El PSOE ya solo podía dar pasos hacia adelante para aprobar la ley de amnistía. Cada vez tenía menos espacio para avanzar respecto a los contornos de la propuesta de ley, que no admitía más centrifugados in gratias hominis. Pero, al mismo tiempo, cada vez tenía menos margen para retroceder. Lo peor que podría haber hecho era cambiar de estrategia. Políticamente no le iba a servir de nada: los beneficios y perjuicios que vaya a obtener por el riesgo político asumido ya se los ha jugado. La acción legislativa se mueve en su pantalla contra replicando a la acción judicial, que desde el Supremo actúa en otra pantalla tratando de llevarse por delante a Puigdemont por delitos de terrorismo. Es un juego peligroso que disputan el poder judicial y el legislativo, cada uno atornillado a sus legitimidades.

El límite final de esta partida lo establecerá el TC llegado el momento, aunque antes hay varias etapas en las que todo se leerá en el mismo código: votos y amnistía. Las gallegas ya pasaron dejando resaca; llegan las vascas donde el voto progresista puede concentrarse en Bildu (si es que es posible encajar a este partido en las coordenadas ideológicas al uso) lo que dejaría al PSOE en cierta indigencia electoral; y en junio vienen las europeas, que pintan mal para la izquierda. Un resultado malo para los socialistas volverá a ser interpretado por el PP y buena parte de la opinión pública como un nuevo castigo electoral por la ley de amnistía y los acuerdos de investidura.

Junts, teatro y mesianismo

Del texto de la amnistía pactado con Junts y ERC deberían salir como consecuencia lógica política unos presupuestos para 2024. Pero ni siquiera hay garantías: Junts vuelve a apretar y recuerda que la amnistía era la llave de la investidura, no de la legislatura. Si Junts rechazara las cuentas, el PSOE tendría que hacer malabarismos para explicar esa relación política. No es descabellado pensar que ese nuevo apretón forma parte del teatrillo de Junts, una sobreactuación diseñada para diferenciarse de ERC y evidenciar quién tiene el sello indeleble de la pureza y quién, de verdad, sabe ordeñar al Gobierno.

Los PGE son muy importantes, pero ni siquiera tendrán el efecto balsámico que deberían pues volverán a ser interpretados como el resultado de nuevas cesiones e intercambios de socorro mutuo: gobierno a cambio de amnistía. Este es el tono general de la legislatura y no va a variar. De hecho, solo puede ir a peor según se desencadenen los acontecimientos, aunque paradójicamente puede entrar en una fase de relativa estabilidad. Una estable inestabilidad.

Una ley turboimpecable

El desatasco del texto legal ha llegado recurriendo a la directiva europea que define los actos de terrorismo en función de que “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos” remitiéndose a los aspectos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto al derecho a la vida y la prohibición de la tortura, extremos inaplicables en el caso de Puigdemont. El resultante es que fijar como referencia el derecho europeo vadea el Código Penal español en el redactado de la ley pero no evita que un hipotético juicio a Puigdemont se celebre con el Código Penal en la mano. El Tribunal Supremo sí acusa al president fugat de terrorismo mediante una interpretación de la ley española, lo que le hurtaría la protección de la amnistía. El resultado con el nuevo texto es que los delitos de terrorismo según la interpretación de la ley española -que castiga sus manifestaciones más leves- quedarán exonerados por la amnistía, pero no serán amnistiables aquellos que considera la directiva europea que son hechos más graves y se asemejan más a la interpretación más extendida de lo que es terrorismo y lo que no.

Aparentemente, la apelación a la directiva comunitaria blinda a la ley del reproche de los tribunales de justicia de la UE, se ajusta a la jurisprudencia internacional, limita el margen de actuación de la justicia española y garantiza a los amnistiados que la ley les favorecerá. Ha sido un movimiento astuto. Si bien también es verdad que se diluye la referencia al propio Código penal español, más abierto, y por lo tanto más proclive a la arbitrariedad interpretativa de los jueces. Se asegura Junts que los condenados por malversación se beneficien de la ley salvo en los casos de beneficio personal; y la alta traición queda fuera de la medida de gracia en los casos en que las acciones contra la paz o la independencia del estado hayan ido acompañados de una amenaza efectiva y real y el uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial. Resumiendo mucho: la ley tal y como está redactada aparentemente franquea el camino a Puigdemont para que sea candidato en las europeas de junio y regrese a España en verano. Curiosamente el blindaje plus de la ley lo ha provocado el propio PP elevando el debate al entorno europeo.

El ministro Bolaños sostiene que, aunque el Gobierno se ha movido pese a que dijo que no lo haría, ahora la ley es turboimpecable, aunque ya se suponía que el texto no tenía ni tacha ni pecado. Y con esto y un bizcocho, el texto llegó a la Comisión de Justicia del Congreso y se aprobó. Y la legislatura puede seguir adelante con el apoyo de los independentistas y demás aliados a los presupuestos. La legislatura, esa canción de la cuna que se mece hace ya más de cien días.

Parece que hay legislatura

Tras el acuerdo empieza a evidenciarse que al relato catastrófico de la legislatura le corresponde otro correlato más silencioso pero sólido y eficaz. El PP y todo el aparato mediático y social que lo acompaña da la legislatura por acabada a diario. Y, a diario, los aliados parlamentarios del PSOE mantienen su apoyo pese al caso Koldo/Ábalos o a cualquier otra dificultad. Si Sánchez es capaz de sacar adelante la ley de amnistía y aprobar los presupuestos de 2024 habrá dado dos pasos de gigante para consolidar la legislatura, que insinúa ser corta a la vez que oculta su vocación de eterna. Igual que un candidato resulta elegido presidente por la suma de los apoyos parlamentarios, los mismos votos le permiten seguir al margen del chaparrón bravo y permanente que se desata a diario.

Navegar con vías de agua

Que la legislatura dure no implica que sea bueno. De hecho, para media España es lo peor que puede pasar. Ni significa que los réditos que arroje y los acuerdos que hagan posible su hipotética duración sean potables. Tampoco hay garantías de que quienes sostienen al gobierno no vayan a patear de nuevo el Estado de Derecho si se presenta la oportunidad.

Paradójicamente, la durabilidad del gobierno no oculta la zozobra en el oleaje. Pero el barco, aun con vías de agua, navega. Es la democracia, ese pequeño actor al que la oposición le concede escaso prestigio e influencia cuando, apocalípticos, anuncian el fin del mundo cada diez minutos. Con parte de razón dice el PP que Sánchez dura porque cede. Sí, es un principio aplicable a todos los presidentes de los dos partidos que han gobernado alguna vez en coalición: gobernaban porque cedían en algo ante quienes le prestaban los votos. Lo que distingue esta coyuntura es que los aliados están muy alejados del interés general, han golpeado el sistema, han desafiado a la convivencia y que los acuerdos que sostienen los pactos han ido más lejos y resultan más controvertidos de todos los firmados con anterioridad, que incidían básicamente en las inversiones y las competencias autonómicas de las comunidades gobernadas por los nacionalistas. Por eso esa amnistía está muy cuestionada. Y por eso, a la vez, el acuerdo entre el PSOE y Junts es una mala noticia para el PP, porque vuelve darle vueltas a la carraca y aleja la posibilidad de una disolución inmediata de las cámaras, que es la estrategia urgente y única a la que se ha abonado el PP desde que el pacto parlamentario dejó a Feijoo sin escaleras bajo los pies y brocha en mano. Y hay algo que nadie le podrá negar a Sánchez: que desde la Moncloa sigue viendo al PP en la oposición. Y ya se sabe lo que desgasta el poder sobre todo a quien no lo tiene.

La renovación del CGPJ, esa broma

El PP bien podía habernos ahorrado la humillación institucional de llevar a España a negociar un asunto interno y de obligado cumplimiento constitucional–la renovación del CGPJ– ante la tutela de las autoridades europeas para decir ahora lo único que ha estado dispuesto a decir desde el principio: que no va a renovar el órgano de gobierno de los jueces. Nunca ha estado dispuesto a hacerlo. Recurrió a la idea de un “mediador” –el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders– trasladando la idea de un país caótico, sin estado de Derecho y un gobierno desconfiable e ilegitimo para que el comisario le tirara de las orejas al Reino de España y seguramente porque confiaba en que el Gobierno rechazaría esa interlocución. El Ejecutivo aceptó como mal menor, pero ha sido para nada. González Pons ya ha dicho que si hay ley de amnistía no habrá renovación del CGPJ. Como si la obligación del PP de renovar el Consejo fuera una dádiva graciable o una moneda de cambio. Y como si no supieran cuando sentaron a Reynders en la mesa que iba a a haber ley. El propio comisario es quien debería sentirse utilizado por el PP, que va a aguardar a una futura mayoría parlamentaria que le ofrezca mejores cartas en el nuevo CGPJ.

Yolanda, a lo suyo

España es el país de la UE donde más se incrementó la desigualdad económica durante la pandemia y aun seguimos cerrando la brecha; la grieta, como dicen en Latinoamérica. Nuestros salarios son de media más bajos y desiguales que en el resto de la UE. Si se hace la media, el dato no es malo del todo. Si se mira por grupos de renta, la desigualdad es desoladora. España cuenta con el menor parque de viviendas sociales en alquiler de todos los países europeos de la OCDE: solo el 1,1% de todas las viviendas del país. Somos el cuarto país de la UE en porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social, igualados con Letonia. Los jóvenes europeos se marchan del hogar paterno a los 26 años, en España la media alcanza una media de 30 años, aunque las mujeres se van un año antes que los varones. Pues la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y economía social le preocupa el horario de los restaurantes españoles, que le parece poco europeo.

A Yolanda Díaz le parece un dislate que la hostelería cierre a la una de la madrugada. Dice que “no es normal” y que “es una locura”. Se supone que el grupo de 60 expertos que está trabajando en lo que se llama la “racionalización de los horarios” propondrá adelantar el cierre de los establecimientos de hostelería. Será que tras el sonoro fracaso en Galicia no se le ocurre otra cosa para sacar la cabeza. Qué necesidad tiene el Gobierno de meterse en un lío en el que tiene todas las de perder y sin que nadie haya dicho ni mu sobre ese asunto. Racionalizar el trabajo del personal de la hostelería es muy importante, pero se hace con convenios, horas extras, pago de nocturnidades, horarios ajustados y estrictos. Y sobre todo con mucho control por parte de la inspección.

Líos gratuitos

Los negocios de hostelería, pese a las alegres y manipuladas campañas en su contra, soportan duras condiciones, gastos de todo tipo, incremento permanente de productos que no siempre se repercuten, importantes exigencias fiscales, controles municipales permanentes de todas las ramas de su actividad (urbanismo, medioambiente, sanidad, etc) como para empezar a plantearles que pierdan alguna de las horas claves para la facturación. Habrá empresarios desalmados como los hay en otros sectores hoy menos demonizados.

El otro frente tiene que ver con la libertad de los ciudadanos para estar en un restaurante hasta la hora que les parezca oportuno siempre que la ley lo permita, no se moleste a los vecinos y los empresarios quieran ofrecer esa posibilidad. Este es un gobierno que a menudo confunde la política con la comunicación. Pero a veces hace las dos cosas mal, la política y comunicar lo que hace. Y, en concreto, Sumar como antes Unidas Podemos exhiben un dogmatismo que les lleva a decirle a la gente cómo han de vivir.

Existen muchos motivos que explican la diferencia de horarios entre España y el resto de Europa. Entre ellas, la industrialización que cambió todas las rutinas laborales en Europa durante el siglo XX y que en España pasaron de largo debido a la dictadura. Nadie que sepamos ha planteado los horarios de cierre como un problema. Pero ya tenemos a la número tres del Gobierno abriendo otro frente. O a Ernest Urtasun, ministro de Cultura también por Sumar, anunciando por su cuenta una rebaja del IVA a los galeristas en la venta de obras de arte al margen de Hacienda. Como si el Ejecutivo tuviera crédito para meterse en más líos de los que se mete.

Unanumo, 88 años después

Hasta 88 años después de su muerte la Universidad de Salamanca, de la que fue rector y donde edificó su prestigio académico, no ha logrado otorgarle a Miguel de Unamuno el reconocimiento como doctor honoris causa a título póstumo. Ha sido un siglo después de ser condenado al destierro por sus criticas al dictador Miguel Primo de Rivera y por su oposición al fascismo y, por ende, a todos los totalitarismos. Fíjense que ha pasado tiempo y ni aun así:  voces tan gemelas a las de Millán Astray y su “muera la inteligencia, viva la muerte” (frase posiblemente apócrifa pero para qué descartarla, si le encaja bien al atrabiliario personaje), y demás matones siguen proclamando que la universidad salmantina es “una “máquina de censura, coacción, adoctrinamiento y antisemitismo”. Lo ha dicho Santiago Abascal, de Vox, intelectual de referencia aunque de un tonelaje filosófico algo menor que Unamuno. Han tardado, pero finalmente se puede afirmar que vencieron pero no convencieron.

Koldo, billetes de 500 euros y rifles

Lo normal es que el jefe de gabinete del ministro de Transportes tenga en su casa 23 móviles de diferentes marcas, doce discos duros, 24.000 euros en metálico -con algunos billetitos de 500 euros-, una libreta de anotaciones con los pagos que recibía en efectivo, cinco rifles, tres escopetas, una pistola y su monedero en criptomonedas donde recibía algunas transferencias. Es lo habitual: lo que cualquier cargo de ese tipo tiene en la mesilla de noche y en el armario empotrado. Este caso cada vez a va apestar más: ya se desliza directamente por el terreno de lo escabroso. Es de esperar que de inmediato se revisen las normas y protocolo de acceso a cargos semejantes y se establezcan ciertos parámetros de idoneidad.

La huella, la firma, la foto, el mail, los datos…el iris

Más de 400.000 españoles han permitido ya que Wordcoin les escanee el iris a cambio de 60 euros en criptomonedas. Aunque ha sido España el primer país de Europa que ha obligado a la firma a parar durante tres meses, al entender que el iris contiene información muy sensible para la propia persona y abre la puerta a una identificación biométrica permanente e inalterable. Ya han recogido muestras a millones de personas en 36 países. La firma tecnológica no explica para qué quiere utilizar el iris de los ciudadanos, aunque apela a un argumento absolutamente desconfiable: la creación de una renta básica universal o lo que sería igual a una cantidad regular de sus criptomonedas para todo el mundo. En realidad, da igual como lo llamen, lo que buscan es hacer negocio, en este caso con los datos biométricos de la gente. ¿Quién garantiza que no se podría suplantar la identidad de una persona a partir de este escaneo? La imagen del iris se convierte en un código único de cadenas de letras y números, denominado irishash, que sirve como identificación de cada usuario.  Cuando una firma de este tipo dice que pretende crear un “pasaporte de humanidad” para distinguir a las personas de los bots hay que echarse la mano a la cartera. Detrás del proyecto está Sam Altman, el hombre de la IA, un tipo listo y un lince para hacer dinero. Estaría bien recordar cuántos errores hemos cometido cediendo nuestros datos a los grandes actores digitales, como para regalarles también el iris.