnico cómo operativo. En segundo lugar, el entendimiento político que en este caso es tan malo como realmente parece en el caso catalán y donde se producen los cortocircuitos importantes. Por último, la cooperación internacional, muy dependiente de la voluntad política de los decisores estatales, como no podría ser de otra manera, si bien eso no excluye que se establezcan relaciones informales entre jefes policiales de distintos países. Obviamente, en este escenario el reto es la variable política, que puede facilitar o entorpecer cualquier política pública. Debemos recordar que casi todo es negociable para los políticos con la finalidad de situarse en una mejor posición de influencia. Los jefes últimos en la cadena de mando policial son políticos y las decisiones estratégicas dependen de ellos. Que cada uno saque sus conclusiones.

Esta situación es difícil de entender para la ciudadanía, sobrecargada de miedos socioeconómicos al futuro y a la que es preciso añadir el terrorismo. En esta confusión de temores, se está produciendo un debate fundamental, centrado en cómo incrementar las medidas legales, técnicas y tecnológicas de seguridad, acercándonos imperceptiblemente a un punto en el que va a resultar muy difícil incrementar la seguridad efectiva, sin afectar a nuestros derechos ciudadanos, lo que sin duda sería la principal victoria de los terroristas.

La pregunta que debemos responder es la siguiente:¿cuál es el margen del que todavía disponemos para imponer posibles restricciones a nuestros derechos, sin cambiar la naturaleza de nuestra sociedad abierta, plural y tolerante? Me temo que muy escasa. Por lo tanto, sin pretender resultar particularmente fatalista, deberíamos asumir que la labor más importante de resistencia frente al terrorismo depende de la conciencia y la resistencia activa de unos ciudadanos dispuestos a militar por los valores con los que se identifica esta sociedad. Todo ello sin olvidar la necesidad de facilitar la integración a los colectivos más vulnerables como son aquellas comunidades musulmanas que realmente deseen formar parte de este proyecto común. Estos colectivos no están aquí sólo para quedarse, sino que ya son parte de nuestra sociedad, y sin su activo compromiso no se podrá avanzar en la correcta dirección.

El camino no está trazado, pero la necesidad de hacer frente al terrorismo podría ser una magnífica oportunidad para que las administraciones públicas -y particularmente en su dimensión policial-, los decisores políticos y los ciudadanos logren acercarse y regenerar un clima necesario de confianza para hacer frente a tantos y tan graves problemas que asoman en el horizonte.

Varias personas, con las manos en la

cabeza, son controladas por los agentes

poco después del atentado de las

Ramblas.