Análisis

Joaquín Aurioles

Pedir prestado: precio o virtud

Hay gastos que conviene financiar con préstamos. Cuando lo hacemos, estamos utilizando rentas futuras para satisfacer necesidades presentes, pero esto, que puede sonar algo irresponsable, es de lo más razonable en muchos casos. Por ejemplo, si una empresa adquiere una maquinaria que utilizará durante un número de años, sería muy lógico que lo financie con un préstamo por ese mismo periodo y cada año impute a los resultados la parte correspondiente de su coste.

Cuando un particular decide hipotecarse para adquirir una vivienda también está comprometiendo rentas futuras, cosa absolutamente normal puesto que es donde vivirá el resto de su vida o buena parte de la misma. Las decisiones de los consumidores están afectadas por lo que se denominan sus preferencias intertemporales, que traducimos como decisiones que permiten intercambiar consumo presente por pasado o futuro. Cuando nos endeudamos manifestamos nuestra preferencia por incrementar el consumo actual a costa de reducir el futuro, mientras que cuando ahorramos hacemos justamente lo contrario. ¿De qué depende? Entre otras cosas, de la coyuntura y de los tipos de interés. La pandemia llevó a la suspensión de contratos temporales de trabajo y a la inactividad de autónomos, mientras que la inflación obliga a tirar de ahorros en muchos casos y a recurrir a préstamos para atender las urgencias, es decir, a comprometer rentas futuras para financiar gastos actuales, pero la subida de tipos de interés provoca justamente el efecto contrario.

En la actualidad, los hogares y las empresas españolas están endeudadas por un importe equivalente al 135% del PIB, más o menos lo mismo que el conjunto de la Eurozona, pero bastante menos que hace una década, cuando en el peor momento de la crisis financiera se llegó a duplicar el PIB. Pese a ello, y según el FMI, pertenecemos al "prestigioso" grupo de países que, junto a la práctica totalidad de los más desarrollados, debemos más de la riqueza que generamos en un año.

Cuando los gobiernos se endeudan para financiar sus inversiones también comprometen las rentas que generarán generaciones futuras. Tendrán que pagar parte de las facturas que generamos, pero también serán los mayores beneficiarios de las carreteras, los hospitales o los colegios que se están construyendo en la actualidad. En el caso de España la deuda pública se situaba en octubre en 1,5 billones de euros (31.443 millones más que en octubre de 2021 -un aumento de 5,3%-), que equivale al 118% del PIB y uno de las más elevados del mundo y de las que más rápidamente crece.

El problema es cuando se pide prestado para financiar el gasto corriente, como el sueldo de los trabajadores (salvo el caso de actividades estacionales) o, todavía peor, para hacer frente a la devolución de deudas contraídas anteriormente. En el caso de los gobiernos, la deuda se renueva si los mercados están dispuestos a aceptarla, el problema es el pago de los intereses, que en España se sitúan en torno a los 30.000 millones de euros anuales, y la predisposición de los mercados a seguir haciéndolo cuando la coyuntura se hace adversa y aumenta la incertidumbre y la desconfianza.

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