Uno de los ámbitos donde el discurso del odio tiene una especial trascendencia, no es otro que el religioso. Actitudes como el antisemitismo, la cristianofobia o la islamofobia están hoy tan presentes como lo estuvieron en épocas pasadas.

Tales situaciones afectan tanto al factor religioso como a su lógica influencia en el desarrollo social y cultural de las sociedades modernas.

Los ataques indiscriminados hacia templos y lugares de culto constituyen un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que les son inherentes. Por ello, combatir el odio es apostar por la convivencia, la cohesión social y los derechos humanos.

Estas preocupaciones emergentes no se asientan en el suelo firme de un discurso sólido. Se sitúan en tierras movedizas, abren debates de posiciones que cuestionan principios que hasta este momento se consideraban incuestionables y que afectan a la consideración de los valores, derechos y libertades fundamentales.

A mayor abundamiento, el riesgo de que posicionamientos próximos y continuos al discurso del odio se radicalicen existe y, por ende, también su eventual deriva hacia los elementos propios de las organizaciones terroristas. Así, la sociedad española sabe identificar, con creces porque lo ha padecido, la responsabilidad por un hecho terrorista, sin extender su vinculación hacia sectores poblaciones concretos.

El escenario actual de terrorismo de corte global impone atender a sus causas y delimitar estrategias acordes con sus estructuras y dinámicas de actuación.

Como premisa de partida, la realidad geopolítica española permite afirmar la necesidad de fortalecer el marco estructural, político, social, económico, pero también cultural en que el concepto de seguridad, en sentido amplio, se manifiesta.

Es sabido que la primera barrera de protección frente al terrorismo global radica en la pronta detección y prevención del discurso del odio desde posiciones radicalizadas.

Unas tareas de detección temprana y prevención que también corresponden, en primer término, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, junto a la correlativa dotación de medios adecuados y suficientes, que garanticen la eficacia de su actuación operativa, pero que nunca llegan.

Investigación penal convencional y tecnológica se superponen para garantizar, precisamente, el equilibrio entre los pilares sobre los que se construye la Unión Europea: libertad, seguridad y justicia.

No cabe duda: resulta necesario implementar políticas públicas que ahonden en la consideración de los templos y lugares de culto como elementos e infraestructuras sensibles necesitadas de especial protección, como ya se contempla entre los planes comunitarios, por muy compleja que sea su articulación.

Por último, sobradamente existe una base objetiva suficiente que permita al legislador diseñar el marco jurídico aplicable al hecho terrorista superando la oscura excepcionalidad y las carencias materiales que presenta la investigación y enjuiciamiento de tales hechos delictivos.