Una epidemia de revisionismo ignorante y malintencionado emponzoña episodios y nombres célebres de la densa historia de Occidente. Los nuevos e iletrados populismos, negacionistas de cuanto consideran contrario a sus intereses, manipulan las emociones ciudadanas y señalan a supuestos culpables en cualquier tiempo y lugar para que la plebe desahogue su descontento. Nada ni nadie está a salvo porque la intención es perversa y carece de rigor doctoral. En Norteamérica decapitan estatuas de Cristóbal Colón y aquí una caterva de neocomunistas y secesionistas legos han abierto irrisorias diligencias contra el más insigne descubridor, quizás como diversión telonera ante pretendido proceso a la Monarquía que hoy encarna Felipe VI con inequívoca ejemplaridad.

Derribar la Corona es un objetivo indeclinable de los grupos republicanos de izquierdas, empezando por Unidas Podemos; de todos los nacionalismos, incluidos los conservadores vascos y catalanes, y de un sector del socialismo, de manera especial sus organizaciones juveniles. Partidos que, en su conjunto, representan en el Parlamento a poco más de seis millones de votantes de un total de veinticuatro. Una minoría bucéfala frente al bloque constitucionalista e incapaz ante los imperativos legales que supone iniciar el procedimiento hacia la república, pero que, sin embargo, actúa con ínfulas favorecida por las corruptelas económicas que se le imputan al Rey emérito y la merced de tener maniatado al Gobierno. Son pocos, actúan en desbandada, con otra ley electoral algunos carecerían de representación, pero las circunstancias-y la venia de Pedro Sánchez- facilitan que pergeñen el crispado formato de la actualidad.

La Monarquía no está hoy en peligro, aunque sí cuestionada en el sentir ciudadano. ¡Sería un grave error ignorarlo! Y la mayor culpa -que afirmo con justificado pesar- es de Juan Carlos I, el Rey que la encumbró al podio del crédito tras renunciar a los poderes absolutos que heredó del dictador y pilotar la modélica transición a la democracia. Sin él -"sin Torcuato Fernández Miranda de autor y Adolfo Suárez de actor", según expresión del primero- es más que probable que España no habría llegado ilesa al Estado de derecho. Juan Carlos I ha destruido su prestigio con actos punibles que, aún a falta de dictamen judicial, su propio hijo y sucesor ha condenado retirándole la asignación y renunciando a su herencia. Pero los delitos pecuniarios que hubiera cometido solo permiten juzgarlo a título personal y no a la institución que tantos servicios ha prestado siempre dentro del orden constitucional.

El momento es trascendental y cabe recordar que antes de la dictadura casi cada nueve meses prometía cargo un presidente. De ahí que los líderes de la Transición comprendieran que no era necesario ser monárquico, sino pragmático. Santiago Carrillo, Felipe González y otros muchos lo entendieron sin ambages y, como dijera Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura (1950). decidieron "no morir por sus creencias ya que podrían estar equivocados". Felipe VI, víctima de ninguneo por el Gobierno y sus portavoces mediáticos, ha ofrecido en sus seis años de reinado suficientes garantías para que este país no corra -otra vez- el riesgo de equivocarse.