El Gobierno saliente se define progresista. Según la RAE, de ideas y actitudes avanzadas, que identifica el progreso con avance, adelanto y perfeccionamiento. En este mismo sentido, el concepto de progreso económico y social se asocia a la idea de cambio hacia una situación mejor, más avanzada y desarrollada.

Cuando la economía crece aumenta el empleo y el nivel de vida de la población y experimentamos sensación de progreso. Esa relación no es, sin embargo, tan concluyente como parece. Si el crecimiento genera desigualdad o la desaparición de recursos naturales, entonces progreso y crecimiento pueden entrar en conflicto, como recientemente hemos podido apreciar en Andalucía, a raíz del agrio debate, contaminado por intereses partidistas, sobre los regadíos de Doñana. Existen costes sociales que los mercados y la contabilidad del crecimiento no terminan de reflejar adecuadamente en los precios y las condiciones de intercambio y que acaban proyectándose de manera inexorable sobre el bienestar de las generaciones futuras.

Corresponde a los poderes públicos, es decir, al Estado, establecer el sistema de alarmas que permita detectar el problema y frenar su desarrollo, pero esta es una tarea compleja por la tensión entre los intereses enfrentados y el coste político de las medidas impopulares. En este sentido, los resultados en materia de progreso social del autoproclamado gobierno progresista liderado por Sánchez no consiguen reconocerse mucho más allá del eslogan. Somos los que más crecemos en estos momentos, como apunta el Gobierno, aunque también los más rezagados, como señala la oposición, pero esta trifulca suena desafinada cuando hablamos de progreso económico y social.

Más relevante es el dato de renta disponible de los hogares que, según la OCDE, disminuyó en España un 3,6% en 2022. La inflación, los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social provocaron una caída más acusada que en ningún otro país europeo y solo superados por Chile y Estados Unidos en el conjunto de la OCDE. Nos suele ocurrir en tiempos difíciles, lo que puede interpretarse como que nuestras fortalezas defensivas no son los suficientemente resistentes, aunque, en sentido contrario, cuando los impulsos externos son positivos, también nuestra respuesta suele ser más acusada.

La etiqueta de gobierno progresista tampoco ha contribuido a mejorar la desigualdad. Comenzó a crecer con la crisis de 2008, con los gobiernos de Zapatero y Rajoy, y se acentuó con la pandemia. Admitamos que las circunstancias han sido difíciles, como insistentemente repite el presidente, pero también lo han sido para nuestros vecinos que consiguen sortear mejor que nosotros las dificultades. El Observatorio Social de La Caixa señala que las principales características de nuestro sistema redistributivo, en comparación con el resto de Europa, son el considerable peso de las pensiones, en contraste con el reducido de las desgravaciones fiscales y las prestaciones familiares. La realidad es que el aumento de la pobreza sugiere un grave problema de vulnerabilidad social, acentuada por el descenso de la renta disponible y la cada vez mayor dificultad de acceso a una vivienda.