Nuevamente el debate sobre las pensiones

Como se ha anunciado repetidamente durante los 300 días que hemos estado con un Gobierno interino, una de las primeras cuestiones que se iban a debatir con el nuevo Ejecutivo era la de las pensiones.

La ministra de Empleo y Seguridad Social compareció ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para informar sobre los últimos datos del sistema de pensiones en España. Ha sido una forma de anunciar la necesidad de convocar cuanto antes a los miembros firmantes del pacto, con el objetivo de abordar su reforma.

Conocemos muy bien la naturaleza de los problemas que afectan al sistema de pensiones y las líneas fundamentales de reforma, aunque en este punto no existe unanimidad.

El inexorable aumento del número de pensionistas y el crecimiento medio de la pensión de jubilación provocan que el gasto en pensiones esté aumentando a un ritmo anual superior al 3%. Los ingresos de la Seguridad Social, sin embargo, sólo crecen a un ritmo del 1,7%. Esta evolución divergente está agotando el fondo de reserva acumulado. En diciembre de 2017, el sistema no podrá pagar todas las pensiones.

No es posible arreglar este problema de manera sostenible para los próximos 25 años incurriendo en medidas populistas que no tengan algún coste electoral. Todos los partidos deberían estar alineados.

Por el lado de los gastos, la sostenibilidad del sistema pasa por acelerar la prolongación de la edad de retiro. Como Alemania y Suecia están planteando, en un horizonte a medio plazo, la edad de retiro debería acercarse a los 70 años.

Respecto del crecimiento del gasto total en pensiones y de la capacidad adquisitiva de las mismas, el crecimiento económico, la creación de empleo y los ingresos para el sistema derivados van a imponer restricciones que no deberían dramatizarse, especialmente cuando lo comparamos con otros colectivos. Las pensiones han perdido el 0,8% de capacidad adquisitiva desde el año 2009. Esto puede parecer injusto, pero se nos olvidan las devastadoras consecuencias de la crisis, con 5,5 millones de desempleados en el año 2013, que han subsistido precariamente. Incluso aquellos que han tenido la suerte de trabajar han sufrido una pérdida de poder adquisitivo (reducciones salariales más la tasa de inflación) del 9,2% a nivel español y de casi el 14% en Andalucía. Ajustes muy superiores a los sufridas por las pensiones.

Por el lado de los ingresos, defender la financiación directa de las pensiones de viudedad -que habría que revisar- por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), es como quitar recursos públicos para un fin y destinarlo a otro, pero no arregla el problema global de falta de recursos públicos. Introducir un impuesto específico conlleva el riesgo de rechazo de los contribuyentes. Y no estamos seguros de que suprimiendo las actuales bonificaciones contributivas a la Seguridad Social se creara el mismo volumen de empleo e ingresos adicionales.

Si se adoptan sólo este tipo de medidas por el lado de los ingresos, se ofrecerá una solución transitoria, pero no se resolverá el problema de las pensiones en particular y, en general, de la relativa escasez de recursos públicos en nuestro país.