En una relación de agencia, una de las partes, el principal, delega en la otra, el agente, la administración de sus intereses dotándole de la capacidad de decisión necesaria para ello. Es la relación característica entre accionistas y administradores de empresas y, por lo tanto, objeto básico de estudio para la economía. También es la relación que se establece entre el ciudadano y sus representantes políticos en los parlamentos. La teoría de agencias establece que el conflicto de objetivos entre ambas partes es inevitable o, al menos, bastante probable y que, si las diferencias se hacen excesivamente grandes, la situación puede llegar a ser insostenible e insatisfactoria para todos.

Existen varias fórmulas para evitarlo, entre ellas el establecimiento de reglas genéricas claras e inteligentes (leyes), la celebración de un contrato ajustado a las circunstancias particulares de las partes y del momento (compromisos electorales, en el caso de la política) y mecanismos de control y auditoria externos sobre la acción del agente.

El postulado básico de la teoría de agencias es que cada uno de los sujetos tiene sus propios intereses y sus decisiones persiguen maximizar su utilidad. Según esta teoría, la comunidad de intereses que debe marcar la relación entre todos los que forman parte de una empresa (o un proyecto político) es una situación bastante extraña en la práctica. Cuando el agente adopta una decisión en conflicto con el interés del principal, estamos ante una situación de riesgo moral que, según los grupos de oposición al Gobierno y sus apoyos de investidura, es la situación en la que se encuentra España en este momento, tras la eliminación del delito de sedición, la reducción de la condena por malversación (corrupción) y otras iniciativas previas, entre las que se destaca el indulto a los condenados por la declaración unilateral de independencia en Cataluña en octubre de 2017.

Se produce una situación de riesgo moral cuando el agente es conocedor de que no tendrá que pagar las consecuencias de sus decisiones y decide en función de su interés particular y de manera diferente a si tuviera que pagarlas. En este caso, el conflicto de objetivos entre principal y agente lleva a adoptar decisiones que benefician al segundo (gerentes, directivos y políticos) y perjudican al primero (accionistas y votantes). Pero, ¿por qué ocurre esto?

Básicamente por un problema de información asimétrica. Accionistas y propietarios no disponen de tanta información como la que reciben directivos y gerentes en su actividad cotidiana. Igualmente, en el caso de grandes empresas, los agentes locales manejan información inobservable desde las sedes centrales, donde tampoco tienen la posibilidad de un seguimiento cercano de sus comportamientos. En estos casos, los agentes adoptan actitudes oportunistas, buscando maximizar su utilidad, aunque no sean óptimas desde la perspectiva de los intereses del principal. En el caso de los representantes políticos, el control de la información y de los medios de comunicación les permite orientar sus decisiones con fines electoralistas o de permanencia en el poder e incluso crear un clima de confrontación ficticio, completamente ajeno al de concordia que puede existir entre los ciudadanos que los votan.

La trascendencia del contrato de agencia reside en que, además de definir las funciones del agente y los límites de la delegación, también establece sus compensaciones que, según como se establezcan, determinarán la magnitud del “problema de agencia”. La casuística es amplia porque el principal objetivo del contrato es regular la relación entre el agente y el principal, más allá de lo que establecen las leyes. De manera genérica cabe decir que cuanto mayor sea la asimetría de información mayores han de ser los “costes de contratación”, es decir, el tamaño de los incentivos que han de aceptar los accionistas para asegurar la fidelidad del agente a sus objetivos o los mecanismos de control y garantía que han de impedir las desviaciones. También de manera genérica cabe decir que, si los incentivos se definen adecuadamente, la compensación en base a resultados tiende a reducir el tamaño del conflicto de intereses entre las partes.El contrato de agencia se dota, por tanto, de mecanismos que estimulan al agente a perseguir los objetivos pactados con el principal y puede contemplar la penalización de las desviaciones, pero en el caso de los representantes políticos ni existe pacto contractual con el votante ni mecanismos sancionadores por incumplimiento. Si la conducta de los representantes políticos está marcada por objetivos ajenos a los de sus representados, puede entenderse la distancia existente entre el marco de convivencia en que se desarrollan las relaciones económicas y sociales y el escenario de confrontación extrema de intereses que caracteriza la relación entre partidos políticos.

El contrato de agencia juega un papel central para reducir las consecuencias de la brecha de información entre las partes, pero difícilmente será suficiente para cerrarla en su totalidad. La contabilidad, la rendición de cuentas y las auditorías independientes son instrumentos imprescindibles para garantizar la defensa de los intereses del principal. También la guía de conducta que establecen las leyes y su enorme potencial para la resolución de conflictos. La ausencia de contrato regulador de la relación entre votantes y representantes políticos refuerza la trascendencia de los mecanismos de control y auditoría independientes. Son las instituciones que en economía tienen una función clara y trascendental: conseguir la mejor asignación posible de los recursos. El requisito imprescindible es que se mantengan independientes, es decir, sin interferencias de los intereses de los partidos, porque normalmente están, según la teoría de agencias, en conflicto con los del ciudadano que les vota.