La aparición de restos del periodista Jamal Khashoggi en el jardín de la residencia del cónsul saudí en Estambul es una pésima noticia para Pedro Sánchez. Tanto, que a pesar del apoyo del PP y Ciudadanos, no se comprende que mantenga la venta de bombas a Arabia Saudí.

Sánchez había mantenido una postura de prudencia, sabedor también de que cualquier medida sancionadora tendría consecuencias relevantes, desde la anulación de los contratos con Navantia que dejarían sin trabajo a miles de andaluces, hasta cancelar negociaciones muy avanzadas para que empresas construyan importantes infraestructuras... o plantear problemas con el AVE Medina-La Meca, realizado por un consorcio español al que varios miembros de la familia real saudí han intentado boicotear desde el inicio de las obras, que sólo han llegado a buen puerto gracias a la especial relación de amistad de la familia real española con el rey saudí.

El presidente había respondido con cautela a la propuesta de Angela Merkel de que los países de la UE sancionaran a los saudíes, y se escudó en que había que esperar al resultado de las investigaciones de la policía turca. Ya se conoce: Khashoggi fue asesinado de forma "salvaje" y que parte de los saudíes que llegaron a Estambul para ejecutarle formaban parte del círculo del príncipe heredero, Mohamed ben Salman. A nadie se le pasa por la cabeza que un alto funcionario haya podido participar en la trama asesina si no contaba con la autorización previa del hombre fuerte saudí, al que varias fuentes consideran impulsor del asesinato.

Sánchez no tiene más remedio que alinearse con Merkel y con la que probablemente sea la postura que adopte la UE e incluso la ONU. Las consecuencias pueden ser dramáticas para España: Arabia Saudí controlará los precios del petróleo a conveniencia o podrá cancelar inversiones en nuestro país... Pero nos quedará la satisfacción de que no nos doblegamos ante un régimen tiránico que se cree con poder suficiente como para asesinar salvajemente a sus detractores.