Análisis

Rafael Salgueiro

Universidad de Sevilla

Nuevos fondos europeos: concentrar y no dispersar las actuaciones

La transformación digital sí tendrá un impacto en la mejora de la productividad de la economía española que será menor en la verde

Dentro de la catástrofe económica que estamos viviendo, y que se prolonga más de lo que pensábamos hace meses, la acción decidida de la Comisión Europea (incluyendo la dotación de fondos excepcionales) y del Banco Central Europeo (comprando deuda soberana en el mercado secundario) están siendo de una utilidad extraordinaria. Prefiero no imaginar qué nos habría sucedido fuera de la Unión Europea o fuera del euro. No creo que los mercados atendiesen como lo hacen a la financiación de la economía española, y nuestra independencia monetaria se estaría traduciendo en una devaluación tras otra, tal como sucedió hace ya años en los primeros mandatos socialistas previos al euro. Afortunadamente, el socio de Gobierno con asiento en el consejo de ministros parece haber aprendido la lección de Grecia y no se le escuchan objeciones, aunque sí podrían producirse en función de las condicionalidades de los fondos a recibir.

Como sabe el lector, se han ofrecido a España hasta 140.000 millones de euros, de los cuales casi la mitad son a fondo perdido y los restantes serían un préstamo a largo plazo, con varios años de carencia y con un bajo tipo de interés. El Gobierno ha declinado, creo que con razón, utilizar por el momento esa facilidad de préstamo ya que todavía seguimos obteniendo financiación en el mercado, sin más condiciones que la de pagar los intereses y amortizar cuando corresponda. Confían en nosotros gracias, entre otras razones, a la inclusión de la atención al servicio de la deuda como obligación constitucional. En el presupuesto prorrogado de este año, casi 113.000 millones de euros se destinan al servicio de la deuda, sólo un 20% menos que el presupuesto del sistema de la Seguridad Social). Pero, afortunadamente, por ahora sólo pagamos “de verdad” los intereses: 29.300 millones de euros, ya que el repago en los vencimientos se realiza emitiendo nueva deuda. Mientras esto funcione, no hay mucho problema, aunque el impacto de los intereses, por bajo que sea el tipo de las nuevas emisiones, seguirá creciendo a medida que vayamos emitiendo nueva deuda.

Como también sabe el lector, el plan a desplegar tiene una denominación bastante rotunda: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (www.lamoncloa.gob.es). Incluye una palabra que era poco utilizada habitualmente: resiliencia, que tiene un significado algo diferente según se trate de un material o un sistema o bien de un ser vivo. En el primer caso es el retorno a la situación anterior a una perturbación, en el segundo es la capacidad de adaptación ante una situación adversa, según el diccionario de la Real Academia. Parece cada vez más claro que no hay retorno a la situación anterior, con lo cual tendremos que pensar en términos de adaptación. Y ésta tiene dos dimensiones: atender a los nuevos desempleados (y a los anteriores) y a los empleados regulados, y evitar que crisis de liquidez empresarial se transformen en crisis de solvencia. Respecto a lo primero, hay que aplaudir las decisiones adoptadas sobre los ERTE, aunque su horizonte temporal se vaya dilatando. Precisamente, se ha anunciado un fondo, SURE, con esta finalidad y que podría alcanzar 100.000 millones de euros para los países de la UE y del que España podría ser uno de los primeros receptores. En cuanto a la liquidez de las empresas, el problema es distinto: los avales del ICO, y los asimilables de las CCAA, tenían mucho sentido si se hubiese producido un retorno rápido a la normalidad, pero esto no está sucediendo y es de esperar un buen número de fallidos. Esto puede llevar a pensar en instrumentos más complejos, como ayudas para el saneamiento del balance no limitadas a empresas de gran dimensión. Pero esto no se puede generalizar y la capacidad de escrutinio y de discriminación de los beneficiarios es muy difícil.

El cuanto a la transformación, las dimensiones son: España verde, digital, sin brechas de género y cohesionada e inclusiva. En las dos primeras, seguimos las orientaciones de la UE y nos sumamos activamente a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Pero no nos engañemos, la transformación digital si tendrá un impacto en la mejora de la productividad de la economía española, una de nuestras deficiencias, pero la transformación verde tiene un impacto bastante menor en la productividad, incluso a medio plazo. Las otras dos dimensiones están bien para un discurso o para contentar a los socios, y serían muy meritorias en un programa político-económico en circunstancias normales, pero son completamente extemporáneas, en mi opinión, en la actual circunstancia. Más o menos, es como si el capitán de un barco en peligro de zozobra se preocupase por la comodidad de los pasajeros en sus camarotes.

El despliegue en áreas de acción y sus dotaciones económicas parece un deseo de abarcarlo todo, evitar la crítica por dejar algo sin mencionar y contentar a todos. Políticas tractoras, se les denomina, a las diez que se dotan. Merece la pena detenerse en algunas, no por orden: 1) Agenda urbana y rural, y lucha contra la despoblación: 16%. Ni vamos a solucionar ahora una despoblación –supuesto que esto sea un problema y que sea resoluble– que ya viene de los años setenta, ni la mejora de la habitabilidad de los entornos urbanos viene a cuento en esta crisis. 2) Infraestructuras resilientes (sic): 12%, traducido en conservación de ecosistemas y preservación de infraestructuras urbanas y energéticas. Cabe preguntarse si esto no lo estábamos haciendo ya, y si no estamos ya bien atendidos de infraestructuras lejanas a su saturación. 3) Transición energética justa e inclusiva: 9%. Supongo que aquí se incluirán las compensaciones al empleo relacionado con el carbón que desaparece y quizá un bono social energético. Pero espero que no se incluyan actuaciones que el mercado es capaz de financiar, como la inversión en generación renovable, y sí tecnologías en progreso, como las redes inteligentes o el almacenamiento de electricidad y las relacionadas con el hidrógeno, que están avanzando a una velocidad sorprendente. 4) Modernización y digitalización de las empresas: 17%, llamada a tener un provecho indudable. 5) Ciencia, innovación y refuerzo del Sistema de Salud: 17%, lo que requerirá tener muy buen criterio para seleccionar los proyectos. Educación, formación y desarrollo de capacidades: 18%, lo que siempre es bienvenido, pero no puede producir resultados de forma inmediata sino sólo a medio plazo. Las otras dimensiones hacen a la siempre anunciada modernización de la Administración (la de Justicia se menciona explícitamente); la cultura y el deporte; y, claro, el décimo mandamiento: modernización del sistema fiscal, que ya saben lo que significa.

Las comunidades autónomas presentarán proyectos, las empresas también, afortunadamente, y se hará una selección, ya que es el Gobierno el que ha de presentar en qué acciones se van a emplear los fondos. Desde mi punto de vista, carecería de sentido abordar proyectos que el mercado es capaz de financiar o hacer más de lo mismo en infraestructuras, por ejemplo. Temo que no se concentren los esfuerzos en salir de la crisis con una economía –léase empresas- modernizada y con una capacidad competitiva internacional reforzada. Es momento de concentrar la acción en aquello que tenga mejor rendimiento económico, esto no es sólo rentabilidad, en un plazo relativamente corto y cuyos resultados sean verdaderamente tangibles. Espero que algo hayamos aprendido del Plan E (con ~) de hace unos años y que acompañemos este esfuerzo extraordinario con las reformas que nuestra economía sigue necesitando, que no son sólo modernización y “verdificación”. Aunque, como dejó escrito Enrique Fuentes Quintana, “España es un país que deja para mañana las reformas que tendría que haber hecho ayer”.

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