Si ya es grave que en sólo 100 días un presidente se vea obligado a pedir la dimisión a dos de sus ministros por distintas irregularidades -quizá delitos-, más lo es todavía que el Gobierno trampee para conseguir sacar adelante los Presupuestos. Y que la ministra de Justicia haya mentido respecto a su relación con un ex comisario de conducta ignominiosa.

Sin embargo, no es eso lo más inquietante, que lo es, sino que durante el fin de semana varios miembros del Gobierno se hayan manifestado en unos términos que demuestran que no creen en la separación de poderes con consideraciones sobre los políticos catalanes en prisión preventiva que de ninguna manera puede hacer quienes forman parte del Ejecutivo.

Las declaraciones de Calvo, Borrell, Ábalos y la delegada del Gobierno, Cunillera, no han sido descalificadas por Pedro Sánchez, como haría un presidente del Gobierno que se precie de respetar la legalidad, sino que ha echado balones fuera cuando le preguntaron los periodistas. Incluso se atrevió a poner como ejemplo el referéndum de Quebec, que tanto gusta mencionar, junto al escocés, a los independentistas catalanes. Luego dijo eso de que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas con respeto a la legalidad, pero ni se le pasó por la cabeza enmendar la plana a unos ministros que han demostrado su escaso respeto a la legalidad.

Sánchez logró la presidencia a través de una moción de censura. Legal, hay que insistir en ello. Sin embargo, para seguir siendo presidente no duda en rozar la ilegalidad cuando busca una fórmula para anular el veto del Senado al techo de gasto o para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes.

En los despachos de Sánchez y sus ministros alguien debería colgar un cartel con letras muy grandes que recordaran la independencia entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es la esencia de la democracia.