LAS defensas se levantan en periodos de tregua y en España se han dejado pasar los años de bonanza para afrontar problemas estructurales que la desaceleración y los vientos de crisis están magnificando hasta dimensiones de apariencia insalvable. El debate electoral ha exprimido al máximo, aunque en tono bastante demagógico, uno de ellos, el de la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero ha ignorado de forma clamorosa otros, como la reforma del modelo de financiación autonómica y el endeudamiento público.

A diferencia de lo que ocurrió en abril, cuando los mentores económicos de algunos partidos (Lacalle, Garicano, …) se dejaban ver de vez en cuando por los platós televisivos, el debate económico actual ha sido pobre, virulento y limitado a tres ámbitos con posiciones muy encontradas: paro, fiscalidad y pensiones. La aparición de la Comisión Europea, en pleno fragor de la batalla electoral, rectificando las previsiones económicas del Gobierno ha sido un tímido revulsivo. En realidad, corrige en cuatro décimas, tanto para este año (1,9%) como para el próximo (1,5%), sus propios pronósticos de antes del verano, aunque también desmiente por excesivamente optimistas los del plan presupuestario enviado a Bruselas a mediados de octubre.

A pesar de todo, el escenario a corto no es tan adverso como en otros países. Francia crecerá 1,3%, Alemania un modesto 0,4% e Italia prácticamente nada, lo que indica que la economía española resiste relativamente bien en un contexto marcadamente depresivo.

Lo reconoce Bruselas, pero aconseja prudencia financiera en la gestión política, porque medidas como la subida de pensiones en un 0,9%, el aumento de sueldo ofrecido a funcionarios (entre 2 y 3,3%) o la rebaja a 52 años del derecho a la prestación por desempleo en parados de larga duración, impedirán alcanzar el objetivo de déficit comprometido por el Gobierno (2%), que finalmente se elevará hasta el 2,3%.

En relación con el mercado de trabajo, la Comisión apunta que se seguirá creando empleo, aunque a un ritmo cada vez menor y que la tasa de paro bajará hasta el 14,1% (no tanto como el 13,8% pretendido por el gobierno). La UE difiere con el gobierno en su diagnóstico, pero coincide con el de otras instituciones, incluido el Banco de España a finales de septiembre, pero todos coinciden en dibujar un oscuro panorama para los futuros responsables de la política económica, que no podrán continuar ignorando problemas como la reforma de la financiación autonómica y la deuda pública.

La renovación del sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009 y manifiestamente deficiente en su funcionamiento, choca con obstáculos políticos que no podrán superarse sin grandes dosis de audacia y en un marco de amplia cooperación entre partidos. La historia está marcada por la aceptación silenciosa de los injustos privilegios de vascos y navarros, por la permanente reivindicación catalana de cambios favorecedores de sus intereses y por el conformismo paciente del resto. Ni Montoro ni Montero han sido capaces de aceptar el desafío. Ambos han preferido la política de parches, como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) o los anticipos de financiación que finalmente el Ministerio de Hacienda consiguió desatascar antes de la campaña electoral, después de su negación insistente durante meses, conscientes de que el revuelo político está garantizado.

Si, como se ha repetido insistentemente, se rechaza la demanda catalana de un pacto fiscal similar al que disfrutan País Vasco y Navarra, es probable que el gobierno de turno compense aceptando, como en otras ocasiones, concesiones contrarias a las aspiraciones de equidad planteadas desde algunas comunidades, como la andaluza. El problema es que, por un lado, los catalanes no estarían solos en esta ocasión en la presión por un modelo con fisuras en términos de equidad, mientras que, por otro lado, también es probable que, dado el nivel de crispación política, comunidades tradicionalmente resignadas, como la andaluza, eleven significativamente el tono reivindicativo.

Con respecto al endeudamiento, hace tiempo que España sobrepasó los límites de lo sostenible, sin que por el momento se advierta voluntad política de corregir la tendencia, que inexcusablemente pasa por la reducción del déficit.

En 2018 el volumen de deuda aumentó en algo más de 40.000 millones de euros, aunque en porcentaje del PIB se produjo una reducción de aproximadamente un punto, hasta el 97,6% (1,2 billones de euros), gracias a que el crecimiento del PIB nominal fue superior al de la deuda. Este porcentaje es 10 puntos mayor que en Francia y 37 puntos que en Alemania, aunque 35 puntos menor que en Italia, donde la situación adquiere tintes alarmantes.

En un contexto de reducidos tipos de interés y de fácil accesibilidad a los mercados, gracias al apoyo del BCE, resulta incluso comprensible la tentación de sustituir la deuda amortizada por otra en mejores condiciones financieras, aunque la prudencia aconseje reparar los tejados antes de que amenace el temporal. Es lo que han hecho las empresas. En otra publicación del Banco de España con datos de la Central de Balances se documenta la recuperación de los beneficios empresariales, gracias a la reducción de los costes financieros y del endeudamiento. Los beneficios cayeron con la crisis, pero comenzaron a recuperarse en 2013 y lo han seguido haciendo hasta 2018, aunque en el primer semestre de 2019 han vuelto a caer ligeramente.

A pesar de ello, los autores entienden que todavía son vulnerables frente a una posible crisis. El número de empresas con un gran volumen de beneficios se ha reducido con respecto a los años previos a la crisis, mientras que aumenta el de empresas con beneficios positivos, pero moderados y esto se interpreta como un debilitamiento de la capacidad de resistencia frente a adversidades.